Un marco fiscal desfavorable para esta industria tiene el efecto contrario al que los reguladores esperan y desean, apunta Daniel A. Witt.
(Expansión) – “COVID-19”, “la pandemia” o “el coronavirus”. Son los términos que hemos escuchado casi diariamente durante los últimos 2 años, ya que lo que hemos vivido ha sido uno de los eventos más disruptivos de la historia reciente, cambiando universalmente las comunidades y transformando vidas. Igualmente disruptivo, pero quizás mucho menos reconocido, es el problema del consumo ilícito de alcohol a nivel global, que ha empeorado por la pandemia.
El año pasado, por ejemplo, cientos de muertes relacionadas con el alcohol adulterado en México suscitaron la preocupación de que las restricciones a la venta de alcohol durante la pandemia de COVID-19 habían fomentado la expansión de un mercado negro que ya era peligroso.Este problema exige la atención del gobierno antes de que estalle una crisis social y económica aún más brutal.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la prevalencia del consumo informal o ilícito de alcohol aumentó durante la pandemia, pasando del 1.9% al 3.0% semanalmente en Latinoamérica. Parte de este crecimiento se debe a consecuencias no deseadas. Los gobiernos en la región buscaban reducir el consumo nocivo de alcohol para aliviar la presión sobre los sistemas de salud saturados por la pandemia.
Sin embargo, algunos de ellos implementaron políticas que produjeron efectos contraproducentes, que inadvertidamente incitaron a los consumidores a recurrir a las “soluciones” más accesibles, como el alcohol falsificado o de contrabando. Aunque las políticas reguladoras variaron según el país, la meta era disuadir a la gente de organizar o asistir a reuniones sociales mediante subidas de impuestos, leyes secas o a veces la prohibición total del alcohol.
El costo humano y económico
El consumo de alcohol ilícito es un problema grave de salud pública a nivel mundial. Las cifras son especialmente preocupantes en México, donde aproximadamente el 42.5% del total de las ventas nacionales de alcohol procede de fuentes ilegales, lo que lo convierte en el mayor mercado ilícito de alcohol de Latinoamérica por volumen. Las personas que sobreviven una intoxicación por alcohol ilícito suelen estar obligadas a vivir con efectos secundarios debilitantes a largo plazo durante el resto de sus vidas, como ceguera y daños neurológicos permanentes.
El poder del precio
El reciente Foro sobre el Comercio Ilícito de Alcohol de la República Dominicana ofreció muchas ideas interesantes, de las cuales la más importante se refería al poder del precio. Como informa la Alianza Internacional para el Consumo Responsable (IARD), “el precio es uno de los impulsores principales del consumo de alcohol ilicito, y los altos impuestos sobre los productos regulados y de marca pueden fomentar el comercio de alcohol no regulado y el crecimiento de los mercados grises o negros”.
Trabajando hacia una regulación que beneficie a los consumidores y al gobierno
Las mejores políticas públicas son aquellas que cuentan con el apoyo de la industria del alcohol legal y las que regulan el alcohol para garantizar una producción segura; manteniendo niveles de impuestos que permitan a los estados generar ingresos necesarios y desalentando los mercados ilícitos.
Esto significa garantizar que los impuestos se mantengan en una tasa que no afecte a los consumidores, ya que son el motor principal de los mercados ilícitos de alcohol, tanto del lado de la demanda como de la oferta. También, el aumento del consumo legal de alcohol proporciona a los gobiernos ingresos fiscales adicionales que podrían utilizarse para educar a los consumidores sobre el consumo responsable y la concientización.
Lo más importante es asegurarse que el aumento de impuestos no afecte el acceso a estos productos por parte de ciertas poblaciones. De hecho, el objetivo a largo plazo debe ser proteger a los ciudadanos, cada vez más expuestos a productos ilícitos y falsificados, mediante una mayor colaboración entre los responsables políticos y el sector privado.
El mundo se ha unido como nunca antes para responder a la pandemia de COVID-19. Ahora, es el momento de que los gobiernos se tomen en serio la lucha contra el alcohol ilícito mediante la aplicación de políticas fiscales adecuadas que promuevan precios justos y reduzcan los incentivos de los consumidores para comprar en el mercado ilícito inseguro.Nota del editor: Daniel A. Witt es fundador y presidente del Centro Internacional de Impuestos e Inversiones de Washington, DC. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
Fuente: DANIEL A. WITT. EXPANSIÓN