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Propone Morena ley anti latifundio agropecuario, limita propiedades

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-Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, presentó iniciativa de ley para limitar las propiedades agrícolas, ganaderas y forestales, prohibir latifundios y mejorar las condiciones en el campo.

El senador de Morena, propuso erogar la Ley Agraria vigente e impulsar la Ley para el Desarrollo Agrario en su lugar.

Esto con el objetivo de construir marco legal que contribuya a reducir la brecha de desigualdad en el campo mexicana e impulsarlo a crecer.

El campo es parte de las fortalezas de México, las mejoras que tendría con la nueva ley, impactarían positivamente a la seguridad, el desarrollo del campo y la paz.

Sin embargo, actualmente la gran mayoría de los productores del campo no cuentan con apoyos y únicamente explotan las tierras para su sustento diario.

La menor parte de las tierras en México, son utilizadas por asociaciones o empresas que finalmente llevan su productos a los mercados nacional e internacional, participan en la economía y obtienen buenas ganancias.

La iniciativa de ley contempla regulaciones, mejoras y actualizaciones para fortalecer a los pequeños y medianos productores para que las tierras sean más productivas, aprovechadas y que el trabajo en el campo sea repulsivo para el crecimiento de la economía y el desarrollo del país.

Esto quiere decir, que sólo el 6% de las tierras en México son realmente  productivas para el país, la nueva ley busca aprovechar el otro 94% en beneficio de la economía nacional y pequeños productores.

Entre las modificaciones que plantea la nueva ley, destacan los artículos del 137 al 151, que básicamente regula y pone las bases para prohibir los latifundios, que son grandes extensiones agrarias en propiedad de alguna persona, empresa o asociación.

La nueva ley propone los límites de la pequeña propiedad que no deben de ser mayores a:

-100 hectáreas para cultivos especificados.

-150 hectáreas para cultivo de algodón.

-300 hectáreas para cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agrave, nopal o árboles frutales.

Mientras tanto, las áreas forestales no deben de exceder las 800 hectáreas y las tierras ganaderas no deben de tener más de 500 cabezas de ganado.

Los límites de la pequeña propiedad, son aplicables para sólo 1 persona.

Mientras tanto, las empresas o asociaciones no podrán tener tierras agrícolas, ganaderas o forestales mayores a la extensión de 25 veces los límites de la pequeña propiedad.

Los individuos, asociaciones o empresas que excedan los límites establecidos por la nueva ley, tendrán que presentarse en audiencia ante la autoridad correspondiente y tendrán el plazo de 1 año para fraccionar o enajenar las propiedades para regularizar su situación.

Sobre los ejidos, ningún ejidatario podrá ser dueño de los derechos parcelarios de extensión mayor al 5% de las tierras totales ejidales.

Estas limitaciones fueron planteadas para evitar que individuos, asociaciones o empresas exploten las tierras agrícolas en beneficio de pocas personas, y de esta manera dar más condiciones de igualdad entre los pequeños y medianos productores.

Recordemos que el 21-04-2015,  La cámara de diputados aprobó la reforma del articulo 115° de la Ley Agraria, con 389 a favor, dos en contra y dos abstenciones.

De lo cual se señaló lo siguiente:

Señala que los latifundios fueron creados durante el Porfiriato y se caracterizan por explotación agraria de gran extensión que, por lo general, no utiliza la totalidad de sus recursos de manera eficiente.

El dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, permitirá dar certeza de la propiedad en el agro mexicano y armonizará a la Ley Agraria con la Constitución, la cual establece la prohibición del latifundio, que no había sido abordado cuando se expidió el nuevo ordenamiento en el año de 1992.

Durante la fundamentación, la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD) sostuvo que el objetivo de modificar este ordenamiento es fortalecer la prohibición al latifundismo establecido en la fracción XV del artículo 27 de la Constitución.

Indicó que con esta reforma se busca terminar con los latifundios, mismos que fueron prohibidos en la reforma agraria de 1992; sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de 20 años no se ha eliminado del todo esa práctica.

Agregó que con esta modificación a la Ley Agraria se evitarán en cierta medida los numerosos problemas generados por la tenencia de la tierra, además de que permitirá un mejor reparto y una mayor equidad.

Durante los posicionamientos del dictamen, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, de la agrupación de Morena, dijo que su voto sería a favor, ya que la reforma tiene como espíritu que la concentración de la riqueza en unas cuantas manos es un atentado al crecimiento del sector campesino.

Sin embargo, agregó que aún quedan muchas dudas sobre el porvenir, esto después de la reforma energética, donde se regularon o se dio vida a la ocupación temporal de tierras ejidales y de pequeños propietarios, que no favorece ni impulsa la actividad agrícola.

“Estamos ante un gobierno de fracaso que no resuelve la crisis de seguridad alimentaria y que encuentra un paliativo con la apertura indiscriminada de cupos de importación, cuando la gran revolución que se necesita en el campo es la del financiamiento por la vía del crédito justo y accesible”, reiteró la legisladora.

En representación de Nueva Alianza, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, sostuvo que esta reforma subsana la laguna que se encontraba en la ley en materia de latifundio y cuyo significado histórico fue fundamental para la construcción del Estado mexicano postrevolucionario.

Expuso que el campo requiere una reforma profunda e integral, donde se reconozcan los avances de la reforma agraria, se atienda la escasez de créditos, la falta de políticas destinadas al aumento de la productividad, el abandono constante y el envejecimiento del campesinado mexicano.

Por su parte, el diputado Javier Gutiérrez Reyes (PT) mencionó que esta modificación jurídica da certidumbre y evita que se repitan las condiciones que dieron lugar a la lucha revolucionaria.

Reconoció que el campo requiere que una estrategia que impulse la organización de los campesinos en cooperativas, unidades colectivas y demás figuras asociativas para elevar la calidad de la producción, comercialización, abasto e industrialización.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos (Movimiento Ciudadano) dijo que el dictamen garantizará la distribución equitativa de la tierra y fortalecerá la eliminación de latifundios en el territorio nacional, lo cual generará una mejoría en la economía de los ejidatarios.

Destacó que en el país, el 53 por ciento de la superficie total de la tierra son ejidos y comunidades, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

En su turno, el diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) expresó que su voto sería a favor, pues la finalidad es dar mayor seguridad y certeza al régimen de la propiedad agrícola y promover mejores condiciones de vida para los campesinos.

Afirmó que el latifundio representa un obstáculo para el óptimo aprovechamiento de la tierra, y resaltó que para que el campo sea redituable es necesario impulsar políticas destinadas a captar nuevas inversiones, así como fomentar la creación de empleos y elevar su productividad.

El diputado José Humberto Vega Vázquez (PRD) se manifestó a favor del dictamen, ya que con la prohibición de los latifundios se garantizará que grandes extensiones de tierras estén mal aprovechadas y se termine con el despojo violento de las tierras comunales de los pueblos originales y la explotación inhumana de campesinos, comuneros y obreros agrícolas, como los ocurridos en Valle de San Quintín, Baja California.

“Por desgracia, la lucha contra los latifundios y los terratenientes de viejo y de nuevo cuño aún no terminan. Tenemos nuevos procesos de privatización y concentración de la tierra, tan insultantes para los mexicanos, como los latifundios en tiempos de Porfirio Díaz”.

La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (PAN) enfatizó que esta reforma pretende regular la tenencia de las tierras, respetando los derechos políticos de campesinos y organizaciones que legítimamente detenten su uso.

“Lo que busca la reforma es terminar con ambigüedades en la Constitución, e impulsar estrategias que permitan un régimen seguro de la tenencia de la tierra y la integración del sector agropecuario con el resto de la economía nacional”, añadió la legisladora.

En representación del PRI, el diputado Darío Badillo Ramírez se manifestó en pro del dictamen, toda vez que busca perfeccionar las normas jurídicas y es reivindicadora de la historia de nuestro país y de sus próceres, la cual lleva en su espíritu el eco de la máxima que nos motivó hace varias décadas: “Tierra y Libertad”.

Destacó que aunque los latifundios se encuentran prohibidos ya por la Constitución, es menester en la ley secundaria hacer la correlación respectiva tendiente a evitar problemas generados por la tenencia de la tierra a través de normas que propicien una mayor equidad.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) agregó que el objetivo del dictamen es trasladar la prohibición de la existencia de latifundios a la Ley Agraria, lo cual sin duda permitirá prohibir que la tierra sólo la posean unos cuantos.

Dijo que los límites de la propiedad individual de terrenos agrícolas es de hasta 100 hectáreas de riego, 200 de temporal y 300 de producción; por ello, se requiere estipular que quienes poseen 20 mil hectáreas de tierras no deben ser considerados como pequeños propietarios.

Finalmente, el diputado Javier Orihuela García (PRD) se pronunció en contra del dictamen, pues señaló que la prohibición del latifundismo es una situación desfasada de la realidad del agro mexicano, ya que en la actualidad estos son orientados a la explotación del subsuelo; en consecuencia, lo que se debe modificar es la legislación en materia minera.

“No cerremos los ojos a esta realidad nacional, el interés de las grandes compañías y de los grandes consorcios que en 1910 tenían el interés por el azúcar, por el café, hoy ya no lo tienen, a ellos ya no les interesa el latifundio, porque han impuesto un tratado de libre comercio que nos ha dejado en el desabasto alimentario”, afirmó.