La Audiencia Pública «Tala Clandestina en la Sierra» busca entablar gestiones para la atención prioritaria por parte del Estado con presupuesto público
Acusan a la tala ilegal e inmoderada en el bosque de la Sierra Tarahumara de ocasionar efectos devastadores en el cambio climático, como las sequías y la complicación de los incendios. La Audiencia Pública «Tala Clandestina en la Sierra» inició el día de ayer y continuará hoy y busca entablar gestiones para la atención prioritaria por parte del Estado con presupuesto público designado para garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios.
El secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, indicó que la tala ilegal es un problema mundial que nos afecta cercanamente con el ilícito realizado en los bosques de la región serrana, afectando además del medio ambiente las condiciones de vida de los pueblos originarios.
“El bosque de la sierra es un pulmón de nuestro estado, esta práctica ha ocasionado severos problemas como el cambio climático y la falta de lluvias, además de obligar a los rarámuris al propio desplazamiento de sus tierras afectando sus vidas al salir de los pueblos originarios”, indicó.
Este ejercicio que se realiza dentro de la ley de participación ciudadana es moderado por el Instituto Estatal Electoral todo en el marco de los foros “Dignidad para la Sierra Tarahumara”, en la que se analizará la situación de la tala clandestina en la Sierra Tarahumara.
La continuidad en este día será de las 16:00 a las 18:00 horas y el objetivo principal es conocer y visibilizar la problemática que existe en la región y lograr que sea considerada de atención prioritaria por parte del estado con presupuesto público designado para garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios.
La audiencia pública es transmitida por las redes sociales de la Secretaría General de Gobierno. Se contará con la participación de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría General de Gobierno, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Coordinación Estatal de Pueblos Indígenas (Coepi), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de Desarrollo Rural.
Por parte de la sociedad civil, participan: Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Cosyddhac); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Cedehm); Red Ciudadana; Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C., así como el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C.
Fuente: El sol de parral
