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Fortalecer derechos de comunidades indígenas al uso de recursos genéticos forestales

COMUNICACIÓN SOCIAL CÁMARA DE DIPUTADOS.

PALACIO LEGISLATIVO. El diputado Juan Ángel Bautista Bravo (Morena) presentó reformas al artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de fortalecer el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas al uso, propiedad y conocimiento de recursos genéticos forestales o de formas modificadas de las mismas.

La reforma plantea que el registro, certificación y las patentes obtenidas por personas físicas o morales, serán jurídicamente nulos sin el reconocimiento previo, salvo lo acordado en los tratados y convenios internacionales en materia; y, podrá revocarse el permiso correspondiente si se acredita que no se satisficieron los requisitos. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.

GACETA PARLAMENTARIA

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo del Grupo Parlamentario de Morena.

El que suscribe, Juan Ángel Bautista Bravo, diputado a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y adiciona un tercer párrafo, ambos del artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país megadiverso, en su territorio se encuentra entre 60 y 70 por ciento de la diversidad biológica conocida del planeta. La diversidad conjunta de especies de México representa aproximadamente 12 por ciento del total mundial; dicho de otra manera, 12 de cada 100 especies conocidas en el mundo se encuentran en nuestro país y cada una de ellas posee variación en sus diferentes subespecies y poblaciones debida a diferencias genéticas que presentan.

El tener en nuestro territorio tal variedad de ecosistemas, especies y genes, abre una inmensa área de oportunidades, pero también conlleva una gran responsabilidad, en cuanto al cuidado, preservación y protección de esta riqueza natural.

En cuanto a la importancia que han tenido los pueblos y comunidades indígenas para la conservación de la naturaleza, el que hoy todavía podamos contar con ecosistemas en buen estado se debe precisamente a estos pueblos, a decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “…una porción importante de indígenas habita, desde tiempos inmemorables, las regiones biogeográficas más ricas de México. Incluso, gran número de Áreas Naturales Protegidas se ubican en tierras y territorios de pueblos indígenas. … Desde antes de la llegada de los españoles, estos pueblos han sido guardianes de sus recursos naturales; el uso y manejo de los mismos ha sido una construcción cultural de cientos de años, han creado una relación cultural, ideológica, de subsistencia y, a veces, hasta de parentesco con la naturaleza que les rodea. Muchas de estas culturas se consideran parte integrante de la naturaleza.”

Continúa la CNDH diciendo que: “Los indígenas poseen 22.9 por ciento de los ejidos y comunidades del país; son dueños de 28 por ciento de los bosques y la mitad de las selvas que existen en la propiedad social. … Los pueblos indígenas han utilizado técnicas agropecuarias y forestales conservacionistas, gracias a ello hoy día México cuenta con estos recursos naturales, sobre todo los renovables. Es importante conocer sus formas culturales de obtener satisfactores de la naturaleza, pues ofrecen tantas alternativas como culturas hay para su manejo y uso.”1

Para el manejo sustentable del medio ambiente, las comunidades indígenas han construido una amplia gama de saberes, de tal forma que: “Tan solo de las selvas tropicales húmedas, se han documentado alrededor de 1,330 especies de plantas cuya utilidad se debe al conocimiento indígena, de las cuales se obtienen más de 3,000 productos, entre medicinas, alimentos, materiales para construcción, madera, forrajes, fibras, combustibles, etcétera.”2 (Conabio, página web)

El conocimiento que poseen los pueblos indígenas generalmente no es un conocimiento que se encuentre escrito, sino que ha pasado de generación en generación por medio de la tradición oral, como lo comenta Víctor M. Toledo y colaboradores cuando escriben, “Este cuerpo de conocimientos es la expresión de una cierta sabiduría personal y al mismo tiempo, de una creación colectiva, es decir, una síntesis histórica y cultural convertida en realidad en la mente de un productor individual.”3

Pero, no por ser transmitido a través de la tradición oral, deja de ser parte importante de la memoria histórica donde cada sujeto del grupo social detenta una parte del saber total, a la vez que es una lectura de la realidad, íntimamente ligada a la práctica cotidiana en el uso y manejo del ambiente, frecuentemente asociado a una zona determinada, como lo expone Víctor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, este conocimiento que es con respecto a un área geográfica restringida, provee información detallada de todo el escenario representado por los paisajes concretos donde se usan y manejan los recursos naturales.4

En el caso del conocimiento de las comunidades indígenas sobre la flora y fauna de los sitios en que habitan, éste es el resultado de agudas observaciones efectuadas a lo largo de siglos y que se han transmitido de generación en generación, sometiéndolos a una atenta experimentación, verificación, y si bien, por mucho tiempo desde el punto de vista de la ciencia tradicional estos conocimientos fueron considerados como charlatanería o superstición, hoy con el advenimiento de las biotecnologías, son las grandes empresas trasnacionales las que en la práctica están revalorizando el saber tradicional, estudiándolo y recolectando material genético, ya que a partir de estos conocimientos se están creando toda una gama de nuevos fármacos y alimentos, que han reportado billonarias ganancias económicas.

Por ejemplo, por décadas la industria farmacéutica de los países desarrollados ha mandado a investigadores y antropólogos a los bosques y selvas, con la finalidad de obtener información sobre la medicina indígena, colectar las plantas y microorganismos utilizada por ésta para el tratamiento de distintas enfermedades.

Una vez en posesión de plantas y conocimientos tradicionales, se busca el agente activo, que más tarde en el laboratorio se convertirán en moléculas terapéuticas, obteniéndose un fármaco que será protegido con derechos de patente, dejándole enormes ganancias a la empresa, sin reportarle ningún beneficio a las comunidades y países que proporcionaron el conocimiento y los recursos naturales.

De hecho, situaciones como la descrita llegaron a ser tan frecuentes en campos como la agroindustria, la farmacología y otros más que se llegó a acuñar el concepto de biopiratería, y si bien se tienen varias definiciones para este término, generalmente como lo expone Manuel Ruiz Muller, se coincide en señalar que la biopiratería es: “El acceso, uso y/o aprovechamiento ilegal, irregular y/o inequitativo de recursos biológicos y sus derivados y de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas asociados a ellos, en especial mediante el uso de la propiedad intelectual, con la finalidad de causar derechos exclusivos sobre ellos.”5

En el derecho internacional para frenar esta situación injusta se cuenta con el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio de la Diversidad Biológica, el cual contiene disposiciones relativas al acceso a los conocimientos tradicionales indígenas y locales relativos a los recursos genéticos, con el fin de fortalecer la capacidad de esas comunidades para beneficiarse del uso de sus conocimientos, innovaciones y prácticas, dicho convenio internacional entró en vigor el 12 de octubre de 2014.

En cuanto a nuestro derecho interno, entre las leyes que se relacionan a la protección de los derechos indígenas con relación a la biodiversidad se tiene la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de junio del 2018 y vigente a partir del día siguiente a esta publicación. Esta ley a su vez abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, pero, la nueva ley forestal en su artículo 81 es regresiva con respecto a los derechos indígenas.

El artículo 81 de la ley vigente atenta contra el patrimonio cultural inmaterial constituido por los conocimientos que las comunidades indígenas han construido a lo largo de los siglos sobre la utilidad que cada una de las especies puede tener para el ser humano, y si bien, este conocimiento se ha construido y preservado de forma distinta al conocimiento occidental, no por esto es menos valioso y en muchos casos ha demostrado ser la clave a serias dolencias que aquejan a la humanidad, como lo han constatado las farmacéuticas transnacionales.

Además, dicho artículo es laxo en cuanto a los derechos indígenas sobre los recursos biológicos forestales, favoreciendo la biopiratería, ya que dicho artículo elimina contenidos clave del primer párrafo y el tercer párrafo del artículo 102 de la ley abrogada, como se muestra en la siguiente tabla:

Lo anterior es preocupante ya que se trata de una medida que baja el grado de protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual de entrada se contrapone al tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Con respecto al principio de progresividad plasmado en la Constitución, cabe tener en cuenta lo señalado por la Suprema Corte de la Nación, en el Amparo directo en revisión 2425/2015, a decir de la Corte:

“El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. … Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, …Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.”6

De tal forma que, en búsqueda de proteger nuestros recursos biológicos forestales, desincentivar la biopiratería, y proteger los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, proponemos adicionar al artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable los preceptos perdidos que se encontraban en el artículo 102 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable abrogada.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo, ambos del artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Único. Decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona un tercer párrafo, ambos del artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue

Artículo 87. Las colectas y usos con fines comerciales o de investigación de los recursos biológicos forestales deberán reconocer los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales. El registro y certificaciones de los recursos genéticos forestales o de formas modificadas de las mismas, así como las patentes obtenidas por personas físicas o morales, será jurídicamente nulo, sin el reconocimiento previo indicado, salvo lo acordado en los tratados y convenios internacionales relativos a la materia.

Podrá revocarse el permiso correspondiente si se acredita que no se satisficieron los requisitos mencionados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 CNDH. “Megaproyectos y derechos humanos de los pueblos indígenas”, segunda edición México, 2015.

2 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conocimiento tradicional, disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/conotrad.html

3 Toledo, Víctor Manuel, Prado Arangua, Rolando. Alarcón-Cháire, Pablo. (2001). Atlas Etnoecológico de México y Centroamérica, UNAM, México.

4 Toledo, Victo Manuel, Barrera Bassols, Narciso (2008). La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, Icaria editorial, SA., primera edición, España.

5 Ruiz Muller, Manuel. ¿Cómo prevenir y enfrentar la biopiratería? una aproximación desde América Latina y el Caribe,Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2013.

6 2010361. 2a. CXXVII/2015 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, noviembre de 2015, página 1298.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)