En México se gastan unos 10 mil millones de pesos en mantenimiento y tendidos de drenaje, sistemas de potabilización y plantas de tratamiento, según el reporte del Inegi sobre Destino de la inversión en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en México correspondiente a 2019.
De éstos, mil 700 millones de pesos se contabilizan como costos para tratar el agua en unas mil 200 plantas de tratamiento municipales. No hay conteo claro sobre cuántas industrias o empresas agrícolas y pecuarias tienen plantas de tratamiento, pero la data ecológica publicada por el instituto muestra que la contaminación de cuerpos de agua superficiales en el país ronda los 35 mil millones de pesos.
La pura data muestra que cuesta más a los mexicanos la contaminación que la supuesta inversión en descontaminar el agua, amén que la Conagua, que encabeza Germán Martínez Santoyo, reconoce que más del 60% de los cuerpos de agua superficiales (de donde tomamos la mayor parte del agua potable) están contaminados.
En función de lo anterior, le actualizó que el tránsito de la NOM 001 de la Semarnat que modifica los límites permitidos para verter el agua al drenaje será revisada en cuanto a temporalidad, tanto para industria como para los organismos operadores de agua.
Entiendo que la respuesta será evaluada no sólo en la Semarnat, que encabeza María Luisa Albores, sino por el equipo económico incluyendo al a secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; la Sader, de Víctor Villalobos, y la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O.
La razón: se reconoce que son elevados los montos de inversión pública que se requieren para que los organismos operadores de agua (en México hay cerca de tres mil 501 organismos, pero 672 son formales, de acuerdo con la ANEAS) puedan ejecutar el cambio ordenado por la norma en cuestión, y también en el caso de la aplicación privada.
Una ventaja hoy está en la miscelánea fiscal propuesta porque se plantea que para el 2021 pueda ser deducida al 50% la inversión en el primer año y el resto en el segundo, pero, por el efecto de la pandemia, las utilidades no son robustas y por ende, se hace necesario revisar las condiciones en que podría estimularse la adopción y el tránsito tecnológico ordenado.
El sector privado tiene en Pemex, de Octavio Romero, y CFE, de Manuel Bartlett, a sendos gestores de su causa, pues a ellos como empresas de energía, les pega durísimo la NOM si se aplicara a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin integrar plazos claros para alcanzar el objetivo.
Se comenta que podría haber financiamiento verde en tasas y plazos razonables provenientes de la banca comercial con garantía de banca de desarrollo, en el caso de entidades gubernamentales con Banobras, en el de sector Agropecuario con la Finde y en el caso privado con Nafin. Le seguiré actualizando.
Fuente: EXCÉLSIOR
