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viernes, noviembre 22, 2024

Familias jornaleras, la peor pobreza

Sin llamar la atención, más de una vez al año ocho millones y medio de personas recorren México. Acompañadas por la discreción de su existencia migran, trabajan y regresan a sus lugares de origen. Ni siquiera la tremenda precariedad de sus vidas logra darles protagonismo.

Para la inmensa mayoría no existen, tampoco para un gobierno que afirma haber puesto a los pobres primero.

En época de cosecha, el bote de chile verde se paga a 25 pesos y por la cubeta de manzanas pueden obtenerse hasta 40. Si ayudan la mujer y la hija adolescente, el niño y el muchacho mayor, puede llegar a juntarse una decena de cubetas en un solo día, quizá un poco más, y entonces la jornada habrá valido la pena.

Son familias que trabajan en el campo de manera itinerante. Viajan en marzo, cuando hay que preparar la tierra y luego sembrar. En esta época del año la remuneración es peor. La jornada laboral es larga y la remuneración apenas si llega a los 180 pesos por día. En cambio, la cosecha ofrece mejor ingreso. Hay días en que se obtienen los 300 pesos y entonces hay que celebrar antes de volver a casa.

El problema es que no todo el año hay empleo. Las personas exageran con la faena cuando hay trabajo para poder vivir cuando no lo hay.

No hay tampoco horario ni límite de edad en este oficio, sobre todo cuando se paga a destajo. Los patrones que contratan, salvo excepciones, no son responsables de proporcionar vivienda, alimentación, salud o escuelas. Las autoridades municipales o las del estado igualmente se desentienden de esta responsabilidad.

Con los botes y las cubetas cargadas de fresas o pimientos hay que sufragar esos otros gastos. Rentar varias camas dentro del galerón o las bodegas improvisadas para dormir, pagarle al médico si llega a ocurrir un accidente o comprar alimento en la tienda de conveniencia más cercana.

Solo tres de cada cien personas jornaleras cuentan con un contrato escrito donde se definen horarios, pago o prestaciones. Esas hojas de papel son un privilegio desconocido para la inmensa mayoría: 24 por ciento de estas familias son indígenas y muy pocas de entre ellas hablan castellano.

Aunque las cifras oficiales varían, es posible afirmar que en México hay alrededor de 2 millones y medio de jornaleros agrícolas. Pero esta aritmética deja fuera a las familias que los acompañan y que también participan en las tareas del campo. En realidad, se habla de una población de 8.5 millones de personas, algo así como dos veces los habitantes que tiene el estado de Oaxaca o seis veces la del estado de Zacatecas.

El promedio de escolaridad de estas personas ronda los seis años. Las hijas y los hijos que acompañan a sus padres en las tareas agrícolas no superarán ese nivel educativo. En los campos solamente va a la escuela entre 14 y 17 por ciento de los menores de edad.

Si no hay clínica de salud cerca de los sembradíos ni vivienda medianamente digna o alimentación aceptable, menos aún hay salones de clase.

Las familias jornaleras vienen del sur del país, donde no hay trabajo, y migran al norte, donde la tierra cultivable es extensa y la proximidad con el mercado de Estados Unidos es una ventaja.

Son familias que abandonan sus comunidades en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz para irse a trabajar a Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Casi ninguno de los campos donde estas familias van a laborar está formalmente registrado. Se trata de propiedades extensas que igual pueden cultivar uva que papa, lechuga o cebollas. Sus dueños, salvo excepciones, explotan a las personas jornaleras porque saben que la remuneración ofrecida, aunque miserable, es mejor a la que esas familias podrían obtener si se quedasen en la Montaña de Guerrero o en las costas de Oaxaca.

No es exagerado afirmar que muchas de estas familias padecen condiciones igual de precarias a las de sus bisabuelos, antes de la Revolución. En ciertos casos no hay diferencia entre un peón acasillado del Porfiriato y un trabajador itinerante del campo en el presente. Las deudas contraídas para pagar una subsistencia mínima suelen convertirse en una gruesa cadena que atrapa a toda la familia.

Entre 1990 y 2018 el gobierno federal tuvo un programa de ayuda para este sector, el Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas (PAJA). En sus mejores momentos ayudó a las comunidades, tanto las de origen como las contratantes, para que se construyeran, entre otras cosas, escuelas, centros de salud, viviendas, dispensarios o tiendas de alimento a bajo costo. El PAJA también incluyó apoyo económico para jornaleros.

Sin embargo, este programa se desvirtuó con el tiempo. Durante la administración de Enrique Peña Nieto fue señalado como clientelar y propenso a la corrupción. Algunos de sus operadores intentaron manipular los recursos del PAJA con propósitos electorales.

Por este motivo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador optó por eliminar el programa. A partir de enero de 2019 las familias jornaleras fueron expulsadas de todos los padrones del bienestar. Esto fue así porque la Cuarta Transformación eliminó el PAJA y porque las actuales reglas de operación son incompatibles con las características migratorias de las familias jornaleras.

Para ser persona beneficiaria de alguno de los programas sociales del gobierno federal es requisito indispensable residir de manera permanente en una comunidad.

Los Servidores de la Nación, responsables de verificar los padrones, visitan de tiempo en tiempo las casas de las personas beneficiarias y, en caso de no encontrarlas reiteradamente, les apartan del padrón respectivo.

La tragedia se presenta cuando las familias jornaleras pasan largas temporadas fuera de su comunidad.

Los voceros de la Cuarta Transformación afirman que los programas promovidos son universales; esto quiere decir que no existen programas diseñados para un grupo poblacional específico.

Por tanto —explican— iría en contra de la filosofía lopezobradorista confeccionar una política para atender a la más vulnerable de las poblaciones:  son 8 millones y medio de personas las que están en esta situación inmoral y sin embargo son invisibles.

Fuente: RICARDO RAPHAEL. MILENIO DIARIO

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