A lo largo de la historia independiente de nuestro país, el sector campesino ha logrado integrar una de las luchas sociales con mayor presencia en el orden nacional, la cual ha buscado no sólo el mejoramiento de las condiciones laborales, económicas y sociales de quienes trabajan la tierra, sino también el fortalecimiento de políticas públicas que permitan un desarrollo integral para las mujeres, hombres, niñas y niños del campo.
A la conclusión de la Revolución Mexicana en 1917, se consolidó un importante logro jurídico e institucional con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociéndose derechos fundamentales para el sector campesino y obrero. Esto representó un primer paso para la realización de una serie de reformas en materia agraria, en aras de otorgar mejores condiciones económicas y sociales. Sin embargo, hoy el campo mexicano vuelve a atravesar un conglomerado de desafíos.
Ante el arribo de una nueva administración federal en diciembre de 2018, la cual se caracteriza por su poca sensibilidad en el manejo de la política pública y la inexperiencia, el panorama para el campo mexicano se ha tornado aún más complejo debido a la disminución del presupuesto para dar continuidad a los programas sociales y lo que ha generado retrasos en la entrega de los apoyos a los campesinos. Esto sin duda merma notablemente las posibilidades de desarrollo del agro.
La falta de una programación presupuestal viable por parte de las dependencias federales, se posiciona nocivamente contra el sector agropecuario, con rezagos en recursos y apoyos, dejando incluso latente la posibilidad de llegar a subejercicio, es decir, un gasto realizado en menor cantidad con relación al presupuesto aprobado. Asimismo, las condiciones climatológicas no han sido del todo favorables para el sector agropecuario, pues la falta de precipitaciones pluviales se traduce en una afectación directa que se traduce en pérdidas y menor productividad para la mayoría de los campesinos.
Además ha sido evidente la falta de continuidad en el trabajo realizado en pasadas administraciones, donde las políticas públicas para el sector agroalimentario fueron respaldadas por un superávit agroalimentario histórico en la balanza comercial entre México y los Estados Unidos de América, aspecto que sin duda alguna representó un beneficio para las y los mexicanos.
La otrora SAGARPA apostó de forma prioritaria por robustecer los lazos de amistad de nuestro país con diversas naciones, permitiendo hacer frente en un eje de respeto, entendimiento y colaboración a los desafíos que se presentan en el panorama internacional en el ámbito comercial. Bajo este tenor, será importante retomar el dinamismo con el que se fomentó la diversificación de mercados, para que los productos mexicanos lleguen a más lugares.
Hoy más que nunca se requiere una mejor implementación de la política pública para el sector campesino, apoyando a sector que es medular para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y que es motor de la economía y del desarrollo social.
* Senador de la República
MANUEL AÑORVE BAÑOS. EL SOL DEACAPULCO.
