El sábado, Estados Unidos decidió suspender la compra de aguacate a Michoacán (pretexto conocido) y lo bueno es que ya habían sido exportadas 135 mil toneladas para surtir las necesidades del Super Bowl, 10 se quedaron en la frontera.
La decisión del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales de la USDA de suspender las visitas de inspección fitosanitaria por la supuesta amenaza a uno de sus inspectores, se suma a otras tres acciones, que en el curso de una semana aparecen como “blancos seleccionados” para “mostrar músculo” y, le guste o no al presidente López Obrador, subrayar que no salieron bien las pláticas ni con Granholm ni con Kerry, por más que Ebrard y Nahle insistan en la narrativa de que “hay mucho respeto”.
El primer caso. México es el único país y Michoacán el único estado que han establecido un mecanismo de certificación sanitaria “in situ”, esto es, le pagan al servicio estadunidense para que, junto con la certificación de Senasica, se verifique la inocuidad y la trazabilidad del aguacate. Lo curioso es que las versiones “no oficiales”, si bien hablan de la amenaza al inspector, no indican que ésta de debió a que encontró, justo unos días antes del empaque grande, la incorporación de aguacate de Puebla en un embarque que supuestamente mandaba aguacate de Zitácuaro.
La Apeam, que preside José Luis Gallardo Anguiano, reconoció que la suspensión de la inspección de la cosecha y envíos de aguacate a Estados Unidos, (sin el sello no se exporta) se origina en “violaciones al Plan de Trabajo dentro del programa de exportación” y que están trabajando con las autoridades para “resolver la problemática en vías de un reforzamiento de las prácticas y procesos internos que garanticen la trazabilidad de la fruta”.
Claro, de ello no sólo depende la exportación de Michoacán, sino la de Jalisco, que, se supone, iniciaría en el segundo semestre de este año. La reincidencia es un tema grave de suspensión definitiva del acuerdo.
El segundo caso. Las semana pasada entró en vigor la prohibición a embarcaciones con bandera mexicana de ingresar a los puertos de Estados Unidos en el Golfo de México (alto Golfo), medida que se impuso luego de que la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés) entregó al Congreso de Estados Unidos el reporte de embarcaciones mexicanas pescando ilegalmente en aguas estadunidienses.
Incluyen huachinango y captura incidental de tortugas marinas, especies que se encuentran el peligro de extinción. México fue señalado previamente por este mismo problema en 2015 y 2017. Entre las medidas solicitadas está garantizar que los productos pesqueros que México exporta sean legalmente capturados y se apruebe la NOM de trazabilidad pesquera, que duerme el sueño de los justos en la Conapesca desde hace dos años.
La tercera es que Katherine Thai solicitó consultas en el marco del T-MEC al gobierno de México para que cumpla con sus compromisos medioambientales de protección a la vaquita marina, amenazada por al pesca ilegal de totoaba en el Alto Mar de Cortés.
Son tres acciones dirigidas al mercado primario, pero son de esas acciones “recurrentes” que despiertan cada vez que la relación comercial se tensa. Y para quienes conocen de la relación, no le extrañe que se incrementen pronto las deportaciones de mexicanos con estancia ilegal en Estados Unidos o las denuncias que no cesan de violación a los acuerdos de cooperación para detener el lavado de dinero mediante alternativas que no necesariamente son bancarias, pero que sí usan cada vez más el traslado de remesas sin trazabilidad, de Estados Unidos a México y viceversa, a través de activos virtuales, plataformas y aplicaciones financieras no reguladas.
En Política no hay casualidades y, en trazabilidad, México tiene todas las de perder si el sector privado no se autorregula.
Fuente: ALICIA SALGADO. CUENTA CORRIENTE. EXCÉLSIOR.
