Como ha sucedido en otros países, en la regulación de la cannabis se quiere cerrar la puerta al autocultivo para favorecer al gran capital
La semana pasada se aprobó en la cámara de diputados el proyecto de Ley Federal para la Regulación de la Cannabis en México. Esta ley lleva años discutiéndose y por las dos cámaras han circulado un gran número de propuestas que quedaron desechadas. ¿Qué propone la nueva versión de Ley? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos del proyecto?
Lo primero que hay que reconocer es que la regulación propuesta es mejor que el status quo, que ha sido sumamente nocivo para el país. Hoy, a pesar de que la Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de cannabis y que ordenó regular todas las acciones necesarias para poder consumir (siembra, cultivo, cosecha, posesión, transporte, entre otros), la prohibición sigue en pie. Mientras que algunas personas privilegiadas cuentan con amparos para poder ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, miles más (con menos recursos) son anualmente detenidas, procesados e incluso encarcelados por portar pequeñas cantidades de cannabis. El ejército sigue decomisando cargamentos y erradicando cultivos ilícitos en las zonas cultivadoras. En este sentido, la regulación, con todos sus defectos, es mejor que la prohibición actual.
La Ley regula el uso de cannabis por tres vías: autocultivo (en la ley autoconsumo), asociaciones de producción para asociados y comercialización. Además, regula para fines industriales y de investigación. En términos de la prohibición, se queda muy corta. Mantiene el delito de posesión simple, aunque con umbrales de tolerancia más altos: hasta 28 gramos no hay sanción por portar cannabis y hasta 200 gramos se sanciona con multa, no cárcel. Además, no se elimina el delito de cultivo para campesinos que hoy se dedican a la siembra y cosecha de las plantas. Se mantiene entonces el espacio para la detención y extorsión, prácticas comunes de autoridades con los usuarios de cannabis. Los legisladores desoyeron la evidencia que muestra que la prohibición, así sea menos estricta, genera incertidumbre para los ciudadanos y termina por baldar el objetivo de descriminalizar y proteger tanto a usuarios como a campesinos.
En el caso del autocultivo, la ley permite 6 plantas por adulto y hasta 8 por vivienda. Para poder cultivar en casa, sin embargo, las personas deben solicitar un permiso a Conadic (sí, a la institución encargada de prevenir y tratar adicciones). Este permiso tiene una vigencia de un año que debe luego ser renovado. Si a tres meses de haber solicitado el permiso no hay respuesta, debe entenderse como negado. La ley, además, abre la puerta para que funcionarios de la Comisión puedan inspeccionar el cumplimiento de los permisos. Es absurdo pensar que habrá usuarios dispuestos a que funcionarios del Estado entren a su domicilio. Así las cosas, es probable que la mayoría de las personas que cultivan hoy ilícitamente en casa lo continúen haciendo en la clandestinidad. Esto evidencia que —como ha sucedido en otros países— se quiere cerrar la puerta al autocultivo para favorecer al gran capital.
Para la comercialización de cannabis (que va desde el cultivo, la producción, distribución y venta) se prevé el otorgamiento de licencias (también por Conadic). Si bien se establece que se va a impedir la concentración indebida de licencias en manos de unos cuantos no queda claro cómo se hará esto. Tampoco queda claro cómo integrarán a campesinos y comunidades cultivadoras. ¿Pondrán oficinas del Conadic en estos lugares remotos para que las personas o comunidades puedan solicitar licencias? ¿Ayudarán a estas personas a conseguir las semillas legales sin las cuáles no se puede cultivar legalmente? ¿Qué harán para que las grandes empresas hoy establecidas no acaparen el mercado?
Estamos de nuevo ante la posibilidad de hacer historia, pero la haremos favoreciendo a los empresarios con capital y manteniendo la prohibición para los más vulnerables. Ya no es la prohibición absoluta, pero sí una regulación que protege al negocio —tanto de la cannabis como de la prohibición—, a costa del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Fuente: EL UNIVERSAL.
