Hemos comentado en esta columna que los precios de garantía que Segalmex le pagará a campesinos que le vendan su maíz, arroz, trigo panificable, frijol o leche fresca redundará, si acaso, en un mayor ingreso de los campesinos pobres, pero no en el propósito anunciado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de elevar su productividad en favor de la autosuficiencia nacional en esos productos.
Para que eso ocurriera, hace falta una red de acciones complementarias que el Presupuesto Especial Concurrente (PEC) 2019 sencillamente no contempla.
En el PEC predominan los programas con enfoque asistencialista, que no redundarán en el objetivo declarado de “impulsar la productividad y contribuir al logro de la autosuficiencia alimentaria (en los productos con precio garantizado) a través del apoyo a pequeños y medianos productores”.
Y es que, por ejemplo, en vez de programas para crear accesos permanentes de esos campesinos al crédito y a la comercialización de sus productos, el PEC destina grandes recursos a subsidiar la diferencia entre precios de mercado y los de garantía; a dar 1600 pesos por cada hectárea a productores con menos de cinco hectáreas y 1000 pesos a quienes tengan hasta 20 hectáreas, y a vender fertilizantes baratos y hasta regalarlos.
Sin crédito ni canales permanentes de comercialización, ni otros servicios e infraestructura necesarios, esos subsidios elevarán el ingreso de quienes ofrecen algo de su escasa producción a la venta, dinero que sin duda destinarán a atender urgencias enormes de la pobreza, antes que a mejorar sus prácticas productivas.
No se puede esperar que campesinos pobres con un poco más de dinero, difieran la atención de sus necesidades rezagadas en aras de una incierta mejoría productiva y comercial. La autosuficiencia alimentaria sería, en todo caso, un objetivo dependiente de la atención al mayor problema rural, que es la pobreza.
Hay quienes culpan al ejido de la pobreza campesina cuando es, en realidad, el resultado primordial de que el 17 por ciento de los mexicanos vive de la agricultura, la cual contribuye apenas con 3.4 por ciento del PIB nacional.
Imposible que la contribución agrícola al PIB fuera proporcional a la densidad demográfica, como también lo ha sido la reducción de ésta por falta de oportunidades ocupacionales en la economía urbana.
Además, o precisamente debido al exceso de población rural, el 77 por ciento de las unidades agrícolas del país tienen menos de cinco hectáreas, en las que se pueden introducir pocas mejoras tecnológicas.
Si en realidad se pretendiera impulsar la productividad de los campesinos pobres, además de soluciones a los problemas de crédito y comercialización, los gobiernos federal, estatales y municipales tendrían que encargarse de obras para mejorar, por ejemplo, la disponibilidad de agua, que en el sureste abunda sin beneficio para la agricultura, combatir la erosión de suelos y volver a ofrecer extensionismo público.
GUILLERMPO KNOCHENHAUER. CONTRACORRIENTE. EL FINANCIERO.
