Mientras las zonas críticas por este delito ambiental aumentan, las incautaciones, recorridos, inspecciones y detenciones se han desplomado en los últimos seis años.
La niebla no deja ver a un palmo. Se asienta entre los tocones, recién cortados, color amarillo fresco. El ulular del viento se mezcla con el balar del ganado y el canto de los pájaros. Filiberta Nevado Templos, una mujer de 65 años que lleva más de una década luchando contra la tala ilegal al norte del estado de Hidalgo, se interna en lo profundo del bosque dejando atrás los cadáveres de los árboles. Suena un ruido estridente, como una motocicleta al ralentí. Aumentan las revoluciones y se escucha el contacto de los dientes de la cadena de la motosierra mordiendo el tronco de un árbol. No hay ningún permiso vigente para talar. Quienes manejan la herramienta, ocultos entre la niebla, son talamontes ilegales. Con cada pino de tres metros que tumben se embolsarán 6 mil pesos.
Filiberta Nevado tiene miedo. “Si algo me pasa, la mato y la remato”, fue la amenaza que le hizo un talamontes hace menos de seis meses. Por eso, esta mañana de marzo escapa de la espesura del bosque hacia una zona más clara, cercana a las viviendas de la comunidad de Zacacuautla, municipio de Acaxochitlán, a un kilómetro de la frontera con Puebla. Hace dos décadas comenzó una pelea por la propiedad del bosque en la que se han cometido tres asesinatos, todos impunes.
Desde entonces, este municipio ha perdido 117 hectáreas de bosque virgen, lo equivalente a 164 campos de fútbol, y una cobertura arbórea —la cantidad de capas de hojas y ramas que cubren el suelo cuando se observa desde altura— de 234 hectáreas, de acuerdo con los datos de Global Forest Watch, una aplicación de código abierto que permite monitorear los bosques.
Acaxochitlán forma parte de las 122 áreas con procesos críticos de deforestación que ha identificado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) debido a la tala clandestina cometida o relacionada con grupos de delincuencia organizada en México. Son 14 más que en 2014. En ese mismo periodo, las acciones contra este delito ambiental se han ido desplomando año con año, incluso antes de la pandemia.
Las inspecciones en bosques, incendios forestales, aserraderos y mueblerías para revisar que no haya madera ilegal o incendios provocados descendieron un 75% (de cuatro mil 600 en 2014 a mil 162 en 2020). Las incautaciones, un 90% (de 54 mil metros cúbicos de madera a 5 mil 700) y los recorridos de vigilancia de bosques se redujeron a poco más de un tercio (de 2 mil 648 a 905). A estos datos, obtenidos a través de diversas solicitudes de transparencia, se añade el recorte en el presupuesto de PROFEPA: 1,100 millones de pesos en 2014 por 793 en 2020, un 30% menos.
Caminar por las 170 hectáreas del bosque de pinos de Zacacuautla, que rodea los 3.5 kilómetros que separan la comunidad del pueblo de Honey, Puebla, corrobora en terreno la comparación de las imágenes satelitales de la zona de 2004 y 2020: una cuarta parte ha perdido una cantidad importante de sus árboles. En grandes extensiones de la cara oeste casi no quedan troncos anchos. En los tocones, algunos frescos y otros más antiguos, no hay marca de un martillo, una especie de sello con el que la Secretaría de Medio Ambiente debe autorizar que sean tumbados. Si se accede desde el este, se entra en una zona desolada de aproximadamente dos hectáreas. No queda un árbol en pie, sí basura quemada, aserrín reciente y astillas frescas. El color amarillo supera por mucho al verde.
La propiedad de 55 de estas 170 hectáreas, donde están unos mantos acuíferos que abastecen de agua a Zacacuautla, es el objeto del conflicto que comenzó hace 20 años. En ese tiempo, además de los tres asesinatos, ha habido amenazas y denuncias cruzadas entre la Cooperativa El Ocotenco, liderada por Filiberta Nevado Templos, y la familia Canales Templos.
“A finales de los años 90 una familia que vive cerca del monte, los Canales Templos, dice de repente que el monte es suyo y empiezan a talar de forma clandestina por los alrededores”, denuncia Nevado, de pelo largo y cano. Ella asegura que el bosque pertenece a la familia Gómez García, originarios de Honey.
El líder de los Gómez García, Francisco, fue asesinado en agosto del año 2000 tras un primer juicio contra los Canales Templos. El siguiente albacea de la familia, Alejandro, llegó a un acuerdo con parte de la comunidad de Zacacuautla para venderles dos hectáreas de esos terrenos y donarles otras dos para un panteón. En septiembre de 2004 fue asesinado Samuel Cruz Hernández. “Él vivía muy cerca del bosque y escuchaba cada vez que sonaba la motosierra, entonces nos avisaba e íbamos ahí con la comunidad para correr a los talamontes”, recuerda Nevado. “Tenía un negocio de truchas y un día muy temprano fueron a su casa con esa excusa, salió a la puerta a abrirles y le dispararon”.
En enero de 2007, según Nevado, comenzó una tala a “matarras” —sin dejar ningún árbol. Tras tocar varias puertas institucionales, los integrantes de la cooperativa se enteraron de que los Canales Templos tenían una escritura de propiedad de los predios y habían conseguido un aprovechamiento legal para talar las 55 hectáreas en 10 años. “Para nosotros era la muerte, ya que ahí está el manantial y sin bosque no hay agua”. Comenzaron entonces diversas acciones para impedir la tala, aunque fuera legal. La familia Gómez García puso una demanda en 2008 por 35 hectáreas. El juicio, 12 años después, aún no se ha resuelto. Como en un predio que esté en litigio no puede haber un aprovechamiento forestal, se cancelaron los permisos de tala que solo quedaron vigentes en las otras 20 hectáreas.
“Entonces todavía usaban trabajadores normales. Íbamos ahí y les explicábamos que no les íbamos a dejar talar. Si insistían, les quemábamos las motosierras y les avisábamos que lo siguiente era su camioneta”, dice Nevado. “A principios de 2009 ellos contrataron una banda delictiva llamada ‘Los Negros’, que se dedica la tala, al robo y al secuestro, entonces se puso cada vez más violento y ya solo vamos las mujeres”. Nevado recuerda un día en que ella y otras siete mujeres se abrazaron a unos árboles para protegerlos y les pasaron la motosierra entre las piernas y por encima de la cabeza.
En 2013, tras años de vigilancias y denuncias contra la familia Canales Templos por abusar de esos permisos de aprovechamiento —talando más árboles de lo permitido o fuera de las zonas autorizadas—, la PROFEPA suspendió la tala en las otras 20 hectáreas. “Ahí celebramos a lo grande, pero fue una ilusión. En 2014 volvió la tala clandestina, pero el grupo, como pensamos que ya habíamos ‘ganado’, se había disuelto. De 400 personas pasamos a menos de 60”, se lamenta. “Primero talaron poco, luego más fuerte. Y partir de 2016, los Canales Templos se pelearon con ‘Los Negros’ y entraron varias bandas más. En estos cuatro años se perdió mucho monte”. Las imágenes de satélite muestran esa cronología.
En su casa en la vecina Tulancingo, Pedro Canales Templos niega las acusaciones de Filiberta Nevado. Tiene un dossier sobre ella en el que se la tacha de zapatista peligrosa y de querer reproducir un ‘caracol’, un centro de autogobierno zapatista, en Zacacuautla. Es un hombre de la edad de Filiberta, viste un suéter a rombos y habla de forma atropellada.
“A mi la PROFEPA me ha multado muchas veces, puede que 100, nos acusaban de talar por la noche, pero no éramos nosotros”, agrega mientras confirma la secuencia de hechos relatada por Nevado, con una diferencia: “Ella se unió a los talamontes, cobra de ellos, todo por que no me pudo quitar los terrenos. En el monte, en el último año, han tirado 5,000 árboles. Son cuatro bandas de talamontes, ‘Los Negros’ de Honey, ‘Los Perros’ de Amapoloa, ‘Los Crismas’ de Zacacuautla, y otra más de Honey. Toda la policía de Axochitlan recibe dinero de los talamontes, a 500 pesos por viaje”.
A él, dice, Los Negros le dieron una paliza en 2019. “Venían sacando madera del bosque, les hice una foto y se bajaron, me golpearon, cargaron madera en nuestra camioneta y llamaron a la policía para que nos detuvieran por talamontes”. Asegura que los denunció desde 2016, pero solo tiene copias de oficios de 2019 en adelante. En venganza, cuenta, degollaron a su hermano Edmundo.
Adiós a cuatro millones de hectáreas
Un estudio de la Comisión Nacional Forestal estimó que, entre 2001 a 2018, se deforestaron en todo México 3.8 millones de hectáreas, unas 212 mil hectáreas al año, aproximadamente la misma superficie que el estado de Yucatán. Los datos de 2020 señalan que aún existen 65 millones de hectáreas de bosque y selvas, y 15 millones más de otras áreas forestales. El valor ecológico de los bosques y selvas, en un contexto de calentamiento global acelerado, es regular el clima, capturar carbono y otros contaminantes. También infiltran y retienen la lluvia hacia los acuíferos, de los que beben las ciudades y la fauna.
La organización ambientalista Greenpeace enumera dos causas principales para la deforestación en México: el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en campos para cultivo o ganadería, y la tala ilegal.
“La tala clandestina involucra a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, transportistas y dueños de aserraderos y madererías”, señaló PROFEPA ante un cuestionario a través de correo electrónico. “Se encuentra directamente relacionada con las cuatro etapas que forman parte de la cadena productiva forestal: aprovechamiento, transporte, transformación y almacenamiento de materias primas forestales”.
Para explicar la tala clandestina, la institución enlista varios fenómenos. La necesidad de madera en bruto de los aserraderos y mueblerías supera la producción legal de los bosques, lo que lleva a que haya demanda de madera ilegal. La sobreexplotación de los recursos autorizados, es decir, en predios legales se tiran más árboles de los permitidos, o se piden permisos para cortar árboles enfermos y que no se propague una plaga, pero se usan para tumbar árboles sanos. Otras causas, detalladas en el correo, son el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para ampliar zonas de cultivo, ganado y asentamientos humanos que lleva a una pérdida irreversible; la indefinición en la tenencia de la tierra, que hace que entre comunidades vecinas se aprovechen los recursos clandestinamente; y la falta de alternativas económicas que orilla a la gente a incurrir en la tala de subsistencia.
Respecto a la bajada en los indicadores y acciones, PROFEPA argumenta que “a partir de 2019 se implementó como estrategia la atención prioritaria de zonas o áreas donde se concentra un mayor número de ilícitos forestales, o que se realicen en áreas naturales protegidas, a fin de que en ellas se tenga una presencia constante o permanente”.
Desierto de tocones
En Acaxochitlán, en el desierto amarillo lleno de cadáveres de árboles, camina Benjamin Herrera esta tarde de marzo. Policía estatal desde hace 12 años, lleva seis a cargo de la seguridad pública de otros municipios de Hidalgo y llegó a este municipio el pasado 22 de enero. En estos primeros dos meses ha recibido al menos 60 denuncias ciudadanas de tala ilegal en los bosques.
“Los que talan ilegalmente son gente de las comunidades, que lo hacen sin control, y otros que entran desde municipios de Puebla a robar árboles”, cuenta. “En diez casos hemos asegurado unas 90 trozas de diferentes diámetros, hemos asegurado cuatro motosierras y dos camionetas de tres toneladas y media con trozas. Cuando los talamontes se ven acorralados, las abandonan y salen corriendo. También hemos detenido a dos de ellos”. Herrera tiene seis unidades, con 35 elementos por turno, para atender todos los delitos de este municipio de 40 mil habitantes.
“Ellos manejan ‘halcones’: jóvenes menores de edad en moto, que nos están cuidando desde que nos movemos. Hablan entre ellos con ‘walkie talkie’, y si detectan nuestra presencia, se van. Tengo la sospecha de que hay veces que son denuncias falsas, es decir, mueven mi unidad a una zona y mientras pasan algún trozo hacia los aserraderos o talan en otra zona. Batallamos mucho con eso”, se lamenta.
En caso de que encuentren herramientas, camionetas o materia prima abandonada, hacen aseguramientos y avisan a la Fiscalía General de la República y PROFEPA, ya que la tala ilegal es un delito federal. De 2014 a 2020 solo 347 personas han sido presentadas ante el Ministerio Público por este delito. “Nos ayudan con la puesta a disposición y ya, media vuelta a Pachuca [la capital de Hidalgo]. Pero nosotros queremos más apoyo”.
Sobre este bosque de 170 hectáreas por donde pasea, cuenta que estuvieron trabajando con PROFEPA para tratar de protegerlo: “Había una familia, varios hermanos, que se apellidan Canales Templos, que tenían un predio donde estaba talando una banda criminal de Puebla”.
—¿Son los Negros? —pregunto.
—Probablemente. Esa familia solicitó un aprovechamiento para reforestar, pero se detectaron varias cosas extrañas. Estaban limpiando, pero cada tres días se llevaban dos árboles buenos. Los talaban, y luego pedían permiso para venderlos. Por eso hablamos con PROFEPA para que les cancelara el permiso de limpiar y reforestar.
Herrera, con experiencia en zonas afectadas por el huachicol, la venta de combustible robado, compara los dos fenómenos: “En el municipio de Cuautepec de Hinojosa, donde pasan los ductos, mandaron al Ejército y la Guardia Nacional. No me gusta que minimicen la tala de monte. Aquí la magnitud del problema es muy grande”.
20,000 pesos por una noche de ‘trabajo’
En el ejido Chacalapa, unos pocos kilómetros al sur de Acaxochitlán, Ángel López, director técnico de la Asociación de Silvicultores de la Región Pachuca-Tulancingo, enseña un bosque con aprovechamiento forestal legal. Su asociación agrupa 38 ejidos y 180 pequeñas propiedades forestales, con 4 mil 400 productores y 12 mil hectáreas forestales integradas.
Se ve una diferencia clara con el bosque de Acaxochitlán. Las diferentes zonas están valladas. Hay señales que indican que existe un aprovechamiento forestal autorizado o que son de recuperación. En las partes donde hay tocones, estos tienen la hendidura, la marca del martillo forestal, y entre ellos hay pequeños pinos reforestados. Hay restos de copa de árbol y restos de ramas.
López explica cómo debe aprovecharse un bosque con uno de 50 hectáreas: el máximo aprovechamiento de un pino en esta zona es cuando cumple 50 años, entonces hacen “turnos” por hectárea. Cada año se talaría una hectárea y después se reforestaría, creando un proceso cíclico. El precio actual del metro cúbico de pino es de unos 2,000 pesos en un aserradero.
“Un talamontes ilegal, en una noche, puede sacar en una camioneta de tres toneladas y media unos 10 metros cúbicos, que son tres árboles de buen tamaño, y pueden ganar 20 mil pesos. Nada mal para una noche de trabajo y, además, una vez que entra en un aserradero, es casi imposible detectar si es legal o no”, agrega.
Esta afirmación es confirmada por tres ingenieros forestales, quienes piden el anonimato por temor a los talamontes. Señalaron, además, que algunos de los grupos de huachicoleros, ante la mayor persecución de este delito, han diversificado sus actividades hacia la tala ilegal.
En Zacacuautla, que pertenece a Acaxochitlán, hay al menos tres aserraderos en el barrio Tecorral. Los caminos son estrechos, pura terracería. En uno, donde cinco trabajadores sierran troncos en máquinas hechizas, tres policías —uno armado con un largo fusil— se acercan a preguntarles si quieren ser entrevistados para este reportaje. Contestan que van a llamar al patrón.
Los agentes regresan a su vehículo. Los cinco jóvenes dejan de serrar y se sientan a esperar. Hay centenares de troncos frescos, apilados, esperando a convertirse en tablones. Pasan unos pocos minutos. Nadie llega. Un hombre mayor nos pregunta qué hacemos ahí. Se aleja. Los trabajadores nos observan y se escucha el ruido de un motor. El agente agarra la empuñadura y acerca el dedo al gatillo de su arma larga.
—¿Mejor nos vamos? —le comento.
—Sí, mejor.
Los agentes montan en su camioneta. Nosotros en nuestro carro. Detrás, bloqueando el camino de vuelta, se para una camioneta, alta y blanca, de vidrios tintados. Delante surge otra, que deja el espacio justo para que pase un carro por la terracería. Al cruzarse con nosotros, sus cuatro ocupantes nos miran fijamente. Un talamontes del Tecorral fue quien amenazó de muerte a Filiberta Nevado.
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