El 28 de noviembre de 2018, Higinio Cantú Flores formalizó la venta de su título de concesión para extraer agua del acuífero El Carmen-Salinas-Victoria, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, dedicado principalmente a la ganadería y a la agricultura; las empresas compradoras se encargaron de cambiar el uso al industrial.
Por tratarse de líquido destinado al aprovechamiento agrícola, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exentó a Cantú Flores de los pagos por derecho de uso y trámites administrativos. Con esa transacción, Cantú Flores cedió 394 mil metros cúbicos de agua al año, unas 110 pipas al día.
Los registros de la Conagua muestran que los títulos quedaron repartidos entre Toto de México SA de CV, Salec BR SA de CV y Oleoalimentos SA de CV, dedicadas, respectivamente, a los accesorios de baño, al plástico y a las grasas comestibles.
A estos compradores se sumaron la distribuidora de automóviles Cleber Te Mueve SA de CV y el Grupo Inmobiliario MG SA de CV, además de las personas físicas José María García Muñoz, Salvador Eduardo Bortini Villareal y Manuel Ramón Saldaña Garza, quienes también obtuvieron su parte de agua.
Aunque los montos de las transacciones entre particulares no son públicos, un funcionario de la Conagua en la Cuenca Río Bravo calcula que Cantú Flores pudo haber obtenido alrededor de 13.7 millones de pesos.
Los industriales extraen más En 2013, cinco años antes de que Cantú Flores transmitiera su título de concesión, el gobierno anterior emitió ocho decretos presidenciales para suspender la perforación de nuevos pozos en 333 acuíferos que recorren 23 estados y “ocupan, aproximadamente, 45 por ciento del territorio nacional”, según un documento publicado en el portal de Conagua.
En un día, el pasado gobierno declaró más prohibiciones —333— para explotar aguas subterráneas que todos los ex mandatarios juntos en los últimos 70 años: sus antecesores declararon vedas en 226 porciones de acuíferos, de acuerdo con una revisión de los decretos aprobados desde 1949.
Una investigación de ETHOS, basada en informes oficiales de la Conagua, revela que los acuíferos vedados en el sexenio anterior perdieron 38 por ciento de su líquido disponible estimado, al pasar de 13.1 mil millones de metros cúbicos en 2013 a 8.1 mil millones en 2018.
El argumento para decretar las vedas era restablecer el equilibrio hidrológico del subsuelo, pero, a decir de expertos, las medidas impuestas surtieron el efecto contrario debido a que los antiguos poseedores de permisos de explotación no están impedidos por ley a traspasar los derechos, como ocurrió en el caso del agricultor de Nuevo León.
Gonzalo Hatch Kuri, coordinador del Grupo de Análisis sobre Aguas Transfronterizas de la UNAM, explica que las vedas propiciaron que “el agua de uso agrícola terminara utilizándose por grandes industriales, lo que incrementa el volumen de extracción. El uso agrícola puede controlarse tecnificando las horas de riego, pero en el uso industrial la extracción es de 24 horas. ¿Y quién monitorea que se cumpla el volumen de lo que ampara el título?”.
El fundador de CartoCrítica Investigación, Mapas y Datos para la Sociedad Civil, Manuel Llano Vázquez Prada, refiere que “cuando no hay agua para repartir porque el acuífero está en veda, los grandes usuarios compran el agua a los campesinos por un tema de marginación, no se la van a ir a comprar al agroindustrial o a la petrolera. Ellos le dicen al campesino: ‘toma este poquito por tu agua y un poquito más’”.
Y ello ocurre sin la debida supervisión de la Conagua. Al arranque de este sexenio, 477 de los 653 acuíferos del país estaban catalogados como vedados o con déficit de agua, lo que equivale a 73 por ciento de estos depósitos, por lo que solo dispone de 176 acuíferos (27%) con agua para repartir.
Los 178 mil metros cúbicos que Cantú Flores no vendió quedaron en manos de José María García —quien fungió como su apoderado legal— aún están registrados para uso agrícola. Y disponibles para su venta.
Con Información: MILENIO.COM
