En las últimas dos décadas, la tasa de participación laboral femenina superó por primera vez 50 por ciento.
Las mujeres en los países emergentes, en particular, se han incorporado a la fuerza de trabajo formal a un ritmo sin precedentes —especialmente en la agricultura, donde trabaja una de cada cuatro empleada —. Sin embargo, el Covid-19 puso a prueba al sistema alimentario mundial y los esfuerzos que se han impulsado por la igualdad de género en la agricultura.
Las mujeres juegan un papel clave para el sector, la seguridad alimentaria y la nutrición al representar 43% de la mano de obra agrícola mundial; en México constituyen 16.7%. No obstante, previo a la pandemia, ya se encontraban en desventaja debido a diversos factores como un limitado acceso a la formación agrícola, limitaciones legales a la propiedad y restricciones financieras que impiden su acceso a recursos como la tierra y las semillas.
En América Latina, por ejemplo, hay comunidades en las que sólo los hombres tienen derecho a cultivar determinadas cosechas y acudir a ciertos mercados, lo que deja a casi 40% de las mujeres rurales sin ingresos propios, frente a 14% de los hombres. La pandemia ha agravado esta situación, debido a los cierres que restringen aún más la capacidad de las mujeres para acceder a los mercados y al aumento de las responsabilidades en casa que les exigen más de su tiempo.
Para contrarrestarlo y, con ello, ayudar a la recuperación económica será necesario impulsar la igualdad de género en la agricultura y empoderar a las mujeres productoras del campo. Se requieren iniciativas centradas en tres áreas principales: eliminar aquellas normas de género perjudiciales, como las leyes que impiden a las mujeres ser propietarias de las tierras que cultivan; brindarles acceso a recursos críticos, como semillas y tecnología; y apoyarlas para que asuman roles de liderazgo en sus comunidades y garantizar así que las políticas comunitarias cuenten siempre con un enfoque de género.
Las asociaciones público-privadas entre empresas —que son parte del sistema alimentario—, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos son esenciales para impulsar el cambio y responder a estas necesidades; un actor o una entidad no puede hacerlo solo. En sintonía con esta labor, durante 15 años, PepsiCo ha invertido en programas de apoyo para mujeres productoras y nos hemos asociado con Proforest, una organización internacional sin fines de lucro, para lanzar Agrovita.
Este programa se implementará en comunidades de alta marginación en el sur-sureste de México, particularmente en Tabasco, el estado con mayor presencia de mujeres propietarias de tierra con 35%, y en Chiapas, donde está 21.8%. Agrovita pretende capacitar a pequeños y medianos agricultores —con especial atención en las mujeres— para ampliar su capacidad de producción y su sostenibilidad.
Esto ayudará a impulsar la producción de alimentos, mejorar la seguridad alimentaria de sus comunidades y hacer crecer sus negocios en el campo en el largo plazo. Al mismo tiempo tendrán acceso a educación financiera y créditos, así como a asesoría legal para regularizar la tenencia de sus tierras.
Las iniciativas para mejorar la vida de las mujeres del campo no pueden esperar: si no actuamos hoy para corregir las desigualdades de género que ha evidenciado esta crisis sanitaria, corremos el riesgo de que el PIB mundial sufra un impacto de un billón de dólares para 2030. El alcance de este problema es enorme y de la misma dimensión tiene que ser nuestra respuesta coordinada. Los principales actores del sistema alimentario mundial y aquellos con la experiencia necesaria para impulsar un cambio sostenible deben unirse para impulsar a las mujeres en la agricultura: nuestro futuro depende de ello.
*El autor es presidente de PepsiCo Alimentos México.
Fuente: EL ECONOMISTA.
