Dentro de las características del tan mencionado neoliberalismo es que la distribución de valor entre los que lo componen por lo general está sesgada hacia los que aportan el capital. Y este es el caso de la industria del mezcal. De acuerdo con FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), en México se producen 7 millones de litros de mezcal al año, con un valor aproximado de 5 mil millones de pesos antes de impuestos, es decir, un promedio de 675 pesos por litro, en su mayoría producidos por mil 500 productores sin marca propia que venden el litro en 200 pesos promedio a empresas que lo acopian, es decir, a una tercera parte de su valor.
En Santa Catarina Minas, Oaxaca, lugar que visité este fin de semana, la apropiación del valor agregado de tan preciada bebida se debe como todo en el campo: la falta de economías de escala por falta de capital, que da paso al coyotaje, acopio y comercialización de grandes compañías que sí lo tienen.
En contraste, he estado en contacto con una compañía especializada en el cultivo y comercialización de frutos rojos, que su condición para desarrollar una zona de productores es que sean todos pequeños propietarios, donde la aportación de la tierra y mano de obra ocupan dos terceras partes del precio final. Y su retorno a la inversión es cercano a 40 por ciento. Es decir todos ganan.
En mis conferencias, entonces, defino a las empresas neoliberales como aquellas que maximizan la rentabilidad del capital, lo que obstruye una contribución justa a los que aportan otros factores de producción. Y la industria del mezcal es un ejemplo de este tipo de empresas.
Es ahí donde entra la labor del Estado, objeto de mi reclamo. Los mezcaleros necesitan organizarse en cooperativas para ganar economías de escala. Necesitan financiamiento para las labores de embotellamiento, empacamiento y comercialización. Pero, de manera importante, necesitan también ser tratados como productores artesanales que deberían, con el objetivo de preservar nuestros productos culturalmente ancestrales, tener prerrogativas en materia de impuestos, que en su totalidad conforman más de 70 por ciento del precio de venta en el caso del mezcal.
