Urgen en el Senado otorgar certeza jurídica en actos traslativos de propiedad rural

BOLETÍN DE PRENSA SENADO DE LA REPÚBLICA.

Se pretende reformar los artículos 18, 80 y 183 de la Ley Agraria.

La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán presentó al Pleno del Senado una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 18, 80 y 183 de la Ley Agraria, con el fin de otorgar certeza jurídica en actos traslativos de propiedad rural.

La seguridad jurídica en la propiedad social, argumentó, constituye un tema por demás importante en la construcción de un país mejor, para lo cual se deben establecer nuevos mecanismos que permitan otorgar certeza jurídica y documental en los actos traslativos de propiedad rural, como una prioridad para construir a la modernización del campo mexicano.

Se pronunció por generar condiciones jurídicas que resulten más adecuadas para la salvaguarda de esos derechos, donde la labor legislativa resulta fundamental para la vigencia de disposiciones legales que otorguen esa garantía jurídica de manera más amplia.

Si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, las personas con esta perspectiva de derecho gozarán de tres meses a partir del suceso para convenir y ratificar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente quién de ellos, conservará los derechos ejidales, dijo la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena.

La senadora Meza Guzmán planteó en el artículo 18 de la Ley Agraria que en caso de los hijos o alguno de ellos fuese titular de diversos derechos parcelarios, estos podrán ser asignados de manera individual o conjunta entre las personas con derecho a heredar, de conformidad con el convenio correspondiente hecho ante el Tribunal Agrario.

En el artículo 80 propuso que se establezca la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público, o bien, ante el personal competente y calificado del Registro Agrario Nacional.

En el artículo 183 sugirió que si al iniciar la audiencia no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una multa equivalente al monto de uno a diez días de salario mínimo de la zona de que se trate y la autoridad judicial señalará nueva fecha para la celebración de la audiencia, en un plazo no menor a diez, ni mayor de quince días.

De persistir la incomparecencia del actor, la demanda se tendrá por no interpuesta.

El proyecto de decreto se turnó para estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

GACETA DEL SENADO

INICIATIVA de la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


La que suscribe Senadora de la República Lucía Virginia Meza Guzmán integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1, fracción I y 164 todos ellos  del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria, de conformidad con la siguiente:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.

FUNDAMENTO LEGAL:

Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 8 numeral 1, fracción I y 164 todos ellos del Reglamento del Senado de la República.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La seguridad jurídica en la propiedad social constituye un tema por demás importante en la construcción de un país mejor, establecer nuevos mecanismos para otorgar certeza jurídica y documental en los actos traslativos de propiedad rural, debe de ser prioridad para construir a la modernización del campo mexicano. Por ello se propone generar condiciones jurídicas, que resulten más adecuadas para la salvaguarda de estos derechos, para ello la labor legislativa resulta fundamental para la vigencia de disposiciones legales que otorguen esta garantía jurídica de manera más amplia.

ARGUMENTOS:

La seguridad jurídica la podemos traducir, como la protección más efectiva de los derechos inherentes a las personas, la cual opera en contra de cualquiera que pretenda turbar derechos de terceros, así la salvedad de obtener una posible restauración del daño, en caso de haber violado algún derecho.

La certeza documental en el campo, funge como consecuencia fundamental de la seguridad jurídica que el Estado otorga a los individuos, por ello, no debemos dejar de lado, buscar mejores condiciones jurídicas para el sector agrario.

La izquierda revolucionaria de manera histórica, se ha distinguido por la defensa de los ideales sociales, por los beneficios colectivos y por abanderar la lucha común. Parte de esta ideología debe de ser traducida en implementar mecanismos que constituyan beneficios sectoriales.

Desde la expedición de la Ley Agraria en vigor que data desde 1992, el Estado Mexicano logro consolidar aún más, uno de los objetivos primordiales del Revolución Mexicana, que es el REPARTO AGRARIO, con este ordenamiento, se pudo instituir la delimitación y asignación de las Tierras Ejidales y Comunales de manera más ordenada, dotando con ello al sector campesino, la seguridad jurídica de su propiedad social y la certeza documental de la Titularidad de sus Tierras.

La certidumbre en la propiedad rural, ha coadyuvado desde entonces a un incremento en la producción y la rentabilidad del campo. Con la certificación agraria, se logró brindar seguridad jurídica a los núcleos agrarios y a los sus miembros de manera individual.

Sin embargo, la transformación social, nos obliga como Estado, a generar condiciones jurídicas que resulten acordes a la vigencia y actualidad de las propias circunstancias sociales. Es por ello que la función toral de esta Asamblea Legislativa es precisamente crear mejor normas jurídicas que fortalezcan entre otras cosas, la seguridad jurídica en los gobernados, dotándole de instrumentos legales que resulten más garantes de los derechos de la propiedad rural.

Para tal efecto, la propuesta que hoy someto a consideración de esta Soberanía, la motiva la necesidad de ayudar al sector agrario, estableciendo en la Norma de la Materia, diversas garantías a los Ejidatarios, para generar una mejor seguridad jurídica y certidumbre documental en actos traslativos de dominio de sus derechos Ejidales.

La primera de ellas, se funda en que los Titulares de Derechos Ejidales, cuando estos ostenten dos o más parcelas, se encuentren en la posibilidad de testar a quien habrá de sucederle en sus derechos, a dos o más sucesores, toda vez que en la vigencia de la norma, aun cuando un Ejidatario detenta dos o más parcelas, este se encuentra ceñido únicamente a heredar en favor de un sucesor preferente, lo que limita la capacidad de disponer sobre los derechos de la propiedad rural, situación que menoscaba los derechos de disponer sobre sus derechos parcelarios, disposición actual, que constituye una fragrante violación a los derechos fundamentales, al contravenir lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo primero Constitucional, toda vez de manera discriminatoria impide testar en favor a dos o más herederos, como sucede en el régimen sucesorio de los civiles. Asimismo, no quiero dejar de manifestar, que esta propuesta permite que los derechos parcelarios puedan seguir dentro del vínculo familiar, en razón de que en la actualidad el sucesor preferente, es quien adquiere la totalidad de las parcelas y sin limitación alguna puede disponer de ellas, cortando la cadena hereditaria que en su momento el titular de los derechos hubiese testado.

No obstante, lo anterior esta propuesta que hoy se sustenta, no contraviene lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en dicha disposición legal, se prevé sin limitación alguna, que en la ley de la materia se deberá de prever el derecho de los ejidatarios de transmitir sus derechos parcelarios.

Esta misma argumentación sirve de sustento, para respaldar la propuesta relativa a normar la hipótesis, que cuando el finado Ejidatario haya detentado la Titularidad de dos o más parcelas, y no haya dejado disposición testamentaria alguna, las personas con expectativa de heredar estos derechos, puedan convenir ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, quienes de ellos podrán adquirir los derechos parcelarios, sin que la totalidad de las parcelas tenga de manera forzosa que pasar a la Titularidad de un solo sucesor preferente, ambas aportaciones que además de no constituir un limitante en los derechos parcelarios de los Ejidatarios, coadyuvaría a reducir de manera considerable las controversias agrarias, tratando de acreditar quienes de los posibles herederos tiene le mejor derecho a suceder.

En lo que respecta a otra propuesta de la presente iniciativa, la constituye la posibilidad de que aquellos Ejidatarios, que únicamente ostenten la titularidad de una sola parcela, la puedan enajenar o ceder en copropiedad, pudiendo en un momento determinado la posibilidad de constituir un legado en vida para sus familiares o terceros con calidad reconocida en el núcleo de población, sin que este acto traslativo de dominio implique dejar de ostentar el único sustento familiar, que es su parcela y peor aún su calidad reconocida de Ejidatario dentro del núcleo de población.

Otra aportación de este proyecto de reforma, versa respecto de brindar seguridad jurídica, aquellas personas que adquieran un porción de terreno ejidal que no constituya derechos de propiedad privada, parcelarios, de uso común o de solares urbanos, facultando al Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado de la SEDATU, inscriba las cesiones derechos celebradas ante los Representantes Ejidales, respecto de estos terrenos, situación que además de generar certidumbre documental, ocasionaría una reducción importante respecto de los conflictos agrarios relativos a la posesión de terrenos ejidales, así como inhibiría la posible comisión de delitos como el fraude y el abuso de confianza.

Para finalizar, se propone la modificación del artículo 183 de la Ley Agraria, toda vez que en la actualidad establece literalmente lo siguiente:

Artículo 183.- Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una multa equivalente al monto de uno a diez días de salario mínimo de la zona de que se trate. Si no se ha pagado la multa no se emplazará de nuevo para el juicio.

De lo anterior se desprende que al iniciarse la audiencia en el juicio agrario si no estuviese presente el actor y si el demandado, se impondrá al primero de ellos una multa derivada de su incomparecencia, señalando al final que si no se ha pagado la misma no se emplazara de nuevo para el juicio, situación que resulta violatoria al contenido del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicha disposición establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, siendo la multa una situación de carácter administrativo que no puede paralizar el acceso a la justicia agraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales establecido en la carta magna, por lo que se propone la modificación a su texto con la finalidad de establecer que en estos casos independientemente del pago de una multa, se señale nueva fecha para la celebración de la audiencia de Ley, en un plazo no menor a diez ni mayor a quince días, situación que permitiría continuar con la secuela del juicio agrario y con ello garantizar la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, señalando que en caso de persistir su incomparecencia la demanda se tendrá por no interpuesta, no obstante el precepto legal antes invocado, se contrapone a lo establecido en la fracción XIX del artículo 27 de la Norma Suprema que señala, “Que con base en Esta Constitución, el Estado dispondrá de las medidas para expedita y honesta impartición de la justica agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra…”.    

Concluyo mi participación en esta tribuna, reproduciendo la leyenda inspirada en el General Emiliano Zapata, contenida en el escudo de mi Estado, Morelos, “LA TIERRA ES DE QUIENES LA TRABAJAN CON SUS MANOS”, ¡viva Morelos!, cuna de la “Revolución Mexicana”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTÍCULO PRIMERO. – Se reforman el segundo párrafo del artículo 18; el segundo párrafo inciso a) del artículo 80 y 183, todos ellos de la Ley Agraria, para quedar como siguen:

Artículo 18.- 

  1. a la V. …

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, las personas con esta perspectiva de derecho, gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para convenir y ratificar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente quién de ellos, conservará los derechos ejidales. Para el caso de que el de cujus, fuese titular de diversos derechos parcelarios, estos podrán ser asignados de manera individual o conjunta entre las personas con derecho a heredar previstas en este párrafo, de conformidad con el convenio correspondiente hecho ante el Tribunal Agrario.


Artículo 80. …

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público o bien ante el personal competente y calificado del Registro Agrario Nacional;

b) …

c) …

Artículo 183.- Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una multa equivalente al monto de uno a diez días de salario mínimo de la zona de que se trate. En cuyo caso se señalará nueva fecha para la celebración de la audiencia, en un plazo no menor a diez, ni mayor de quince días, de persistir la incomparecencia del actor, la demanda se tendrá por no interpuesta.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 17, recorriéndose en su orden el actual párrafo segundo para ser tercero; se adiciona un último párrafo al artículo 80; y se adiciona una fracción al artículo 152, recorriéndose en su orden la actual fracción VIII, para ser IX, todos ellos de la Ley Agraria, para quedar como siguen:

Artículo 17.- ….

En caso de que el Titular de los Derechos Ejidales ostente dos o más parcelas, este podrá designar a quien deba de sucederle en sus derechos parcelarios de manera individual por cada parcela, debiendo especificar, cual de los sucesores designados ostentará en su momento la calidad Ejidatario y quien de ellos la calidad de avecindado. 

Artículo 80. …

  1. al c) …

Será válida la enajenación de derechos parcelarios cuando el Titular de estos, decida ceder en copropiedad de por lo menos fracciones equivalentes al veinticinco por ciento del total de la superficie de su parcela, cuando dicha cesión sea en favor de su conyugue o concubina, descendientes, ascendientes o cualquier tercero que ostente la calidad de ejidatario o avecindado dentro del núcleo de población, para tal efecto el Registro Agrario Nacional, cancelara el certificado parcelario de origen y expedirá en favor de los copropietarios los certificados parcelarios correspondientes. 

Artículo 152.- 

I. a la VII. …

VIII. Las cesiones de derechos celebradas ante las Representantes del Ejido, que se realicen sobre terrenos ejidales, que no constituyan derechos de propiedad privada, parcelarios, de uso común o solares urbanos, previa satisfacción de los requisitos a los que alude el artículo 80 de esta Ley, para lo cual se expedirá la constancia de inscripción correspondiente; y

IX. …

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA. – Una vez aprobado que sea el presente Decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

SEGUNDA. – El presente Decreto entrará en vigor, el día de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el día 11 de septiembre de 2018.

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