En 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la pandemia de covid-19 debilitó los sistemas alimentarios (la manera en que producimos, distribuimos y consumimos alimentos) y socavó el progreso para lograr este objetivo.
El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, la agencia de las Naciones Unidas para el desarrollo rural), Gilbert F. Houngbo, aseguraba en una reciente entrevista en The Guardian que “lamentablemente, la pandemia pone de manifiesto que las debilidades de nuestro sistema alimentario amenazan las vidas y los medios de vida de las personas de todo el mundo, en particular las de la población más vulnerable y de la que vive en países afectados por el conflicto, el cambio climático y la desigualdad”.
Según el informe sobre el Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, en América Latina y el Caribe 60 millones de personas padecieron hambre en 2020, 14 millones más que en 2019.
El aumento de la inseguridad alimentaria fue más dramático en la región que en el resto del mundo, afectando al 41% de la población. Los datos revelan una brecha de género significativamente creciente: las mujeres que enfrentan inseguridad alimentaria son casi 20 millones más que los hombres. Asimismo, el incremento de la desnutrición, que afectó a 9.1% de la población en 2020, tira por tierra los grandes progresos que se habían logrado en la década 2005-2015, durante la que el porcentaje de población desnutrida en América Latina descendió de 9.3% a 5.8 por ciento.
La combinación del aumento de los costos de la canasta básica de comida y la caída de los ingresos amenaza la seguridad alimentaria de la población latinoamericana. Entre enero y diciembre de 2020 los precios de los alimentos en la región subieron 16 por ciento. La malnutrición y pobreza se concentran en las áreas rurales de la región que registró el nivel más alto de desigualdad de ingresos en 2019, y afecta sobre todo a los pequeños agricultores y las comunidades indígenas y afrodescendientes.
¿Qué hacer?
El grave incremento de la inseguridad alimentaria y la desnutrición y su concentración en las áreas rurales latinoamericanas exige focalizar nuevas políticas e inversiones en estos territorios. Los sistemas agroalimentarios necesitan asegurar la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones rurales más vulnerables a través del fomento del desarrollo rural sostenible.
Se necesitan promover acciones concretas y coordinadas por parte de la comunidad internacional que impacten sobre las diferentes dimensiones de los sistemas alimentarios. Éste ha sido el principal objetivo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios recién celebrada en Nueva York.
Debemos ver este momento de la historia, marcado por el impacto de la pandemia, como una oportunidad para reconstruir nuestras sociedades y, en el caso concreto de los sistemas alimentarios, implementar un cambio real que reconozca el papel crucial de los pequeños agricultores en el suministro de alimentos, no sólo durante la pandemia, sino a lo largo y ancho de la historia.
Desde el primer momento del impacto de covid-19, el FIDA ha colaborado con las autoridades de América Latina y el Caribe para ayudar las comunidades rurales a hacer frente a este periodo extremadamente difícil. Todas nuestras acciones se han basado en el enfoque de las “3R”: Recuperación–Reactivación–Resiliencia. Para cumplir con esta última “R”, hemos promovido soluciones basadas en la naturaleza porque, en tiempos de crisis, hay que volver a lo básico y ¿qué hay más básico que la naturaleza?
Antes y durante la cumbre y en los trabajos de implementación de sus acuerdos, el FIDA ha defendido y defiende que los cambios en los sistemas alimentarios deben:
1. Situar a la población rural en el centro del proceso. Esto requiere financiamiento y voluntad política para facilitarles acceso a insumos, mercados, servicios financieros, tecnología e información, de tal manera que puedan mostrar resiliencia a las crisis climáticas, económicas y sanitarias.
2. Escuchar a la gente. Si queremos reformar los sistemas alimentarios, debemos escuchar a las personas que trabajan en ellos, especialmente a los pequeños agricultores. Para ello hemos puesto en marcha iniciativas como Las Voces del Campo, que hace llegar los problemas y peticiones de los agricultores familiares a la comunidad internacional.
3. Construir sistemas alimentarios más justos y equitativos. Estos sistemas dependen del trabajo de las personas y quienes trabajan en ellos deben poder ganarse la vida de forma digna. Existe un enorme potencial de generación de ingresos en el procesamiento, transporte y comercialización de alimentos. Estos procesos deberían tener lugar en las zonas rurales, de tal manera que se creen empleo y oportunidades de negocio para millones de jóvenes que de otra manera se verían obligados a migrar.
4. Involucrar a los bancos públicos de desarrollo en la transformación de los sistemas alimentarios. Se estima que dicha transformación requerirá entre 300 y 350 mil millones de dólares al año durante la próxima década. A cambio, podría generar beneficios de 5.7 billones de dólares al año.
Está en juego el bienestar —no sólo de los pequeños productores rurales, sino de todas las personas del planeta.
* Directora de Investigación y Evaluación
de Impacto, FIDA
** Directora para América Latina y el Caribe, FIDA
Fuente: SARA SAVASTANO Y ROSSANA POLASTRI. EXCÉLSIOR
