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La bancada de Morena en el Senado busca castigar hasta con 20 años de prisión la tala clandestina o la exhibición de permisos falsos, alterados o modificados, pues México es uno de los países donde más se incurre en esta actividad.
La deforestación en México por tala clandestina es de 60 mil hectáreas por año, conforme al estudio de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Por ello, el secretario de la comisión de Seguridad Social del Senado, Joel Molina Ramírez propuso reformar el Código Penal Federal con el fin de imponer penas de cinco a 20 años de prisión y de mil a diez mil días de multa, a quienes realicen acciones de tala ilegal.
En la iniciativa, el legislador morenista señaló que la misma pena se aplicará a quien ilícitamente derribe, transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal.
Así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada.
La pena se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida.
El senador de Tlaxcala señaló que actualmente, existe una multiplicidad de normas jurídicas que protegen al medio ambiente, pero llegan a ser insuficientes; por eso debe intervenir el derecho penal como una última razón, pues si no se logra frenar la depredación ambiental en México y en el mundo las consecuencias serán fatales.
“Debemos garantizar, agregó, que subsistan las condiciones de vida para el ser humano, no podemos vivir sin aire respirable, sin agua limpia de contaminantes o sin suelo con condiciones aptas para llevar a cabo todas las actividades humanas propias de nuestra vida cotidiana”, indicó
Advirtió la urgente necesidad de federalizar los delitos ambientales con una tipificación única, que sea aplicable en todo el país y un cuerpo normativo único en materia procesal penal de aplicación federal y local.
Joel Molina señaló que hoy tenemos la gran responsabilidad de dar cumplimiento al marco jurídico para la Agenda 2030 sea una realidad.
Es obligatorio, dijo, que México lleve a cabo los 17 objetivos y en este caso en particular el objetivo 15 que señala: “Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.”
Fuente: inforural.com
