Al proponer un enfoque agroecológico centrado en los pequeños agricultores y en la revalorización de los conocimientos y saberes campesinos e indígenas, Sembrando Vida se sitúa a la vanguardia de las nuevas formas de apoyo a las zonas rurales. El “programa de comunidades sustentables” de López Obrador propone a los agricultores propietarios de parcelas de 2.5 hectáreas de tierra libre de uso, mayores de edad y que tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar rural, apoyos financieros, productivos y sociales por un periodo de seis años. Cada beneficiario recibe 5000 pesos, de los cuales 500 son dirigidos a una cuenta bancaria de ahorro; éste pasa a formar parte de una Comunidad de Aprendizaje Comunitario (CAC), formada por 25 agricultores y asociada a una pareja de técnicos que acompañan a los sembradores en la realización de sus actividades. Las CAC, que además de reforzar el espíritu comunitario constituyen un foro de intercambio y de ayuda mutua, tendrán que formalizarse en cooperativas con el fin de perpetuar el funcionamiento del programa. Sin embargo, el potencial de Sembrando Vida viene determinado por los elementos que caracterizan al actual gobierno y que, por consiguiente, forman el marco de aplicación del programa: la centralización y desinstitucionalización del aparato público, la falta de planificación y coordinación entre los ministerios públicos, la coexistencia con otros programas sociales y otras iniciativas, así como el rechazo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Por lo tanto, a pesar de ser un diseño visionario con gran potencial, la estrategia política que subyace al programa reduce las posibilidades de alcanzar sus objetivos, por una parte; por otra, lo empuja a desempeñar un papel en la disolución de las formas tradicionales de cooperativismo y comunitarismo. Estos riesgos se pueden entender al situar Sembrando Vida dentro de una continuidad histórica más amplia1 y de un proyecto político más global.2
Si bien la organización comunitaria y la creación de estructuras colectivas constituyen el núcleo del programa, el gobierno está dejando de lado las funciones e instituciones similares ya existentes. El programa propone una operación en la que no se prevé la consulta de las colectividades rurales, la integración de otras estructuras colectivas, la coordinación con las demás iniciativas civiles o la divulgación pública de información sobre su funcionamiento.
Por otra parte, Sembrando Vida está en consonancia con la lógica de desinstitucionalización y de eficiencia de esta administración. El programa funciona con un personal específico, sin definir claramente los mecanismos de coordinación con otros ministerios públicos y sin basarse en el trabajo realizado de antemano para identificar a los posibles beneficiarios. Asimismo, el programa se ejecuta directamente, sin una lista de beneficiarios, sin un proyecto piloto y sin una fase exploratoria para evaluar las situaciones locales y coordinar con otros agentes clave, lo que tiene un impacto importante sobre los riesgos y las oportunidades derivadas de la implementación del mismo.
En primer lugar, los fenómenos de exclusión se acentúan, así como sus consecuencias. La mayoría de los agricultores de las zonas rurales poseen una parcela de tierra de un tamaño inferior a 2.5 hectáreas. Además, el programa se implementa sin planificación previa, la información disponible sobre su funcionamiento antes de que se implemente es escasa y la selección de los beneficiarios se hace en pocos días en cada localidad. Ahora bien, los individuos que pierden la inscripción durante estos días quedan definitivamente excluidos de Sembrando Vida.
Todas las razones que pueden provocar motivos individuales de exclusión (tamaño de las parcelas, ausencia durante las visitas, documentos no actualizados, falta de información, número máximo de inscripciones, etcétera) conllevan el riesgo de crear desigualdades inter e intracomunitarias. Además, el resto de las instituciones públicas y civiles han sido debilitadas por el gobierno y los demás programas tienen mucho menos apoyo que el propuesto para Sembrando Vida. Esto alienta a los posibles beneficiarios a ingresar en el programa “a toda costa”.
Estos incentivos individuales y de corto plazo han llevado a distintos agricultores a cambiar el uso de la tierra o a romper con su anterior anclaje institucional. Ahora, si los posibles beneficiarios rompen definitivamente con las estructuras o los usos de la tierra anteriores, el programa tendrá un impacto directo en las comunidades en su conjunto, no sólo en los inscritos. Además, si la motivación principal de los individuos para inscribirse a Sembrando Vida es el apoyo económico mensual, es posible que no continúen el trabajo realizado durante el programa al final del mismo.
Otros dos elementos comprometen la creación de cooperativas. Primero, la duración del programa parece corta con miras a acompañar a los sembradores hasta la comercialización de ciertas plantaciones, dado el tiempo necesario para cultivarlas. Segundo, ninguna estructura legal acompaña realmente la institucionalización de las CAC.
Por otro lado, si las cooperativas se crean, ¿cuáles serán los impactos en el mundo rural mexicano en su conjunto? Primero, la falta de consulta de las comunidades, de las OSC presentes y de los ministerios experimentados en el mundo rural crean una desconexión entre un programa con un diseño único y la diversidad de contextos sociales y naturales dentro de los cuales se implementa. Ahora bien, para sembrar más de 1 000 000 hectáreas productivas se necesita un alto conocimiento de los ecosistemas y de las prácticas territoriales locales. Además, en ausencia de una verdadera consideración de las diferentes formas de asociaciones y organizaciones colectivas preexistentes, el programa corre el riesgo, por una parte, de encontrar una fuerte oposición debido a su carácter exclusivo y, por otra parte, de iniciar la creación de cooperativas en paralelo con la existencia de otras formas de organización comunitaria.
De hecho, aunque el programa apoya esta última, la inscripción es individualizada y las comunidades no son consideradas como sujetos colectivos. En consecuencia, los principios de solidaridad, cooperación, reciprocidad y redistribución que transmite el programa seguirán siendo, en muchos casos, específicos de los individuos inscritos. Si no se define el canal de transmisión de las prácticas promovidas al resto de la comunidad, la creación de estos subgrupos de interés conlleva el riesgo de crear una diferenciación social y nuevas tensiones o competencias, y el programa desempeñará un papel en la disolución o el debilitamiento de la organización comunitaria.
Todos estos elementos forman parte del nuevo equilibrio entre Estado, mercado y sociedad civil en el que se basa López Obrador. En su narrativa política, es el Estado el que tendrá que derrocar al neoliberalismo y permitir el desarrollo de la Nación, pero no se prevé el fortalecimiento de la gobernanza y de la autonomía de las comunidades. Sembrando Vida forma parte de esta dinámica: no son las necesidades de las comunidades las que importan, sino las del proyecto de desarrollo nacional.
La mayor preocupación que surge es el hecho de que la sociedad civil no logra desempeñar un papel suficiente en la propuesta de López Obrador. Las medidas universales, la consideración de las comunidades como sujetos colectivos, el fortalecimiento de los ministerios públicos que se ocupan de cuestiones ecológicas y, sobre todo, la inclusión de instituciones experimentadas y arraigadas en contextos locales permitirían lograr objetivos mayores.
Se menciona con frecuencia que el marco estructural que caracterizaba la situación del país en el momento de la elección de López Obrador ha determinado en gran medida el margen de maniobra de éste. Sin embargo, el hecho de que López Obrador fuera elegido con tanto apoyo dejó a la gente y a las estructuras que lo apoyaban esperando una ruptura más radical, aunque difícil de emprender. A su juicio, López Obrador debería empezar por establecer mecanismos adecuados y autónomos para apoyarlos a largo plazo. Sembrar realmente las semillas de este cambio requeriría emprender una creación institucional “de abajo hacia arriba” y no dependiente del Estado, promover lógicas de reciprocidad y redistribución por lo que son y no por lo que representan para la integración en el mercado y favorecer un fortalecimiento de las autonomías locales según sus necesidades y sus definiciones de desarrollo, frente a la inclusión de todas las comunidades en un único proyecto nacional de desarrollo.
Max-Amaury Bertoli, Universidad de Ginebra.
Texto basado en una investigación realizada entre septiembre de 2019 y junio de 2020 como parte de una tesis de maestría en la Universidad de Ginebra, Suiza.
1 La imposición de las agendas neoliberales en los últimos decenios ya tuvo importantes repercusiones en las zonas rurales a las que se dirige el programa. La desregulación financiera, que condujo a una creciente presencia de actores internacionales centrados en las explotaciones agrícolas más rentables y la apertura comercial total, combinada con la dependencia de las importaciones y exportaciones de países extranjeros (dentro de los cuales EEUU es el principal socio), fueron desastrosas para los pequeños agricultores. Además, la intervención de los gobiernos priistas y panistas, aunque marginal, contribuyó a la fragmentación social, debilitando las formas tradicionales de cooperación comunitarias y obstruyendo las nuevas formas de cooperación que emergieron en las últimas décadas. El cooperativismo había sido debilitado. Sin embargo, en este contexto hostil, también algunos movimientos sociales se reforzaron y se crearon diversas OSC, haciendo frente a la mercantilización e individualización de la sociedad. En 2018, es esta ola de indignación contra el neoliberalismo y las consecuencias de su imposición en México, así como a la corrupción generalizada, lo que se federó en torno a la propuesta de cambio de López Obrador.
2 Sin embargo, como se observa desde su elección, a pesar de utilizar un discurso categórico, las herramientas elegidas por el presidente matizan rápidamente su posición “posneoliberal”. La imposición de la austeridad republicana, el rechazo a las OSC y la desinstitucionalización del aparato público, justificadas por la necesaria lucha contra la corrupción, no rompen con un funcionamiento neoliberal. Una de las paradojas principales de la 4T viene del hecho de que no se está llevando a cabo ninguna reforma fiscal, aunque la propuesta de Regeneración Nacional se base en la reafirmación del papel del gobierno en distintos sectores, para lo cual se necesita mayor presupuesto. La reorganización del aparato público se dirige entonces hacia una centralización operativa y atribuye la mayoría de su presupuesto a los programas prioritarios. Por lo tanto, estos 30 programas y los nuevos delegados que los manejan tienen que desempeñar un papel de sustitución de las instituciones preexistentes, cuyos presupuestos fueron reducidos. En la dialéctica de López Obrador, su persona, figura emblemática del Estado centralizado, se opone al “todo mercado” impuesto por sus predecesores, y aboga por la defensa del bien común. Sin embargo, dentro de esta oposición, no hay ningún espacio en el que la sociedad civil pueda emerger y hacer valer sus reivindicaciones. Si esto tiene consecuencias sobre el funcionamiento gubernamental, impacta también fuertemente al programa Sembrando Vida.
Fuente: MAX-AMAURY BERTOLI.
