SORAYA PÉREZ. EL ECONOMISTA.
El campo es uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país, ya que de su buen desempeño depende 25% de nuestra población y la seguridad alimentaria de todos los mexicanos. Por eso preocupa que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, se haya castigado el gasto de las actividades agropecuarias, de silvicultura, pesca y caza en 30% con respecto a lo programado para este año, y casi de 50% a lo asignado en el 2018. De no corregirse esta propuesta, estaríamos poniendo en un riesgo severo nuestra estabilidad macroeconómica.
Uno de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 fue el de recuperar la fortaleza del Estado mexicano como garante de la estabilidad y articulador de los grandes propósitos nacionales, entre ellos el combate a la desigualdad, algo con lo que coincido plenamente. Sin embargo, las medidas adoptadas para el campo van en contra de este objetivo, ya que denostar a nuestro campo es olvidar que seis de cada 10 mexicanos que viven en el medio rural enfrentan condiciones de pobreza. Analicemos algunos de los puntos más alarmantes de esta propuesta:
En primer lugar, y aunque debemos celebrar los nuevos programas sociales, no podemos permitir que desaparezcan los proyectos productivos; como dijo el presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, por cierto, del grupo parlamentario de Morena: “La secretaría no es de asistencia social, ¡es de desarrollo!” Por eso insisto, sin programas de desarrollo no se puede detonar este sector tan relevante para la economía nacional, que en los últimos años nos ha permitido tener una balanza comercial superavitaria.
Destaco, entre los programas de mayor afectación, la desaparición de Agromercados sociales y sustentables; el programa de Investigación, innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola; el de concurrencia con las Entidades Federativas, que permitía potencializar estos recursos; el de Mejoramiento Productivo de suelo y agua; el Programa de Fomento Ganadero; el de Adquisición de leche a Productores Nacionales; el de impulso a la capitalización, y el de acceso al financiamiento, entre muchos otros.
Por supuesto, también me preocupa la carencia de casi 26,000 millones de pesos con los que, en el 2018, contaban nuestros productores, ahora siendo destinados a proyectos que no han podido demostrar su viabilidad y la rentabilidad social para los ciudadanos. Sin embargo, me desconcierta aún más la paralización del sector, pues funcionalmente, al segundo trimestre del 2019, mantienen un subejercicio de 44% de los recursos programados, los pocos proyectos productivos no han emitido convocatorias y los programas sociales sin reglas de operación, autorizados por los diputados, han sido altamente cuestionados, particularmente el de Sembrando Vida.
Finalmente, es alarmante que, ante un panorama internacional amenazado por las consecuencias del cambio climático, no se esté contemplando proteger la producción sustentable y el abasto de productos básicos para la población. Actualmente, México compite en la arena internacional agropecuaria posicionándonos como el 11º productor de alimentos; sin embargo, la falta de atención inteligente podría afectar fuertemente nuestra competitividad y nuestra productividad.
Hoy más que nunca, el campo mexicano enfrenta riesgos que requieren atención y, sobre todo, recursos. La discusión que tendremos los diputados federales, en torno a cuánto se le debe destinar a este sector, no sólo será de suma importancia, sino que definirá la forma en la que se reconstruirá el tejido social de nuestro país. El gobierno federal ha insistido en que “por el bien de todos, primero los pobres”, yo diría, por el bien de todos, ¡primero el campo!
