MÓNICA SILVA DÁVILA. EXCÉLSIOR
Hace unos días, el 15 de octubre para ser exacta, se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el cual desde diciembre de 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció, y cito textual, “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
A partir de entonces, se ha insistido en repetidas ocasiones, diseñar, crear e implementar acciones y estrategias para poder mejorar la calidad de vida de estas grandes mujeres, incluyendo, obviamente, a las mujeres indígenas y aquellas con alguna discapacidad.
Entonces, ¿qué falta? Además del evidente recorte presupuestal en los programas o, incluso, la desaparición de éstos que beneficiaban a este grupo de la población, continúan los esfuerzos por conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres, esto claramente es el componente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, objetivos globales de la agenda de desarrollo sostenible.
Y hablando de las mujeres y la famosa Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con los derechos de las mujeres rurales son: 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas y, 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos; mismos que alcanzarán sus metas, si todos, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, hacemos nuestra parte. La participación de las mujeres en el desarrollo de las comunidades rurales es trascendental, ellas colaboran al desarrollo familiar y contribuyen a la erradicación de la pobreza y del hambre, así como al fomento de un desarrollo sustentable. Sin embargo, su participación continúa siendo disminuida por diversas causas, como la desigualdad, la discriminación o los estereotipos de género.
En México, un poco más de 13.7 millones de mujeres viven en zonas rurales, mismas que son casi una cuarta parte de la población femenina nacional. De 61.5 millones de mujeres mexicanas, el 23% vive en áreas rurales y de ellas, el 75% son mayores de 12 años; lo anterior según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C.
Estas mujeres son responsables de más del 50% de la producción de alimentos, pero, a pesar de ello, no son tomadoras de decisiones y otras tantas carecen de títulos de propiedad de la tierra.
Según, datos del Registro Agrario Nacional (RAN), el padrón de 5.3 millones de personas que poseen núcleos agrarios en el país, únicamente 1.4 millones son mujeres (26%). Esta situación las coloca en una notoria desventaja al no poder recibir apoyos de programas de equipamiento, infraestructura, créditos o apoyos económicos para la producción o servicios ambientales.
Uno de estos programas es Sembrando vida, que desde 2019 y para el gobierno federal sólo 20 estados de la República Mexicana son México. ¿Y los demás? Pero bueno, dejemos a un lado que se olvidan de las otras 12 entidades federativas. Lo imprescindible es no soltar a las mujeres de las comunidades rurales e integralas a las cadenas de valor de los diferentes sectores productivos, como lo es el del turismo. Bastaría con fijarnos en el nuevo perfil del turista, en tiempos de pandemia, y analizar los cambios en sus hábitos para darle la bienvenida en nuestro país, al turismo rural. Este nuevo perfil del viajero busca el contacto con la naturaleza, con espacios abiertos y actividades al aire libre, lugares no masificados y cercanos a su domicilio. Además, muchos de ellos prefieren convivir con los locales, ayudarles en sus tareas diarias e incluso hospedarse en sus casas.
Es el momento perfecto para brindarles a las mujeres rurales una alternativa de emprendimiento y de que, sobre todo, continúen realizando sus actividades tradicionales y ancestrales, con un nuevo apellido: turismo rural sustentable, generando ingresos, conservando su entorno y protegiendo su patrimonio cultural.
