México se enfrenta a una situación compleja, la crisis económica y productiva que atravesaba el país desde hace una década se ha visto potenciada por la emergencia sanitaria del coronavirus y, son los sectores extractivos los principales causantes de generar las condiciones para la formación y proliferación de enfermedades como el Covid-19 quienes se están beneficiando ante el parón productivo mundial.
La especulación financiera de dichos sectores se ha visto particularmente favorecida ante la sombra de la incertidumbre que actualmente domina a los mercados, por ello sectores como el minero han sido de los pocos que han tenido resultados positivos récord en términos económicos en el último año.
El problema es que estas actividades se desarrollan al amparo de la violencia y el despojo, pues resulta casi indispensable la privatización intensiva del territorio para la realización de un proyecto minero, aunque esto afecte áreas de siembra o pastoreo, cauces de ríos locales, entre otros. Ya que cuando a una compañía nacional o extranjera se le concede la concesión de estos espacios, margina a los pobladores originarios, por lo que las relaciones de poder cambian y surge una figura de apropiación utilitaria, pero también simbólica y cultural.
En este sentido distintas compañeras académicas han demostrado que la minería es una de las actividades productivas que más conflictos provoca (Zaremberg y Guarneros, 2019), pero a pesar de sus evidentes efectos destructivos se ha instalado y permitido que se realice en Áreas Naturales Protegidas (ANP) desde hace varias décadas (Armendáriz, 2016; Azamar, 2017; Olivera, 2018; Servicio Geológico Mexicano, 2017).
Dichas zonas son espacios necesarios para garantizar la conservación de especies animales y vegetales en riesgo, además son fundamentales para la regulación hidrológica y climática, también son necesarias para la subsistencia de comunidades originarias y generan un espacio propicio para la investigación científica. Es decir, sus beneficios solamente por existir superan cualquier posible resultado económico de su uso para la explotación extractiva. Y es que las Áreas Naturales Protegidas son justamente eso: espacios protegidos, resguardados. ¿Por qué entonces se permite en ellas la explotación y exploración minera, actividad con alto impacto socioamental?
Por ello, es que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada que reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es fundamental y adquiere profunda relevancia para garantizar la protección de las Áreas Naturales Protegidas dejando fuera de ellas a la minería. Sin duda, los Diputados hicieron lo correcto al aprobarlo pese al cabildeo de la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX). En dicho documento además se discute la importancia de priorizar la protección de estos espacios por encima de los supuestos beneficios que genera la minería y otras actividades extractivas.
Ahora toca el turno a la Cámara Alta, donde la discusión para aprobar esta propuesta de ley, no deberá verse ensombrecida por la influencia del cabildeo empresarial para detener esta reforma necesaria para garantizar el bienestar futuro del país. Toca a los Senadores, además, destrabar otras cuatro iniciativas de ley cuyo objetivo es la protección de las Áreas Naturales frente a la minería, estas propuestas legislativas han sido presentadas por representantes de diferentes grupos parlamentarios durante los últimos dos años y, pese a ser ejercicios legislativos bien fundamentados han sido enviadas a la congeladora.
Si el actual gobierno realmente quiere hacer un cambio y sobre todo hacer historia, deberá garantizar la protección de la biodiversidad por encima de cualquier interés económico, los Senadores pueden y deben aprobar esta propuesta de ley que sentará un precedente importante del trabajo de la cuarta transformación en la agenda ambiental, una agenda por demás olvidada en este sexenio.
* Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Correo: gioconda15@gmail.com
** Coordinadora en Wildlands Network Programa México. Correo: bety@wildlandsnetwork.com
Fuente: EL UNIVERSAL.
