La administración en curso intentó conseguir padrones ya elaborados y que les resultaran confiables, sin éxito
El gobierno obradorista está enfrentando dificultades en un tema central de su programa de gobierno: el dinero gastado en los pobres. El pago de apoyos de la Secretaría de Bienestar, y de Educación ha ocupado la mayor parte del tiempo de exposición pública del Presidente, fuera de las conferencias mañaneras.
Pero en las estadísticas de gasto de enero a mayo de 2019, divulgadas por Hacienda, no todo parece marchar sobre ruedas. Este año, la administración federal ha gastado en la Secretaría de Bienestar 14 mil millones de pesos menos de lo que le aprobó la Cámara de Diputados en el presupuesto modificado y otros 13 mil 758 millones de pesos menos en Educación.
Esta reducción, conocida en el argot de las finanzas públicas como subejercicio, comenzó en enero y ha aumentado en los últimos meses hasta llegar a un 10% del presupuesto modificado para 2019 en Educación y 20% en Bienestar.
A pesar del subejercicio, según datos también de Hacienda, el actual gobierno gastó entre enero y mayo el doble en Desarrollo Social de lo que hizo Enrique Peña Nieto en el mismo periodo de su primer año, aunque menos de lo que se propusieron. ¿Por qué está sucediendo?
Según fuentes del gobierno consultadas para esta columna, han enfrentado varios traspiés. Primero, subdividieron Prospera en varios programas y cada uno necesitaba reglas de operación y padrones de beneficiarios. Esto retrasó los pagos.
La administración intentó conseguir padrones ya elaborados y que les resultaran confiables, sin éxito. Para muchos pagos, ya están usando los nuevos padrones hechos por los 18 mil Servidores de la Nación, pero han recibido protestas de personas que no han sido censadas y no están recibiendo recursos.
A esto se suman señalamientos de falta de transparencia desde otros poderes del gobierno y la sociedad civil. En el primer semestre de 2019 existieron grandes cambios, sujetos a la agenda política, como el anuncio de la eliminación de los subsidios a las estancias infantiles, la creación de la Guardia Nacional, la instalación de albergues para migrantes, entre otros.
¿De dónde el gobierno federal está sacando dinero para todo esto? No es claro ni en las comunicaciones ni en los reportes mensuales de Hacienda.
En la legislación mexicana, es obligación de la Cámara de Diputados seguir el curso del gasto. Sin embargo, ese cuerpo legislativo no ha pedido cuentas públicas de transparencia sobre cómo se está usando el dinero ni ha llamado a los responsables para indagar de dónde financia el gobierno federal proyectos no considerados en la Ley de Egresos.
Al cierre de 2019 será más claro si, más allá del discurso, en la práctica se priorizará más a la población vulnerable, la de los pobres, en una agenda real de bienestar, que apoye el desarrollo en áreas específicas, como salud, alimentación, educación y vivienda.
POR PENILEY RAMÍREZ/
EL HERALDO DE MÉXICO
