COMUNICACIÓN SOCIAL CÁMARA DE DIPUTADOS.
PALACIO LEGISLATIVO. La Comisión de Ganadería, presidida por el diputado Eduardo Ron Ramos (MC), acordó elaborar una contrapropuesta presupuestal por los recortes al sector hacia 2020; realizar reuniones de trabajo con las comisiones de Desarrollo y Conservación Rural y la de Recursos Hidráulicos para definir acciones conjuntas, y enviar una carta al Presidente de la República con el objetivo de solicitar un encuentro y dialogar sobre el tema.
Durante una reunión con especialistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), a fin de analizar la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año, los diputados externaron sus inquietudes ante la reducción al Programa Especial Concurrente (PEC), la eliminación de siete planes y subsidios en apoyo a la ganadería.
Ron Ramos destacó la importancia de conocer la perspectiva del CEDRSSA sobre el gasto del próximo año, porque retroalimenta y enriquece las decisiones al dictaminar el PEF 2020 y consideró reprobable la propuesta para el sector.
Precisó que “el Programa de Fomento Ganadero fue eliminado desde este año; pese a que los diputados aprobaron 500 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda lo eliminó. Es irrespetuoso para miles de productores pequeños que gastaron en un proyecto y en la compra de insumos y no les dieron ni los folios de apoyo”.
“Está desastroso el presupuesto que nos envía el Ejecutivo. El Plan Nacional de Desarrollo se aprobó porque teníamos la esperanza de que se atendieran las necesidades presupuestarias, pero hay reducciones”.
No se pueden quedar desamparados los productores, los seguros contra siniestros naturales y contingencias son esenciales para ampliar coberturas y primas realistas ante el impacto de cambio climático, consideró.
Por el PRI, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez propuso un frente común entre las comisiones vinculadas al campo para que el presupuesto 2020 dé un viraje. “Es ridículo que pugnemos no porque designen más recursos, sino que no nos quiten más”.
De Morena, el legislador Iván Ayala Bobadilla pidió reunirse con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, entre todos, se analice de dónde se “pueden jalar recursos” y explorar todas las opciones, porque la prioridad es responder a los ciudadanos.
Denunció la compra de votos y acarreo de gente en diversas regiones. “Estamos regresando a las viejas prácticas clientelares que ofrecimos desterrar”. Demandó tomar acciones y apoyo del Ejecutivo federal.
Su correligionario, Ricardo Delsol Estrada, respaldó la desaparición de programas paternalistas y la reducción de recursos al programa Crédito a la Palabra porque no se manejó eficientemente. Manifestó su preocupación por la designación de sólo 500 millones de pesos hacia la contratación de seguros, cifra fijada sin el consenso de los productores que requieren más apoyos ante las condiciones climáticas adversas, como la sequía en diversos estados.
De Acción Nacional, el diputado Mario Mata Carrasco aseguró que con esta reducción presupuestaria se desmantela al campo, por la falta de recursos y de funcionarios que atiendan los trámites que se requieren. Indicó que el programa Crédito a la Palabra se aplicó mal, los montos para los seguros catastróficos son insuficientes debido a las altas tasas en que se contratan.
De la misma bancada, el legislador Guadalupe Romo Romo aclaró que solicitar más recursos al Presidente de la República no significa estar en su contra, porque los diputados en su conjunto trabajan con el objetivo de superar los problemas. Criticó la reasignación de fondos a otros proyectos y su fusión.
Francisco Javier Guzmán De La Torre, diputado de Morena, pidió analizar profundamente el presupuesto para el agro y dar una respuesta que beneficie a los agricultores.
También de Morena, Roque Luis Rabelo Velasco manifestó su acuerdo en elaborar una contrapropuesta presupuestaria con la definición de montos y programas específicos sustentados plenamente, a fin de redireccionar recursos al sector pecuario.
La diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (Morena) comentó que la población de Tabasco, entidad que representa, pregunta cuándo va a llegar el ganado, porque “la gente nos dio la confianza, pero no han visto avances y en la actualidad se está consumiendo carne que proviene de Guatemala; por eso es importante resolver el tema”.
Del mismo partido, la diputada Carmen Medel Palma consideró que el propósito de los programas gubernamentales en ganadería es bueno, pero su ejecución no. Dijo que a los diputados “no se nos deja accionar en los programas; yo los desconozco porque no nos dejan estar inmersos en ese tema”.
La diputada Carmen Mora García, también de Morena, manifestó que no está de acuerdo con la baja de presupuesto a la ganadería, “porque el objetivo es que produzcan; sin embargo, estamos siendo omisos”. Propuso que la comisión se reúna con el secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique por qué la reducción del presupuesto.
Efraín Rocha Vega, de Morena, estimó que sí ha bajado el presupuesto, “pero se ha afectado a los grandes productores”. Las pequeñas y medianas empresas son las que sostienen al país y es a quien ahora se apoya. “Los recursos se están yendo al tema social, por el cambio de régimen”.
Jesús Guzmán Avilés, del PAN, planteó impulsar una iniciativa para penalizar la compra de ganado ilegal. “Es un tema que se debe tratar en la comisión; ir por toda esa cadena, iniciando con quién compra”. Agregó que se deben promover programas dirigidos a los productores medianos, porque compiten contra la ganadería subsidiada de Estados Unidos y el sur que no paga impuestos, y auspiciado hasta por grupos delincuenciales, denunció.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) dijo que no se puede respaldar a un gremio como la ganadería con programas ocurrentes. Estimó que no se debe reorientar el presupuesto para ver que esta actividad se desarrolla. “Hay problemas en la frontera sur con el contrabando de ganado, en la frontera norte, con Fomento Ganadero, y por la introducción desmedida de leche en polvo”.
Del PRI, el diputado Juan José Canul Pérez advirtió que con recortes en el presupuesto han desaparecido programas reales de apoyo a la ganadería en la secretaría federal del ramo. “Nos están condenando en esta actividad. La disminución de los recursos pega de manera directa a los ganaderos, pero se quitó la capacidad de gestión a los diputados”.
La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) planteó una reunión con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque “estamos frente a los retos del 2030, y hay 17 objetivos que México debe alcanzar”. Añadió que el Ejecutivo necesita escuchar las voces de los congresistas y tratar temas como agroalimentación, ganadería y agua.
Gildardo López Tijerina, encargado de la dirección general del CEDRSSA, planteó los aspectos relevantes que pueden incidir en la discusión de los recursos para el campo, en concreto en el sector pecuario. “La reducción es realmente notable y tiene sus consecuencias. No puede pasarse por alto que no ocurriría ningún efecto”.
Refirió la baja en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), por 20 mil 635.7 millones de pesos, respecto a este año, al pasar de 352 mil 90 millones a 331 mil 455 millones, privilegiando la vertiente social al captar el 33.2 por ciento de los recursos totales canalizados al campo, infraestructura con 20.4 por ciento y salud con 16.5 por ciento.
Los rubros vinculados a la productividad agrícola, como infraestructura y competitividad suman el 30 por ciento del presupuesto, cuando requieren tener especial atención.
Para el próximo año participarán de forma transversal trece secretarías de Estado en el sector, de quince que lo hicieron en el 2019.
Refirió la reducción de 19 mil 181.7 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que repercute en el PEC; las entidades no sectorizadas que concentran la atención a indígenas resiente una baja de 2 mil 437.9 millones; Sedatu, 6 mil 133.7 millones y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mil 434.9 millones de pesos.
López Tijerina señaló que entre las consideraciones generales del PEC 2020 se prioriza la atención a la pobreza, a través de la Secretaría del Bienestar; se mantienen programas de servicios públicos; se reducen los subsidios para bienes privados como equipo, maquinaria, paquetes tecnológicos y transferencias directas.
Se incorpora al PEC el programa Sembrando Vida, mediante la Secretaría del Bienestar, por ser un proyecto medioambiental y de fomento productivo; se debe valorar su coordinación por la Sader y Semarnat, consideró.
Resaltó la necesidad de “valorar la pertinencia de dar suficiente presupuesto a los componentes de Atención a Siniestros Agropecuarios y energías renovables, para tener alternativas limpias a mediano plazo, por su importancia para mitigar los efectos del cambio climático y el agotamiento de los recursos fósiles”.
Los apoyos a la comercialización se mantienen a través del Programa de Precios de Garantía; sin embargo, cambia la población objetivo, sólo podrán acceder los productores medianos y pequeños. Es pertinente considerar esquemas de respaldo a los grandes productores de granos y oleaginosas.
Además, es necesario ampliar la distribución de fertilizantes a precios accesibles, que operó sólo en Guerrero, e impulsar la producción de biofertilizantes amigables con el hábitat.
Fernando León Guadarrama, investigador del CEDRSSA, explicó que en la Sader los subsidios se eliminan casi de manera equiparable a la reducción presupuestal; de 20 programas vigentes este año, para el próximo, siete desaparecen y 13 permanecen, de los cuales seis disminuyen recursos, dos mantienen los fondos y cinco los incrementan. Destaca la desaparición del programa de fomento ganadero.
También del CEDRSSA, el investigador Miguel Ponce González refirió que por duplicidad de propósitos e indicadores, al Programa de Fomento a la Agricultura se le adicionan los de Productividad y Competitividad Agroalimentaria y el de Agromercados Sociales y Sustentables.
Los tres proyectos sumaron este año, 10 mil 892.8 millones de pesos, para 2020 sólo 100 millones de pesos, sin especificar su distribución por componentes.
