Tan sólo la suspensión del IX Censo Agropecuario dejó al país un rezago de más de 10 años en la información.
El instituto confirmó a El Sol de México que el recorte de cinco mil millones de pesos a su presupuesto dejó fuera de la agenda el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal (Censo Agropecuario) y las encuestas de los Hogares a nivel nacional; de Confianza del Consumidor (regional) y a Micronegocios.
Uno de estos ejercicios, el IX Censo Agropecuario aportaría una radiografía actualizada de la situación estructural del campo, donde hay más de 5.5 millones de unidades productivas agrícolas y forestales. El último levantamiento es de 2007.
“Estamos diseñando e implementando políticas públicas dirigidas al campo a ciegas, sin saber realmente qué tipo de estrategias apoyan y benefician de mejor manera a este sector”, advirtió Fundar.
Otro ejercicio afectado por la austeridad es la Encuesta Nacional de Micronegocios, un proyecto conjunto de la Secretaría del Trabajo y el Inegi que permite conocer las condiciones de negocios que emplean hasta 15 trabajadores en la industria manufacturera, o hasta 10 trabajadores en las industrias extractiva y de la construcción, así como en el comercio, los servicios y el transporte.
El Inegi hizo la última encuesta de este tipo en 2012, aunque un análisis de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) concluyó que el año pasado 77 por ciento de los empleos se generó en ese sector de los negocios.
Las que sí se hicieron son las encuestas nacionales de uso de las Tecnologías de Información en los Hogares; de Uso del Tiempo; Agropecuaria y Trabajo Infantil.
En cuanto a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, se levantó sólo con datos de la Ciudad de México.
Para este 2020, Julio Santaella, presidente del Inegi, aseguró que se cumplirá con todos los estudios dado que el presupuesto de casi 16 mil 573 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados asegura la tarea del instituto.
Cancelar encuestas de Inegi puede tener un impacto más costoso: especialista
Para Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, eliminar estudios impacta a los ciudadanos en la garantía de sus derechos. “Algunos de estos instrumentos son estratégicos e, incluso, ese ahorro temporal podría repercutir en mayores gastos por políticas públicas desinformadas”, opinó.
Campos destacó el caso de la Encuesta de Población Privada de la Libertad, que permite conocer las condiciones de un segmento que padece los mayores agravios en derechos humanos; o la de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas, en medio del debate de legalizar drogas como la marihuana.
Luis Mauricio Torres, coordinador de Proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) añadió que estos proyectos del Inegi son necesarios para la evaluación de las acciones del gobierno.
