La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideró que la pasada consulta indígena no cumplió en su totalidad con los estándares internacionales.
Luego de asistir su personal en calidad de observadores a 4 de las 15 asambleas regionales informativas y en 8 de las 15 asambleas consultivas celebradas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, la ONU-DH estableció que desde un inicio las convocatorias a estas reuniones hacían referencia a la realización del proyecto y sus beneficios y en ningún momento los impactos negativos que pudiera tener la obra en su paso por cinco estados del sureste.
Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa.
La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”, refirió el organismo internacional.
Señaló que durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales no estaba condicionada a la aceptación del proyecto.
Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta”.
Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado”, señaló.
La ONU-DH identificó como motivo de preocupación los tiempos, sitios y metodología para llevar a cabo la consulta indígena.
En este sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades”, afirmó.
Otro aspecto que causó preocupación en el organismo multilateral fue la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos lugares para asegurar su inclusión.
Además, en algunas sesiones observadas no hubo claridad sobre los acuerdos alcanzados, quiénes participarían en los comités para atender afectaciones por el proyecto ni cómo operarían.
La Oficina hace un llamado a las autoridades para que dichos estudios incorporen la participación e información de las comunidades involucradas, así como un enfoque de derechos humanos. Igualmente se alienta a que también se contemplen los posibles impactos en las áreas con derecho de vía o líneas de electricidad”, refirió.
La Oficina de ONU-DH reconoció la decisión del Gobierno de México de realizar esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la consulta y el consentimiento para el proyecto mencionado, pero sugiere atender las necesidades básicas manifestadas por las comunidades independientemente del proceso de consulta, consentimiento, aprobación e implementación del proyecto Tren Maya.
La ONU-DH agradeció la invitación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del Fondo Nacional del Fomento al Turismo y de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para participar como observadora en este proceso.
ENRIQUE SÁNCHEZ. EXCÉLSIOR.
