La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) publicó recientemente el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 (PNH), el principal instrumento de política pública que establece los objetivos, estrategias y acciones puntuales que este gobierno implementará para la administración de los recursos hídricos y atender la compleja situación del agua en nuestro país, buscando reducir las brechas de inequidad y avanzar en la seguridad hídrica.
Este instrumento busca, igualmente, contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, a su vez, al logro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, siendo también el documento rector de los Programas Hídricos de las distintas cuencas del país. Para su integración, se llevaron a cabo 44 foros de consulta, en los que participaron 2 mil 900 personas, además de foros regionales organizados por la Semarnat.
Y es así que el PNH refleja 5 grandes objetivos, los cuales tienen 20 estrategias prioritarias que, a su vez, incluyen intervenciones de política pública a través de 87 acciones puntuales, de acuerdo a lo siguiente:
1. Garantizar progresivamente los Derechos Humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable.
2. Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos.
3. Reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, con énfasis en pueblos indígenas y afromexicanos.
4. Preservar la integralidad del ciclo del agua a fin de garantizar los servicios hidrológicos que brindan cuencas y acuíferos.
5. Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción.
Debemos reconocer que el reto es mayúsculo. A nivel nacional, sólo el 58% de la población del país tiene agua diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico mejorado, siendo el medio rural el más afectado pues apenas alcanza el 39%.
La propia CONAGUA reconoce que hay un aumento significativo del grado de presión sobre el recurso hídrico, particularmente en las zonas centro y norte del país, así como un deterioro cuantitativo y cualitativo del agua en cuencas y acuíferos, que dan cuenta que de los 653 acuíferos existentes, 115 presentan una situación de sobreexplotación y de las 757 cuencas hidrológicas, en 69 el caudal concesionado o asignado es mayor que el de agua renovable.
Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), establece que cerca de 12 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, quienes habitan en su mayoría en las zonas rurales marginadas, es decir, 1 de cada 12 mexicanos se encuentra en esta situación, en donde el acceso al agua y al saneamiento no es una realidad. En su mayoría, esta población debe acarrear el agua a sus hogares, tarea que fundamentalmente realizan mujeres y niños.
Debemos sumar a ello los efectos que el cambio climático, año con año, manifiesta de manera creciente en los recursos hídricos al afectar el ciclo hidrológico, principalmente a través de inundaciones y sequías, lo cual afecta a entidades que concentran al 62% de la población. La CONAGUA señala que 24% de los municipios del país registran vulnerabilidad climática alta y muy alta.
Todos estos datos sumados a la contaminación de los cuerpos de agua, el crecimiento urbano desordenado, el incremento de la demanda, la falta de ordenamiento territorial, y la falta de conciencia en el uso y cuidado del recurso, representan una alerta sobre cómo estos impactos afectan asimismo la salud humana, el combate a la pobreza, la seguridad alimentaria, las actividades productivas y la producción de energía, y la salud de los ecosistemas.
Esto ha quedado aún más claro y evidente a la luz de la pandemia que estamos enfrentando que ha dejado ver, nuevamente, la importancia del agua y de que toda la población pueda contar con acceso al agua en la cantidad y calidad adecuadas, para el cuidado de su salud.
Por ello la importancia de que el PNH está planteando la urgente necesidad de que, por un lado, se establezcan los mecanismos adecuados que contribuyan a lograr el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento para toda la población y, por el otro, que el agua cuente de manera definitiva con la máxima jerarquía en las políticas públicas del país dado su alcance transversal y multisectorial.
Es igualmente importante subrayar, en este contexto, la necesidad de preservar la integridad y salud de los ecosistemas, como principal fuente de los recursos hídricos y garantía de la seguridad hídrica a largo plazo para los distintos usos y, el incorporar nuevos modelos de gestión como las soluciones basadas en la naturaleza, que complementen a la infraestructura tradicional.
La seguridad hídrica del país y sus distintas regiones, requieren acciones urgentes y ameritan decisiones de fondo y soluciones con perspectiva de largo plazo. Esperemos que el PNH contribuya a encaminarnos en esta ruta, dado que el desarrollo social y económico de todo el país depende en gran medida de ello.
Fuente: FORBES MÉXICO.
