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¿Cuál es la finalidad del Decreto de Reservas de Agua?

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En fechas recientes, está siendo notable la presencia en los medios de comunicación, de una corriente difundiendo la versión de que se pretende privatizar las aguas en México, con argumentos que no corresponden con la realidad constitucional y legal que hoy impera en nuestro marco jurídico. Es sumamente lamentable el que se politice un tema tan sensible y trascendente como lo es el tema del uso del agua en nuestro país.

Hoy, las aguas en México preservan el estatus constitucional de ser propiedad de la nación, y acorde con la información oficial de que hoy disponemos, no se percibe la menor intención de un cambio en este ordenamiento fundamental.

La actual Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 constitucional, establece con toda claridad que, de conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, se realizará mediante asignación o concesión otorgada por el Gobierno Federal, lo cual no genera derechos reales a los particulares (derechos de propiedad),  solo otorga el derecho para el uso de las aguas, manteniendo el régimen original de propiedad de la nación.

De igual manera, nuestro marco jurídico prevé que las asignaciones o concesiones para el uso de las aguas, invariablemente están sujetas a que exista disponibilidad efectiva del recurso; esto es, el levantamiento de una veda no implica el que se pueda otorgar una concesión o asignación de agua, sino existe el volumen disponible para tal fin, mucho menos que esto implique una intención de privatizar el vital recurso.

Así mismo, el generar reservas para la atención de la creciente demanda de agua para consumo humano o uso ambiental en los próximos 50 años, no implica de ninguna manera la privatización del recurso, atiende más bien a una obligación constitucional y legal de la autoridad. Independiente y adicional a lo anterior, el término de una concesión no será menor de cinco ni mayor de treinta años.

Finalmente, es importante reiterar y precisar que en la agenda de la actual legislatura no ha existido ni existe una iniciativa que pretendiera un cambio en el régimen legal de la propiedad nacional de nuestras aguas.  A su vez, en el contexto de las insistentes versiones de privatización del agua expuestas ante la opinión pública, el Ejecutivo Federal, en fecha reciente y ante múltiples medios de comunicación, se comprometió formalmente ante los usuarios, que en la presente administración no existirían iniciativas de reforma al marco jurídico del agua.

ATENTAMENTE

ING. JORGE LUIS LÓPEZ MARTÍNEZ

VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS HIDRÁULICOS DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO.