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Contra la privatización de las semillas

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Está en discusión en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) presentada por el diputado Eraclio Rodríguez, de Morena. Parece un texto dictado por las trasnacionales semilleras, designado, punto por punto, a favorecer sus intereses de lucro, contra la soberanía alimentaria de México. Es una iniciativa con la que pierden todos los agricultores y que además intenta criminalizar las semillas campesinas. Ignora intencionalmente que todas las variedades agrícolas están basadas en las semillas que desarrollaron los campesinos y que, por tanto, cualquier forma de propiedad intelectual sobre ellas es un robo a los bienes comunes, base de la alimentación de la humanidad.

La Red en Defensa del Maíz publicó un posicionamiento que explica por qué esta propuesta debe ser rechazada. El fondo y principal objetivo de esta iniciativa es asegurar la propiedad intelectual de las trasnacionales semilleras ampliando el control oligopólico del mercado por parte de BayerMonsanto, Syngenta, Corteva y las demás grandes empresas semilleras y de transgénicos que dominan casi la totalidad del mercado de semillas comerciales en México. Siendo su objeto proteger y defender los derechos de las empresas trasnacionales semilleras, fomenta la privatización de lo que ha sido un legado colectivo de los pueblos, en especial de las comunidades campesinas y los pueblos originarios (tinyurl.com/wbewhyb).

Actualmente, seis empresas trasnacionales controlan 80 por ciento del mercado de semillas comerciales y agrotóxicos. Las cuatro mayores se repiten en ambos rubros: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (fusión de DuPont y Dow) y BASF. Juntas controlan 70 por ciento de todas las semillas comerciales a escala global y 65.8 por ciento de agrotóxicos. Además, 100 por ciento de semillas transgénicas a escala global. En México, el nivel de oligopolio de estas empresas es aún más alto. (Grupo ETC, 2019, https://tinyurl.com/whw66ur)

En la exposición de motivos de la reforma se afirma que es para promover la productividad del campo. Su lógica es que al garantizar los derechos de propiedad de las empresas sobre las semillas, se podría acceder a las innovaciones. En este caso acceder es un eufemismo de pagar caro por las variedades que las empresas dispongan poner en el mercado y que no se podrán reproducir ni intercambiar. La propuesta prevé que esta ley cubra también a las semillas transgénicas y producto de nuevas biotecnologías.

La iniciativa implica que México adapte su legislación para adherirse a la versión 1991 de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), institución internacional que regula los derechos de obtentor, forma de propiedad intelectual sobre semillas. México es miembro de una versión anterior de la UPOV, pero la versión 91 otorga nuevos privilegios a las empresas, colocando condiciones más restrictivas a agricultores e investigadores para el intercambio y uso de variedades que estén bajo títulos de obtentor.

Las trasnacionales lograron que las normas de UPOV 91 fueran condición en tratados de libre comercio. El gobierno de México, con su habitual entrega de soberanía en estos acuerdos, firmó varios que incluyen esta cláusula: con la Unión Europea, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, éstos dan a México un periodo de cuatro años para adaptar su legislación al respecto. La iniciativa oculta esto y quiere sacar una reforma al vapor, sin considerar salvaguardas ni que México estudie cómo puede desafiar esta absurda obligación que compromete la soberanía alimentaria del país y los derechos indígenas y campesinos de los pueblos, explica la Red en Defensa del Maíz. En muchos sentidos esta iniciativa va más allá de lo que exigen la UPOV 91 o los tratados.

Los que promueven la reforma argumentan que la UPOV sólo aplica a variedades desarrolladas en laboratorio, pero esto es una falacia. La definición de cuáles variedades están cubiertas y si éstas son similares a otras que usan los campesinos, o si un acusador infiere que son derivadas de una variedad que puso bajo título de obtentor, favorecen siempre a los privatizadores. Los requerimientos técnicos y los altos costos hacen inviable que un campesino pueda demostrar legalmente que es su propia semilla, aunque lo sea.

Por ejemplo, en 1999 una empresa estadunidense colocó bajo título de obtentor (y patente) los frijoles amarillos mayocoba o azufrados. El tipo de normas que ahora propone Eraclio Rodríguez permitió que esos frijoles campesinos de uso común fueran privatizados. El supuesto obtentor compró los frijoles en México, luego los plantó, seleccionó en su campo y declaró su innovación, por lo cual obtuvo un título de obtentor y una patente. El Grupo ETC promovió una controversia legal contra este caso absurdo, pero llevó 13 años, hasta que los títulos de propiedad intelectual fueron revertidos. Mientras tanto, la empresa bloqueó por más de una década que 22 mil productores mexicanos pudieran usar esta variedad para exportar (tinyurl.com/wyh7qw3).

Con esta reforma se quiere asegurar que esos monopolios apliquen también en México. Tal como exige la Red en Defensa del Maíz, hay que rechazar esta reforma a la LFVV e impugnar la aberración que implica la UPOV.

* Investigadora del grupo ETC.

SILVIA RIBEIRO. LA JORNADA.

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