OPINIÓN DEL GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS (GCMA).
La fragilidad de las finanzas públicas se ha manifestado en el 2020 debido a la contracción de la economía derivado del confinamiento para contener el avance del COVID 19. A pesar de los esfuerzos realizados en materia de recaudación por parte del Servicios de Administración Tributaria (SAT), no pudieron compensar la caída de la falta de actividad económica y la caída de los ingresos petroleros; para palear la situación, desde el año fiscal 2019 se utilizaron los Fondos de Estabilización Petrolera para inyectar dinero a PEMEX y este año para compensar la caída en los ingresos. El Remanente de Operación de Banco de México, que tiene como destino específico por ley el pago del servicio de la deuda externa, no pudo ser utilizado para compensar la falta de ingresos, y sin recurrir a la colocación de más deuda -diferente a la aprobada por el congreso- el gasto público tuvo que sufrir recortes en sueldos y salarios, y el gasto de operación de las Secretarías, pero aun así, los ingresos no han sido suficientes para garantizar el presupuesto que de viabilidad a los proyectos emblemáticos.
Ante el escenario descrito, el margen de maniobra para darle viabilidad finanzas públicas es poco. El Ejecutivo y el Poder Legislativo retomaron una idea que se planteó durante la administración de Calderón (crisis 2008-2009) y Peña (caída del ingreso en 2013-2014) que fue extinguir los fideicomisos para sacar los recursos que se encuentran depositados y de esta manera tener fuentes alternas de recursos. La bandera para tomar está decisión ahora se centra en la falta de transparencia de los Fideicomisos, pero es en parte la falta de entendimiento de la función que cumplen y de las reglas que regulan a dichos instrumentos jurídicos.
Un fideicomiso público es un instrumento jurídico regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el que existe un fideicomitente que transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria (Art 381). En otras palabras, el Gobierno Federal entrega recursos a una institución para que por cuenta y orden del fideicomitente realice actividades de interés público. Además de la regulación que se realiza por parte de la LGTOC existe regulación por parte de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento (RLFPRH), así como las disposiciones administrativas emitidas por la Subsecretaría de Egresos y la Procuraduría Fiscal de la Federación en materia de administración de recursos y transparencia.
Existen tres diferentes tipos de fideicomisos:
- Entidad No Paraestatal, son los recursos que se depositan en un instrumento jurídico para un fin específico y no cuentan con personal contratado con cargo al fideicomiso.
- Entidades Paraestatales, son aquellos fideicomisos que para cumplir con su fin deben de contar con recursos humanos y materiales.
- Mixtos, son aquellos que cuentan con recursos públicos (no debe ser mayor al 50% del patrimonio) y privados para desarrollar un fin específico.
Los 109 fideicomisos tan mencionados son del tipo 1 y, para su eliminación se debería probar que de manera fehaciente cumplieron con los fines para los cuales fueron constituidos y no existe ningún asunto pendiente. Esto nos llevaría a pensar en el caso del sector agroalimentario que los fines para los cuales fueron creados los diversos fideicomisos se cumplieron; entonces, habría que demostrar que el crédito a las unidades de producción de México es accesible o que el nivel de capitalización de dichos entes económicos se alcanzó.
La lista señala solo un fideicomiso que de manera directa afecta al sector agroalimentario que es el Fondo de la Financiera Rural y de manera indirecta otros fideicomisos que tienen incidencia en el desarrollo agroalimentario y rural del país, pero solo se enumeran los más importantes.
El Fondo de la Financiera Rural es un mecanismo que se constituyó para mantener recursos fiscales que se ejecutarían en diferentes años o bien que garantizarían obligaciones de pago que trascienden a un año fiscal. En otras palabras, los recursos depositados en dicho fideicomiso cumplen con un fin claro que es facilitar el acceso al crédito y generar desarrollo rural. En caso de eliminar dicho fideicomiso pasarán varias cosas las cuales enumeramos:
- El riesgo de los acreditados será mayor por lo tanto, la tasa de interés subirá. Cabe mencionar, que las tasas de interés hace dos años eran un solo dígito y hoy son de doble dígito a pesar que nos encontramos en un escenario de tasas bajas.
- Utilizarán recursos devengados en proyectos en ejecución (subsidios) que sin dicho apoyo no serán viables financieramente y caeran en cartera vencida.
- Eliminar el fondo de garantías mutuales hará que los acreditados que no paguen sus créditos impacten de manera desfavorable las finanzas de la FND y con ello, que se sucite una posible quiebra de la institución, como pasó con BANRURAL o bien, la necesidad de inyectarle nuevo capital por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El caso del fondo de investigación agrícola (CONACYT) será un impacto negativo para el sector, ya que los países con mayor desarrollo son aquellos que más dinero destinan a la investigación y desarrollo. En el caso de México, el presupuesto destinado a dicha tarea se encuentra por debajo del 1% del PIB que recomienda gastar la OCDE. La decisión de eliminar dicho fondo tiene doble impacto, por un lado se estarán dejando inconclusas investigaciones necesarias para elevar el nivel de producción agroalimentario del país, que dicho sea de paso es el único sector que no fue tan afectado durante la pandemia; y en el largo plazo, veremos un rezago en productividad contra otros paises.
En el discurso gubernamental el campo es una de las prioridades, en los hechos, vemos que existen otras prioridades por encima del sector. El desarrollo de las actividades agroalimentarias en el país está vinculado a la liquidez y capitalización de sus unidades productivas, y considerando que solamente el 10% de ellas tiene acceso al financimiento existe la posibilidad de que haya una contracción en uno de los pocos sectores que crece en un escenario adverso. Por otro lado, la decisión de gastar hoy en lugar de invertir en investigación y desarrollo condena a nuestro país a perder competitividad y, con ello tirar por la borda los avances de los últimos 25 años.
