Más de año y medio después de una crisis sanitaria que prácticamente detuvo al país es tiempo de impulsar la reactivación de los sectores productivos y, en el campo, hay enormes oportunidades de desarrollo y crecimiento si se superan experiencias del pasado.
Las asociaciones entre ejidos y comunidades con inversionistas públicos y privados deben aumentar con base en el fortalecimiento de la confianza entre las partes. En el pasado hubo situaciones que la minaron. Por un lado, la experiencia indica que, en general, quienes conforman los ejidos y comunidades sienten que los tratos con terceros pueden ser leoninos y que su aportación de tierras no fue retribuida de forma equitativa. Mientras que, los inversionistas consideran que asociarse con ejidos y comunidades puede representar conflictos futuros a causa de la propiedad de la tierra y la división de utilidades.
Ambas percepciones pueden tener algo de realidad si se analizan a la luz del pasado, pero hoy en día la situación en general ha cambiado y las leyes que concurren al campo dan amparo y certidumbre a los negocios que puedan concretarse entre productores y dueños del capital.
Por ejemplo, el marco jurídico, constitucional y legal, establece reglas para la asociación entre inversionistas y el estado con ejidos y comunidades, y no solo son precisas, sino que pueden traducirse en acuerdos que deben respetar y cumplir todos los involucrados. El consentimiento y el objeto elementos de validez en los contratos están perfectamente regulados en la Ley Agraria; si el contrato implica tierras de uso común, cualquier acto que implique su aportación o aprovechamiento por terceros, requiere el acuerdo de la asamblea del ejido o comunidad; pero si se trata de tierras parceladas, basta la autorización del titular de esos derechos.
En el campo es indispensable promover oportunidades con el propósito de aumentar la aportación de las actividades agropecuarias y forestales al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, generar empleos para generar opciones de desarrollo para los jóvenes -hombres y mujeres- que habitan en el campo, y en general elevar la calidad de vida en las zonas rurales.
Junto con la confianza, estimo indispensable que se promueva un esquema de gerenciamiento en los núcleos agrarios, que implique desde contar con los estados financieros que reflejen sus activos en tierra, maquinaria, equipamiento, hasta capital natural, considerando que son sociedades propietarias de tierras; en las que además de haber opciones para la agricultura y la ganadería con la oportunidad de la producción orgánica que genera mejores ingresos a los productores, también hay otras opciones a considerar.
Una de ellas, y muy importante, es la diversificación de la economía rural, que implica desde la transformación de la producción primaria, la acuacultura, el turismo de naturaleza y el vinculado a zonas arqueológicas y monumentos históricos colindantes con núcleos agrarios, en los que la gastronomía, la difusión de los valores culturales y venta de artesanía, complementan una oferta integral.
El turismo rural es una opción real, con demanda creciente por la pandemia del Covid-19. Los ejidos y comunidades son propietarios de las tierras, los inversionistas, tienen capital y conocimiento, así que una asociación en condiciones equitativas es una alternativa actual, que puede atraer turismo mundial a los paisajes más bellos de México, con la posibilidad de mejorar el ingreso de todos. Sin duda, es una asociación ganar-ganar para quienes acepten el reto de concretarla.
Ciertamente, lograrlo requiere la confianza y decisión de los actores y de los propietarios de la tierra y del capital, para detonar de forma significativa opciones de crecimiento económico en el medio rural que se traduzca en un beneficio colectivo.
Tras la pausa obligada por la pandemia, los diversos sectores productivos requieren activarse. Así que es tiempo de trabajar para generar confianza entre inversionistas y el sector ejidal y comunal sobre la base de reglas equitativas; tratos transparentes; procedimientos legales que generen la posibilidad de que todos los socios obtengan ganancias, en un marco de sustentabilidad, buscando el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.
Maribel Concepción Méndez de Lara es Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario*
Fuente: MARÍA CONCEPCIÓN MÉNDEZ DE LARA. FORBES MÉXICO
