La desaparición del Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) podría implicar que la atención educativa a infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes sufra recortes presupuestales o incluso su desaparición, por lo cual diversas redes, organizaciones e integrantes de la sociedad civil –entre ellos Tlachinollan– demandaron al Congreso de la Unión no eliminarlo.
Cd. México.-El PIEE ya no ha sido contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 presentado recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que presupone un retroceso en el establecimiento de las condiciones para el acceso a los derechos humanos, alertaron. Ello implicaría impedir el acceso a la educación y participación a un sector altamente vulnerable, lo que va en contra de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las organizaciones señalaron que “la desaparición de un programa educativo específico para atender a las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes, quienes históricamente no han tenido acceso al ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la educación y donde desde una mirada interseccional se puede reconocer distintas situaciones y condiciones como la edad, el origen, el sexo, la movilidad que les colocan en contextos vulnerabilizados y que requieren urgentemente de un programa con enfoque intercultural que dé respuesta a las condiciones de movilidad y de pertinencia cultural, las pone en una situación aún de mayor riesgo”.
Señalaron que desaparecer este programa es perpetuar la “deuda histórica” que tiene México con las miles de niñas y niños indígenas. Por ello, solicitaron al Congreso asegurar la asignación de recursos para mantener el programa educativo de atención a infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes que se inscribe en el PIEE.
Solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un diagnóstico de la situación educativa de las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes, a fin de obtener la información necesaria para realizar una mejor planeación y evaluación de un programa educativo pertinente, de calidad y con recursos suficientes para asegurar el derecho a la educación de estas infancias.
Y abrir espacios de diálogo con las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes y sus familias para conocer las necesidades y prioridades reconociéndoles como sujetos de derechos.
Fuente:CONTRALÍNEA
