4T y la Banca de Desarrollo: FINAGRO y el PEF 2020

 

ISABEL CRUZ. EL FINANCIERO.

El proyecto de presupuesto federal 2020 entregado el pasado 8 de septiembre por el Gobierno de la 4ª Transformación arroja agua helada sobre el proyecto de Ley para crear la Financiera Nacional Agropecuaria (FINAGRO) y sobre la viabilidad de permanencia a nuestra actual banca de desarrollo agrícola. Ofrece, por tanto, la oportunidad de revisar a profundidad las bases y el modelo de funcionamiento de toda la banca de desarrollo para el campo: FIRA y FND, generando una revolución financiera que logre la más amplia inclusión al crédito productivo.

La iniciativa de Ley que crea la FINAGRO no resuelve el acceso mayoritario y amplio de los productores al crédito productivo. Ofrece más de lo mismo: una solución “desde arriba”, descendente, centralizadora, teniendo como centro un organismo gubernamental. Propone integrar a cuatro organismos del gobierno federal: FIRCO, FOCIR, AGROASEMEX Y FND, ninguno de los cuales tiene gran influencia en el mercado financiero. ¿Qué hace suponer que fusionados lo sean ahora? Nada.

Ni los instrumentos fusionados tienen amplia cobertura, ni tienen recursos financieros (suficiencia presupuestal), ni tienen brazos ejecutores (ventanillas, sucursales, presencia en los diferentes territorios del país), ni han tenido experiencia de atender la diversidad de demanda de productores rurales. Se trata de un ordenamiento institucional con alcances limitados. Muy mala idea unir la gestión técnico-financiero de los riesgos climáticos de una aseguradora (Agroasemex) con el patrimonio y respaldo de una institución financiera que gestiona riesgos de crédito (Finagro). Mucho más inviable en el contexto de cambio climático acelerado que hace prever intensificación de riesgos financieros.

El gran desafío del financiamiento rural es la ausencia de infraestructura financiera con experiencia, capacidades técnicas y presencia territorial en los más de 190,000 localidades con menos de 2,500 habitantes.

Es decir, intermediarios financieros rurales con oficinas, técnicos de campo y recursos financieros (provenientes del ahorro, del fondeo con Banca de Desarrollo o del fondeo con Organismos Internacionales). El proyecto de Ley para crear la FINAGRO, sin embargo, no nos dice nada acerca de cómo logrará llegar a la base de la pirámide, a productores medios y grandes. Cómo contribuirá a generar inclusión financiera y acceso al crédito productivo con equidad.

Tras 80 años de Banca de Desarrollo el modelo centralista descendente ha demostrado ser una solución inviable: nunca ha podido atender con cobertura en el primer piso a la mayoría de productores, regiones y tipo de agriculturas y economías rurales y sí ha concentrado en agricultores medios y grandes y zonas desarrolladas el crédito productivo, profundizando la desigualdad en el campo.

La 4ª Transformación y las reformas a la Banca de Desarrollo no pueden repetir las políticas que han fracasado ya sea por burocracia, corrupción, incapacidad institucional o generar incentivos que llevan a comportamientos oportunistas (moral hazard) intentando sustituir y desplazar un mercado financiero que sí puede ser eficiente y penetrar a zonas donde se requiere bajo incentivos adecuados y políticas públicas orientadas para este fin.

La construcción de un nuevo sistema financiero rural pasa por reconocer la necesidad de organizar financieramente a la sociedad rural y modificar la Banca de Desarrollo para servir a las diversas regiones y agriculturas diferenciadas de México, algo que no puede hacer sin la presencia de intermediarios financieros rurales, en especial, los dedicados al ahorro y crédito que generan soluciones integrales de inclusión financiera y acceso al crédito productivo.

La solución más eficiente de acceso a servicios financieros y al crédito productivo es la construcción de sistemas financieros descentralizados: un amplio sistema de instituciones financieras rurales de ahorro y crédito, locales propiedad de productores y de sociedad rural, actuando en territorios rurales muy diferenciados entre sí, pero con integración financiera en un segundo piso (cajas centrales) o bancos especializados, que permita generar estándares de calidad en la protección del ahorro y en el otorgamiento de créditos. Este modelo de infraestructura financiera ya tiene un alto nivel de viabilidad institucional en México, pero aún se requiere perfeccionar el marco regulatorio financiero y la regulación secundaria que admita las especificidades rurales. Pero se requiere, sobre todo, políticas públicas orientadas a generar este amplio Nuevo Sistema financiero Rural. La ENA 2017 arrojo que 23 de cada 100 productores reciben crédito de las “cajas populares”, en contraste con la FND (15.7%), Bancos (11%), Uniones de crédito (3.5%) y Sofomes (1.7%)

Una amplia reforma financiera rural, debería cambiar la visión y la orientación descendente para abrir paso y reconocer la evidencia que ya registra INEGI en la Encuesta Nacional Agrícola del 2017: la creciente presencia de sociedades de ahorro y préstamo como principal fuente de acceso al crédito.

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