El Presidente de la República AMLO ha tomado dos medidas de gran impacto para la inclusión financiera en México: la entrega individualizada vía medios electrónicos de más de 150 millones de pagos de subsidios para cerca de 20 millones de personas. Y la decisión de construir el Banco del Bienestar(BB) con 13,000 sucursales durante 2020 a lo largo del territorio. El objetivo es hacer llegar los subsidios en forma directa.
Los pagos electrónicos usando “Tarjetas del Bienestar” han sido contratados con Bansefi, Banco Azteca, Banorte y poco a poco con todos los bancos. El resultado ha sido caótico, tardado y sin certeza de disponibilidad. La inviabilidad de usar la banca comercial es clara: ausencia de cobertura y alto costo en comisiones. La inexistencia de sucursales y cajeros automáticos cerca de los beneficiarios; así como el alto costo de comisiones fueron subrayados en la mañanera del pasado 3 de diciembre y aparentemente provocaron la decisión de Construir y abrir el próximo año 13,000 sucursales del Banco Bienestar (BB) en igual número de Centros Integradores. A los costos gubernamentales hay que sumar los costos de transacción de los beneficiarios: largas jornadas de espera en interminables colas, altos costos de traslado, tiempo invertido para ir una o varias veces hasta la ciudad más cercana y retirar dinero efectivo o no encontrar saldo en su tarjeta. Los apoyos para el café que debían llegar en mayo aún no llegan en diciembre.
La idea es hacer operar 13 mil Centros Integradores “cerca de la gente” que atenderán entre 20 y 30 comunidades de las 200 mil localidades existentes. En Cada centro integrador habrá un Cajero Automático. Toda esta inviabilidad de hacer llegar pagos electrónicos a los 20 millones de beneficiarios en la “base de la pirámide” muestra el atraso de México en inclusión financiera y la existencia de un Sistema bancario orientado a la máxima rentabilidad y el mínimo compromiso con la economía del país: alta rentabilidad con baja cobertura, excluidas las zonas de pobreza rural o urbana. Uno de las grandes barreras para superar la pobreza en México es la falta de un Sistema Bancario comprometido con la economía nacional y local posibilitando inclusión financiera.
En un hipotético futuro cercano, tener un Cajero automático y una tarjeta en manos de los beneficiarios de subsidio no significa que haya inclusión financiera. A lo sumo es un medio para obtener el dinero del subsidio y regresar a sus comunidades con efectivo cada vez que deban recibir pensión de adultos mayores, beca Benito Juárez, o pago por las cosechas vendidas a Diconsa. Incluir financieramente territorios tan diferenciados sólo es posible con organización (Socaps y sofincos), presencia de bancos y educación. Largo trecho por recorrer
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La inclusión financiera significa acceso y uso constante de diversos servicios financieros adaptados a la población meta. La existencia de un ecosistema de medios de pago electrónicos accesibles es parte de un sistema financiero/bancario para el desarrollo. Todavía un Cajero automático no logra esas funciones, y frente al acelerado uso de redes sociales y desarrollo tecnológico Fintech, la propuesta de Cajeros es una solución atrasada, costosa e inviable. Básicamente porque tampoco hay inclusión digital en zonas marginadas de pobreza rural y el costo de introducir y mantener cajeros automáticos y comisiones de las tarjetas emitidas (a Visa, MasterCard y swich de conexión) será mucho mayor que el costo de comisiones actuales.
Los medios de pago electrónicos en México son muy costosos porque tenemos una estructura monopólica de los mismos que impide la inter-operatividad entre agentes financieros. Todo debe pasar por bancos comerciales y trasnacionales de pagos electrónicos: tarjetas, celulares, envíos vía spei . Es un gran negocio el cobro de comisiones por transferencias, vean si no cómo Oxxo en la práctica es un banco, sus utilidades son mayores por servicios financieros que por la venta de mercancías.
Construir 13,000 sucursales físicas decorosas, es imposible en un año, aún suponiendo que tuvieran el dinero para hacerlo. Se requerirían invertir al menos 13 mmdp (un millón de pesos por cada sucursal) y una fortaleza institucional que no tiene el BB, el cual no siquiera ha podido rentabilizar en sus 20 años de vida las 450 sucursales actuales y sobrevive cada año con las comisiones que le paga el Gobierno Federal por los pagos de subsidios.
Lo relevante de la decisión presidencial podría derivar en un gran salto tecnológico y organizativo de inclusión financiera en beneficio del país, si cambiaran un simple detalle: dejar de ver la solución en un inacabado banco de desarrollo y voltear la mirada a una alianza estratégica con el ya respetable sector de banca social (Socaps, sfincos y sofipos) con sus 3, 316 sucursales y 12 millones de usuarios. Con esa alianza, el BB y la banca social sí podrían lograr en un sexenio ampliar a 13 mil puntos Sucursales y corresponsalías universales, suponiendo que ALTAN y las empresas participantes en la Convergencia digital den respuesta efectiva a la inclusión digital en zonas rurales remotas y pobres, algo que está por verse.
Los costos de comisiones sólo podrán bajarse democratizando los medios electrónicos de pago mediante la creación de un SWICH SOCIAL, una plataforma tecnológica que permita la inter-operatividad de todos los agentes financieros y sus medios de pago: celulares, tarjetas, transferencias, donde lo mismo un banco que una caja popular o una empresa fintech hagan uso de ella. La base está dada: el SPEI y el CODI creados por BANXICO, son innovaciones vitales para el nuevo sistema.
ISABEL CRUZ. EL FINANCIERO.
