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viernes, noviembre 22, 2024

Prohibición del Glifosato: batalla ganada a favor del ambiente y las personas

El último día del 2020, finalmente fue publicado el tan anhelado decreto presidencial que prohíbe el empleo del herbicida glifosato en todos los programas del gobierno federal y establece la eliminación progresiva de su uso, adquisición, distribución, promoción e importación, así como la prohibición de los agroquímicos que contienen glifosato para lograr su erradicación de manera total para 2024.

Por más de 20 años, Greenpeace México, junto con la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, colectivos y organizaciones campesinas, artistas y científicas hemos luchado por la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos y el maíz transgénico, y el 31 de diciembre del 2020 -con la publicación de dicho decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación-, finalmente se ganó una batalla para alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en nuestro país.

Celebramos, es una gran victoria, pero  sin olvidar que este solo es un paso más, no el único necesario para proteger nuestros maíces nativos, nuestra riqueza biocultural y nuestro patrimonio gastronómico.

Alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria implica transitar hacia sistemas de producción de alimentos sostenibles como la agroecología y no se trata de sustituir un insumo por otro, sino de transformar a nuestro sistema agroalimentario de raíz para producir alimentos saludables, libres de agrotóxicos y transgénicos que sean culturalmente adecuados, que no dañen el ambiente y sobre todo que garanticen la salud de las agricultoras, agricultores y personas consumidoras

Si bien este Decreto prohíbe el maíz transgénico y el uso del herbicida glifosato hacia 2024, queda un camino amplio por recorrer pues aún se deben prohibir más de 80 ingredientes activos de plaguicidas que se comercializan en cientos de formulaciones de plaguicidas altamente peligrosos, que ya han sido prohibidos en otros países y aún son permitidos en México, asimismo, se debe asegurar que exista regulación para el uso de plaguicidas altamente peligrosos al ambiente, que pudieran contribuir a la contaminación de agua, suelo y pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad.

Los puntos mencionados anteriormente son necesarios para dar cumplimiento a la Recomendación 82/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de manejo y gestión de plaguicidas altamente peligrosos. Dicha recomendación fue promovida por Greenpeace junto con más de 40 personas, y se insta a diversas dependencias, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a atender la mala gestión y manejo de los plaguicidas en México, en particular aquellos altamente peligrosos (PAP), recomendación que las distintas instancias federales de este gobierno, han aceptado acatar en todos sus términos.

Para realizar correctamente la transición a la agroecología es necesario que los gobiernos realicen investigaciones científicas y se de acompañamiento a las agricultoras y agricultores en la transición hacia la agricultura ecológica, en el amplio sentido de la palabra. Así como se realizaron investigaciones por mucho tiempo para la agricultura industrial, se deben hacer para la agricultura ecológica, para poder transitar hacia el manejo integrado de control de plagas que permita cuidar el ambiente y la salud de las personas.

Sí hay opciones, la respuesta es la agricultura ecológica o agroecología. Hay que dar un acompañamiento adecuado e implementar las opciones que campesinas y campesinos ya han llevado a cabo en proyectos como el modelo denominado Agricultura Campesina de Conocimientos Integrados (ACCI) combinado con Manejo Integrado de Cultivos Inducidos (MICI) implementado por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) .

Por último Greenpeace México como organización ambientalista daremos seguimiento para asegurar que las autoridades cumplan con los compromisos enunciados en el Decreto presidencial en los plazos y condiciones establecidos.

Especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México.

Fuente: VIRIDIANA LÁZARO.

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