La semana pasada expuse los cuatro puntos con los cuales he insistido, desde hace más de tres años, que debemos flexibilizar la legislación mexicana en materia de marihuana. También describí los principales cambios de la iniciativa que ya fue aprobada por el Senado de la República y que está en análisis en la Cámara de Diputados, la cual me parece positiva en términos generales. No obstante, en este artículo quiero señalar algunas ideas de cómo podríamos fortalecer dicha propuesta.
Reconozco el esfuerzo de los legisladores y de los miembros de la sociedad civil que están generando este logro, algo que era más que necesario en nuestro país.
Por otro lado, 58% de los mexicanos están en contra de la legalización de la marihuana, de acuerdo con el último sondeo de El Financiero. Pareciera que muchos de los que se oponen, lo hacen porque no están a favor de promover el consumo de marihuana entre los jóvenes, yo tampoco estoy a favor de ello, pero el tema es otro: se trata de eliminar la prohibición a su consumo, lo que es muy diferente a promoverlo.
Y es que prohibir el consumo de marihuana no ha servido para combatir al crimen organizado ni disminuir la demanda, pero sí ha ocasionado que desviemos importantes recursos policiacos y presupuestales para verificar a ciudadanos promedio, que no representan una amenaza social y simplemente portan gramos de marihuana. Esto en lugar de dedicar esos recursos a combatir el secuestro, la extorsión o los feminicidios, delitos verdaderamente preocupantes y sumamente ofensivos para cualquier sociedad.
Prohibir el tabaco o el alcohol causaría más problemas de los que podría resolver, como ha sucedido en el pasado. Lo mismo está sucediendo con la marihuana, que es menos adictiva y dañina que otras drogas actualmente legales.
Una forma de fortalecer la propuesta que hoy analizan los diputados, es considerar la portación límite de 28 gramos permitidos. En la iniciativa prevalece la penalización, ya que no se contempla una modificación de los delitos contra la salud y simplemente se despenaliza a los que portan 28 gramos o menos de marihuana. Esto es mejorable, ya que un oficial podría pedir a quien porte 24 gramos de marihuana, por poner un ejemplo, que lo acompañe al Ministerio Público por posible portación de una cantidad ilegal, lo que puede prestarse a extorsiones; y podría suceder justo afuera de los centros de venta permitidos.
Al mantener la penalización sobre pequeñas cantidades de marihuana, se corre el riesgo de seguir distrayendo nuestros escasos elementos y recursos policiacos. Las mejores leyes son aquellas claras y fáciles de vigilar en su cumplimiento, por ejemplo prohibir la venta de alcohol a menores de edad. Sin embargo, la propuesta establece un límite de portabilidad de 28 gramos de marihuana, lo cual es complejo de vigilar. Los cambios en la ley también exigen que ante el consumo de cannabis, todos los mayores de edad presentes den su consentimiento, algo muy complicado de supervisar.
La iniciativa establece que, inicialmente, el otorgamiento de buena parte de las licencias de cultivo deberá ser extendido a poblaciones vulnerables, como campesinos, que hayan sido afectados por las políticas prohibicionistas del cannabis. Esto con el fin de promover su empoderamiento e independencia económica, lo cual parece positivo.
El problema es que la propuesta también exige mecanismos de testeo y trazabilidad de las semillas de cannabis utilizadas, además de empaques con características de sustentabilidad y seguridad que, en combinación, podrían complicar su cumplimiento por estos grupos vulnerables y así los beneficios se perderían. Es conveniente analizar a profundidad cómo hacer viables los beneficios para estos grupos de la población, pues estas condiciones favorecen la permanencia de un mercado negro.
Idealmente, la reforma podría arrebatarle un pedazo de la industria de la marihuana al crimen organizado, al flexibilizar la producción y comercialización. Sin embargo, mantiene tantas restricciones que la mayor parte de las ganancias podría ser retenida por los cárteles.
Al retirar del mercado negro la comercialización de un producto mediante su legalización, nos permite cobrar impuestos. Especialmente cuando se trata de sustancias nocivas para la salud, como los cigarros y el alcohol. En el caso de la marihuana, al igual que con otras drogas legales, parte de estos recursos adicionales pueden y deben ser empleados en prevenir las adicciones.
La propuesta también deja abierta la posibilidad de exigir complicadas condiciones y requisitos sobre el domicilio o casa-habitación donde se realice cualquier actividad relacionada con el cannabis, tales como contar con dispositivos de filtración y absorción de humos. De acuerdo con la iniciativa, se permitiría a la autoridad administrativa entrar a hacer verificaciones del cumplimiento de estas condiciones.
Lo anterior podría generar irregularidades e incentivos perversos, pues permite a la autoridad la intromisión discrecional a los hogares de las personas. No existe, por ejemplo, una exigencia similar para el consumo de puros o cigarrillos con tabaco.
Debemos reconocer cuando las cosas se hacen bien y ciertamente estoy de acuerdo en la dirección general que tiene la propuesta. No obstante, hay detalles que deben mejorarse para lograr que la reforma tenga el impacto que se desea. Espero que los diputados tomen en cuenta las opiniones que han compartido los expertos en el tema, especialmente ahora que obtuvieron una prórroga para analizar con mayor profundidad la iniciativa.
