En parlamento abierto, productores agrícolas demandaron a los diputados federales modificar el contenido del proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo federal, el cual deberá ser aprobado antes del 15 de noviembre. Ganaderos, representantes de agricultores y de los secretarios de Desarrollo Rural de los estados consideraron que un perentorio recorte en el apoyo a las actividades del sector primario resultará en un grave problema para el país, que incluso podría acarrear inconformidad social.
En respuesta, mientras Alfonso Ramírez Cuéllar aceptó la crítica de los productores y se comprometió a llevar esas peticiones al análisis dentro de la Comisión de Presupuesto, el priísta Ismael Hernández Deras exhortó –desde ahora– a los diputados de la comisión a reasignar recursos.
Si los ganaderos arguyeron que en las actuales condiciones ese sector –que no es precisamente pobre– no produce ni siquiera el 50 por ciento de lo que consumimos, concienticen el paquete económico; no queremos apoyos asistencialistas, sino apoyo para seguir produciendo
, a su vez, Octavio Enrique Jurado, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario de los Estados, fue enfático:
Lamentablemente el proyecto de presupuesto mató la posibilidad de crédito y lo que hace es generar más presión. Necesitamos consistencia en las políticas públicas; cada año le inventamos y le quitamos, cada año se nos ocurre una nueva cosa y luego ya no, le cambiamos de nombre y tampoco. Nos parece que el desafío es mayor, invitamos al legislador a que no corramos esos riesgos, que podamos platicarlo. Y juntos seguramente podremos encontrar la mejor solución. Nosotros como gobernadores, esto es de los gobernadores, sí vemos un tema de riesgo en gobernabilidad, en inconformidad social, que sí queremos dejar en la mesa para que la podamos discutir más adelante.
Víctor Manuel Galicia, de la Confederación Nacional Campesina, exigió congruencia a los representantes de los partidos, pues lo que se requiere es voluntad de todos los diputados, parece ser que quien está imponiendo el presupuesto es la Secretaría de Hacienda, y esa no es su función. Son los diputados los que deben tomar esas decisiones
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En ese tono, Jorge Montañer Mendoza, enlace legislativo de pescadores, reclamó que a la actividad primaria le está dando un duro golpe el Ejecutivo federal, se han agredido a las organizaciones, se ha desconfiado de todos los componentes de la economía, y eso es grave porque hay personas que queremos trabajar. Mientras nos están pegando a las actividades primarias, está aumentando el rango para regalar dinero a las personas
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El diputado priísta Hernández Deras se opuso a cualquier recorte en el gasto al campo, “no estamos de acuerdo con que haya riesgos de recortes en los programas de apoyo a la producción.
Estamos pensando en cómo cumplir la propuesta de soberanía alimentaria, pero en qué cabeza cabe que se va a garantizar castigando a los productores del campo. Que el presupuesto no se quede como llegó. Que las reasignaciones las vote la Cámara de Diputados. Los campesinos no quieren dádivas, quieren incentivos, se requiere subsidio como en cualquier otra economía del mundo
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Por su parte, Ramírez Cuéllar replicó que no podemos seguir incrementando los recursos para seguir haciendo lo de siempre. Yo creo que podemos encontrar soluciones, quisimos tener ingresos mayores para cambiar de fondo. Ha sido aleccionador lo que nos han presentado aquí, vamos a resolverlo de forma estructural. Las críticas que nos hacen son justas
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Politiquería, afirmar que era un gravamen, recrimina Alfonso Ramírez Cuéllar
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas elaboraron un análisis sobre el impacto de la adición a la Ley de Ingresos, que pretendía obligar al pago por el exceso de consumo de agua proveniente de los sistemas de riego, y concluyeron que el 99.9 por ciento de los productores que poseen menos de 100 hectáreas no serían perjudicados.
No obstante, el uso mayoritario del líquido a manos de los grandes productores como Bachoco, cuyo dueño es Eduardo Bours Castelo; el Consejo Nacional Agropecuario, encabezado por Bosco de la Vega; de la lechera Lala, propiedad de Eduardo Tricio Haro; de Herdez, dirigido por Héctor Ignacio Hernández Pons, entre muchas más de esas poderosas firmas, estarían obligados a pagar por el exceso de agua dulce que se conduce a través de los sistemas de riego, y cuya recaudación anual alcanzaría 500 millones de pesos en todo el país.
De haberse obtenido ese monto para el ejercicio fiscal del año próximo, se hubiera destinado a la construcción de infraestructura hidráulica, así como a la modernización del sistema de conteo y medición de uso de agua, que en suma requieren –a la fecha– de una inversión global de 12 mil millones de pesos.
El centro de estudios del Poder Legislativo refiere que para garantizar la equidad y la progresividad del marco legal, las cuotas deben considerar a todos los contribuyentes que participen en las actividades agrícolas y pecuarias, a través de la eliminación de las ventajas existentes, y aplicando el pago del uso del líquido a la agroindustria y las actividades pecuarias industrializadas, con una concesión mayor a los 216 mil 365 metros cúbicos de agua.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, acusó: “Es totalmente falso, es una politiquería que se diga que se iba a gravar el agua, es una mentira, ¿quién protestó?, los millonarios, los que se roban el agua. Hasta 99 por ciento de los campesinos estaban protegidos.
“Son mafias las mesas directivas de los módulos los que se han enriquecido por la necesidad. Quién salió a protestar, Bosco de la Vega, Bachoco, los de Herdez, de Lala, los grandes propietarios, los ganones de siempre van a ser los de siempre.
Queremos aclarar esto porque lo que se ha difundido es mentira, es politiquería. Toda el agua concesionada es gratuita, y el que se exceda que pague, queríamos que con 500 millones de pesos se invirtiera en tecnología.
ROBERTO GARDUÑO. LA JORNADA.
