El acceso al agua es un derecho humano, no a su privatización: Martí Batres

BOLETÍN DE PRENSA SENADO DE LA REPÚBLICA.

Plantea reformar Ley de Aguas Nacionales para evitar la explotación y comercialización con fines de lucro de este líquido vital.

El senador Martí Batres Guadarrama presentó una iniciativa para prohibir la privatización del servicio de agua, ya que es un derecho humano que debe garantizar y prestar el Estado para evitar la explotación, administración y comercialización con fines de lucro de este líquido vital.

Ante la tribuna del Senado de la República, refirió que conforme al artículo 4 de la Constitución es facultad del Estado, en sus tres niveles de gobierno, el suministro de agua  y este servicio público no debe ser prestado por particulares que buscan lucrar con su explotación, administración y comercialización.

El  presidente de la Mesa Directiva propuso reformar los artículos 1, 4, 9 y 12 de la Ley de Aguas Nacionales, así como derogar el Capítulo II, “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales”, de este ordenamiento.

El proyecto establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir todo tipo de investigaciones independientes para monitorear la calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable”.

Sugiere que el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos y que la gestión del agua será pública y sin fines de lucro.

Además, precisa que “queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta”.

“Tampoco –agrega el documento– se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta”.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 4, 9 Y 12 Y SE DEROGA EL CAPÍTULO CAPÍTULO II “PARTICIPACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA Y SOCIAL EN OBRAS HIDRÁULICAS FEDERALES” DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES POR EL QUE SE PROHIBE LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, A CARGO DEL SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA.

El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el capítulo Capítulo II “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país se cuentan con 731 cuencas hidrológicas, las cuales se encargan de abastecer de agua a todo el territorio nacional. Para el año de 2013, ciento seis de estos acuíferos se encontraban sobreexplotados. Hoy en día, una de las preocupaciones de la población es la falta de suministro de agua potable en diversas zonas del país, por lo que la Federación debe de velar por el cumplir del derecho humano al agua y saneamiento.

En este tenor, la resolución 64/292 aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, es de vital importancia en el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Esta resolución señala que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Asimismo, exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.

Cabe mencionar, que de acuerdo con el artículo 10 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas podrá realizar recomendaciones de asuntos competencia de los miembros de las Naciones Unidas. El Estado mexicano firmó el instrumento internacional en comento el 26 de junio del 1945, entrando en vigor el 7 noviembre del 1945, por lo que dicho instrumento es de observación obligatoria en el territorio nacional.

Asimismo, el artículo 4, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico.

De acuerdo con las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2018, se entiende por agua potable, a aquella para uso o consumo humano que no contiene contaminantes químicos, físicos o agentes infecciosos.

El Estado Mexicano conforme al artículo 4, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el encargado de garantizar que los gobernados tengan acceso al agua de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. Como se puede apreciar, es facultad exclusiva del estado velar por el cumplimiento de este precepto constitucional. Asimismo, se establece la creación de una ley especializada en la materia en donde se asentarán las bases para la participación de la Federación, las entidades y municipios para brindar acceso a los recursos hídricos.

De lo anterior se advierte que es facultad exclusiva del Estado en sus tres niveles de gobierno el suministro de agua potable, ya que, al ser considerado como un derecho humano, este solamente debe de ser prestado por el estado, y no así por particulares que buscan lograr un lucro por la explotación, administración y comercialización del agua potable.

En el año 2015, la mayoría de extracción priista intentó aprobar una Ley General de Aguas que pretendía ampliar los procesos de privatización, que omitía por completo el derecho al saneamiento, que permitía contaminar ríos con químicos siempre y cuando no se rebasara la “capacidad de asimilación” y que limitaba el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos en el agua. Este tipo de normatividad regresiva que atenta contra el derecho humano al agua, debe cortarse de raíz. Por eso se propone dejar claras las bases para una gestión públicadel agua que impida los procesos de privatización.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el capítulo Capítulo II “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
 
ÚNICO. Se reforma los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el capítulo Capítulo II “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Ley de Aguas Nacionales

ARTÍCULO 1. […]

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir todo tipo de investigaciones independientes para monitorear la calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable. El Estado garantizará este derecho.

ARTÍCULO 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de “la Comisión”.
El financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Queda prohibida la celebración de contratos con particulares así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta. Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta. Queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable.

ARTÍCULO 9. […] […] […]

a. […]

b. […] […] […]

I. al VIII. […]

IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico – administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de “la Comisión” en su nivel nacional;

X. Apoyar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;
XI. al XIX. […] XX. Expedir títulos de asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;
XXI. al XXXI. […] XXXII. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de asignación o permiso de descarga, así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente Ley;
XXXIII. al XLVII.  […] XLVIII. Resolver de manera expedita las solicitudes de prórroga de asignación, permisos de descarga y de construcción que le sean presentadas en los plazos establecidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 12.  […] I. al VIII.  […] IX. Expedir los títulos de asignación, permisos de descarga, además de los permisos que establece la fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley;

Capítulo II

Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales

ARTÍCULO 102. [Derogado] ARTÍCULO 103. [Derogado] ARTÍCULO 104. [Derogado] ARTÍCULO 105. [Derogado] ARTÍCULO 106. [Derogado] ARTÍCULO 107. [Derogado] ARTÍCULO 108. [Derogado]

TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a cinco del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

             Comisión Nacional del Agua. Plan Nacional Hídrico. Disponible en: http://files.conagua.gob.mx/transparencia/PNH2014-2018.pdf

     Ídem

             Diario Oficial de la Federación. Disponible en: http://201.116.60.46/DatosAbiertos/Reglas_de_Operacion.pdf

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

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