COMUNICACIÓN SOCIAL CÁMARA DE DIPUTADOS.
Realizan en la Cámara de Diputados el foro “Índice de desempeño de programas públicos federales”.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC), secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, aseguró que el incremento de recursos en programas sociales no ha disminuido la pobreza, y no debe invertirse en aquellos que no dan resultados.
Durante el foro “Índice de desempeño de programas públicos federales”, la legisladora, quien lo organizó, sostuvo que se requiere una revisión para que los recursos de los programas que no han funcionado sean utilizados en otros temas.
“Los indicadores señalan que la mayoría de programas no aprobaron la evaluación, son opacos y la opacidad puede llevar a la corrupción, por lo que en este presupuesto se le puede dar la vuelta a esto”.
Tagle Martínez dijo que aún hay programas presupuestados para el siguiente ejercicio que reprobaron las evaluaciones o son opacos, por lo que la Cámara de Diputados debe retomar la facultad de darle seguimiento al gasto a lo largo del año.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo señaló que se pueden hacer mil observaciones, “pero si no se hacen en el lugar adecuado es hablar al aire”. Preguntó si existe vinculación entre los programas opacos y aquellos que no sirven. “¿Qué se debe hacer para que en donde están los grupos más vulnerables del país no sigan existiendo estas fugas?”
Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, aseguró que en el PEF 2020 se ven más programas importantes que sólo se rigen por lineamientos frágiles, que no establecen población objetivos, metas a alcanzar ni estrategias de atención. “En el 2020 nos vamos a enfrentar a un empobrecimiento de los sistemas de seguimiento y evaluación del gasto en general, particularmente de la política social”.
Thania Paola de la Garza Navarrete, directora general adjunta de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), comentó que las mujeres indígenas del ámbito rural son las que tienen las brechas más grandes de desigualdad. “Si las comparamos con hombres urbanos no indígenas la diferencia es de 50 puntos porcentuales”.
Por ello, es necesario de orientar más recursos a estos grupos, distribuidos mediante políticas y programas que decida el gobierno.
Antes de discutir la parte programática del PEF, deben señalarse las prioridades a atenderse y los objetivos que quieren lograrse. “El problema de México es más la desigualdad”, sostuvo.
Dijo que la evaluación y generación de evidencia es una apuesta segura para mejorar la política pública a mediano y largo plazos. “Cada día los ejecutores de programas retoman esa información para mejorar”.
Alfredo Elizondo Rosales, coordinador general de GESOC AC, que analiza la calidad del diseño de programas sociales, su capacidad para cumplir con las metas y la cobertura de población beneficiaria, explicó que la calificación promedio de los 117 programas considerados en el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) —sin contar cinco que se encuentran en la clasificación de “Caja negra” y que por su opacidad impiden calcular su desempeño— fue de 64.27, y 44 reprobaron en su calificación final.
Al presentar el INDEP 2019, señaló que se encontraron 12 programas en un nivel de desempeño óptimo, que obtuvieron una calificación de 89.74 por ciento; entre ellos está el Sistema Nacional de Investigadores, Seguro Popular, Becas de Posgrados y Apoyos a la Calidad.
Los programas con Nivel de Desempeño Alto Potencial fueron 10 y alcanzaron una calificación de 79.44, entre ellos está el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Prevención y Control de Enfermedades. Propuso incrementar su presupuesto, pues cada peso será una inversión justificada.
Los nueve programas con Nivel de Desempeño Mejorable, entre los que se encuentra el programa para el Desarrollo del Personal Docente, el de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el de Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, obtuvieron una calificación de 83.92. Planteó que antes de incrementar recursos, el Congreso piense en una agenda que eleve su calidad y fortalecer la capacidad de gestión.
Los 43 programas con Nivel de Desempeño Escaso, entre ellos IMSS-Bienestar, Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el de Derechos Indígenas, obtuvieron una calificación de 53.27. Refirió que no se justifica un incremento presupuestal, sino hacer una revisión integral para mejorar su calidad de diseño y fortalecer su avance de metas.
De los programas evaluados, 43 reflejaron dispersión programática y presupuestal, como el de Apoyo a la Vivienda, apoyo a Pequeños Productores y el Nacional de Inglés, alcanzaron una calificación promedio de 60.52. “Son ejemplo de la dispersión de esfuerzos del gobierno para responder a los problemas sociales relevantes, por lo que se recomienda una revisión integral de la política social para identificar los que recibirán más presupuesto y aumentar su cobertura.
Expresó que 81.98 por ciento de los programas sociales del gobierno federal, que representan 55.76 por ciento del total del presupuesto asignado a programas sociales de 2019, no permiten estimar su desempeño debido a su opacidad, o bien, no tienen posibilidad de resolver el problema público que abordarán, por la dispersión programática y presupuestal o condiciones de opacidad que tienen.
Elizondo Rosales refirió que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se inserta en un contexto fiscal limitado por la desaceleración en el crecimiento económico y por los bajos precios de los hidrocarburos, factores que restringen la capacidad para aumentar el presupuesto público y reorientarlo a la ampliación de la administración.
Pidió que la Cámara de Diputados dote de mayor racionalidad las asignaciones presupuestales de los programas, orientarlas a las carencias sociales más apremiantes y fortalecer su transparencia y rendición de cuentas.
Propuso endurecer medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2020, a los cinco programas presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño, y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para el año 2020 de 1 mil 416 millones de pesos (mdp), 3.95 por ciento más que en 2019.
Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 12 programas que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo, y para los que el Ejecutivo propone una asignación conjunta en 2020, de 124 mil 456 mdp.
Priorizar en los incrementos a los 10 programas que poseen un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2020 de 250 mil 097 mdp. No aumentar recursos a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.
La propuesta del PEF 2020 da prioridad a programas de alto impacto social
El gasto se ejercerá con austeridad, eficiencia y racionalidad: subsecretaria Victoria Rodríguez Ceja.
Por su parte, ante diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) da prioridad a programas de alto impacto social, a través de la austeridad, eficiencia y racionalidad.
Aseguró que el PEF es congruente con finanzas públicas sanas, disciplina fiscal y un nivel de deuda equilibrado. Para el 2020 se propone un gasto neto total de 6 billones 96 mil millones de pesos, que representa una variación real positiva de .8 por ciento respecto al monto aprobado en el presente año.
En reunión de trabajo, la funcionaria destacó la importancia de aportar elementos que contribuyan al examen y discusión del proyecto del PEF para el ejercicio fiscal del próximo año.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, refirió que en el proceso de elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos es necesario mantener la continuidad de los encuentros para elaborar y presentar todos los análisis técnicos que exige el gasto nacional.
La subsecretaria Rodríguez Ceja indicó que el proyecto presupuestal enviado a la Cámara de Diputados fue elaborado acorde con una perspectiva en el que las dependencias y entidades priorizan el gasto de inversión.
El paquete económico se construyó con el propósito de impulsar el desarrollo social, incrementar la inversión para mejorar la calidad de vida de la población en salud, educación y seguridad.
Además, al sector energético, que es estratégico para el país, tiene asignado un billón 28 mil 793 millones de pesos, agregó.
Por la prioridad de las acciones en seguridad se proponen 198 mil 135 millones de pesos; con este monto se continuará con el establecimiento de la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual con la participación coordinada de las secretarías de Defensa y Marina se concibe como un instrumento en la prevención del delito y de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país.
Respecto a la composición del PEF, explicó que para gasto programable se propone destinar 4 billones 395 mil millones de pesos, lo que representa el 72.1 por ciento del gasto neto total y un incremento de 2.3 por ciento, en términos reales, respecto de lo aprobado en 2019.
Para desarrollo social, el gasto propuesto se incrementa en 2.8 por ciento en términos reales respecto del aprobado en 2019, cuya participación abarca el 63.6 por ciento del total del gasto programable en el proyecto enviado a los diputados.
La funcionaria de la SHCP subrayó que el gasto de inversión asciende a 759 mil 868 millones de pesos, equivalente a un incremento de 2.5 por ciento respecto a lo autorizado en 2019; es decir, “la inversión crece por arriba de la tasa de crecimiento del presupuesto total”.
Señaló que la distribución del gasto neto permitirá atender los problemas sociales orientados a los sectores más vulnerables, así como cubrir las necesidades en educación, salud e infraestructura.
El monto de pensiones y jubilaciones asciende a 965 mil millones de pesos, casi un billón de pesos; crece 6.2 por ciento respecto al presente año. Enfatizó: “Este es uno de los crecimientos más importantes que tiene el proyecto del presupuesto”.
Las transferencias para los estados y municipios, ramo 33, con 731 mil millones de pesos; a sistemas de educación, 53 mil millones de pesos y el gasto operativo de las aportaciones de seguridad social, 14 mil millones de pesos.
Indicó que se propone un billón 701 mil millones de pesos destinados a gastos no programable; es decir 27.9 por ciento del gasto neto total, que implica una reducción de 2.8 por ciento respecto de 2019, que “serán destinados a cubrir las obligaciones de servicio de deuda pública, las participaciones en ingresos federales para entidades federativas y municipios.
Precisó que “es necesario tener presente que el proyecto de presupuesto 2020 tiene importantes restricciones, debido a que el 82 por ciento del gasto neto total se destina al cumplimiento de obligaciones de índole laboral, financiero o recursos que deben entregarse a organismos autónomos”.
“Únicamente queda el 18 por ciento restante para atender otros rubros de gasto”. Entre las restricciones destacan las de gasto no programable, cuya asignación no se puede modificar debido a que quedan fuera de las atribuciones del sector central o son obligaciones adquiridas.
Entre ellas están las participaciones federales a entidades y municipios por 944.3 mil millones de pesos, el costo financiero de la deuda del gobierno y empresas, así como intereses y comisiones derivadas, por 732 mil millones de pesos.
Resaltó que las políticas de austeridad, contención y eficiencia del gasto permiten que en el proyecto de presupuesto 2020 se reduzca el gasto de los ramos administrativos en 2.6 por ciento en términos reales respecto de lo aprobado en el presente ejercicio.
