El programa busca establecer en dos años un millón de hectáreas con milpa intercalada con árboles frutales y maderables y generar 400 mil empleos. Las comunidades y ejidos son seleccionados por su biodiversidad, pobreza y violencia y ascienden a un total de 4 mil 120.
El programa Sembrando Vida se presenta ante las asambleas comunitarias y ejidales para saber si aceptan participar. Hasta ese momento reconoce que la tierra es de los ejidos y comunidades y que la asamblea es la máxima autoridad en el territorio.
El problema empieza con el requisito de que cada campesino o campesina –pues se prioriza la participación de las mujeres– cuente con 2.5 hectáreas de tierra en posesión. Los ejidatarios y comuneros son dueños de la mitad del territorio nacional, pero en muchos casos no tienen esa superficie parcelada para su uso personal y muchos jóvenes y mujeres no poseen tierra. Según el programa en estos casos pueden acceder a la extensión requerida estableciendo un contrato de aparcería con el núcleo agrario por lo menos hasta 2024. El ejido o la comunidad cede tierras de uso común y propiedad colectiva al productor, quien dará a cambio la mitad de su cosecha, pero no compartirá el pago de 5 mil pesos mensuales que le otorga el programa.
Los ejidos y las comunidades le dieron la vuelta a la privatización de la tierra que significó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), certificando la mayor proporción de la tierra, como de uso común, porque mantiene las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. Sembrando Vida impulsa que la propiedad social colectiva sea parcelada e individualizada, será muy difícil que cuando termine el programa, esa tierra vuelva a ser de uso común del núcleo agrario.
Los programas forestales que otorgan recursos para los bosques y selvas que son propiedad social colectiva se entregan al conjunto del ejido o comunidad, cuyas asambleas definen su uso y distribución. Esto permite que una parte de los recursos se invierta en aserraderos, beneficios, transportes o en infraestructura, como letrinas, canchas, caminos, mantenimiento de escuelas, etcétera, además de destinar otra parte de ellos al pago de las labores que cada uno de los participantes realiza. Experiencias autogestivas de empresas forestales ejidales también consideran el impulso a la organización comunitaria y tienen en sus reglamentos la prioridad de contratar para los trabajos a los hijos, a las mujeres, o a los avecindados sin tierra. Pero en el caso de Sembrando Vida los recursos se otorgan a los productores individuales, quienes normalmente los destinan al consumo personal, que no fortalece la organización comunitaria, ni dinamiza la economía local. En regiones en las que ya ha iniciado el programa se ha notado un aumento del consumo suntuario, por ejemplo de cerveza en lata.
El programa se propone crear una organización paralela a la organización agraria, pues los participantes se deben integrar a una Comunidad de Aprendizaje Campesina integrada por 25 de ellos, que deben responder a un técnico productivo y a un técnico social. Existe también un coordinador territorial para cada 50 mil hectáreas y 20 mil productores. Los recursos del programa fortalecen esta estructura gubernamental que puede ser utilizada con distintos fines.
Este programa también provoca la diferenciación social, ya que hay un abismo entre los campesinos que reciben su cosecha como producto de su trabajo, y aquellos que, además de su cosecha, recibirán un salario de 5 mil pesos por mes, durante seis años.
La significativa entrada de dinero a las comunidades, que se celebra pues por supuesto lo necesitan, debería estar dirigida de forma autogestiva por las asambleas comunitarias para evitar la polarización social y redistribuir oportunidades y tareas.
Pese a que Sembrando Vida operará en 19 estados, el que concentra un quinto del programa es Chiapas, con 200 mil hectáreas y 80 mil productores, a los que según cifras oficiales llegarán 400 millones de pesos cada mes.
Sembrando Vida operará en 70 de los 118 municipios del estado y en mil 185 ejidos y comunidades. A su paso competirá con esfuerzos de organización autónomos que por años han promovido la agroecología, intervendrá en la reserva de la biosfera Montes Azules, se encontrará con los municipios autónomos zapatistas, topará con movimientos de resistencia al despojo de sus territorios y bienes naturales por empresas extractivas, buscará detener a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.
El gobierno de la 4T ha decidido impulsar la individualización de los apoyos antes que consolidar las estructuras organizativas comunitarias que son una fortaleza real en el país. Pronto podrán observarse los impactos de tantas balas de azúcar.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceecam)
ANA DE ITA. LA JORNADA.
