La violencia sistematizada contra los habitantes de los bosques, y la falta de respuesta ante las denuncias, son parte de la gran problemática que enfrentan los bosques de Chihuahua.
CHIHUAHUA, Chihuahua. La tala ilegal y la intromisión de grupos del crimen organizado; además de la proyección de mega proyectos sin consulta a los pueblos indígenas, la no coordinación entre entidades gubernamentales y la necesidad de ser escuchados y respetados en los sistemas tradicionales, fue parte de los temas que se abordaron en el Foro Aquí Estamos: Dignidad para la Sierra Chihuahuense.
El Foro Tres, con la temática de medio ambiente, pertenece a un ciclo de nueve, que es organizado por Consultoría Técnica Comunitaria A.C., Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, en el que fungió como moderador el antropólogo Juan Loera, y participaron como panelistas Citlali Quintana, directora de CECADDHI; Martín Gerardo García Romero, Ecosistemas y Medio Ambiente Sierra Madre S.C.; Juan Carlos Segura, titular de la Profepa en Chihuahua, y Luis Pérez, segundo siríame Bosques de San Elías Repechique.
En la primera ronda los participantes ofrecieron un análisis preliminar de la situación, en la que Citlali Quintana expuso que en el entramado de la Sierra Tarahumara considera una constante de un racismo que invisibiliza a sus habitantes, en una violencia de afectaciones medioambientales que repercuten seriamente en sus habitantes.
Mencionó que la crisis climática es mundial, pero en zonas como la Sierra Tarahumara con personas que han sido vulneradas y saqueadas en sus recursos se vuelve en una situación de mucha pobreza.
“Las personas que en algún momento en la Sierra Tarahumara han decidido hablar o denunciar o hacer algo en la defensa de sus recursos han sido calladas, asesinadas, lo cual provoca en los habitantes que no queramos hablar de esto, que no queramos denunciar, que cuando se denuncia no pase nada por parte de las autoridades y estamos inmovilizados, por eso es importante en estos foros hablar de que estamos devastando la sierra, con la tala ilegal, o acciones legales, como la explotación del bosque y la explotación minera, que son un foco importante”, expresó.
Citlatli expuso además de la falta de consulta para megaproyectos como corredores mineros, el acaparamiento de agua, la tala ilegal, la falta de agua, la falta de atención a la denuncia, existe el miedo social.
En su primera participación, Juan Carlos Segura, de Profepa, dijo que para la procuraduría, lo primordial es la atención a la denuncia, y dar una atención inmediata, para lo que se trabaja interinstitucionalmente con Gobierno del Estado, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional, para inhibir la tala clandestina.
“Estamos promocionando algunos comités de vigilancia ambiental participativa, que ayudan con su denuncia, para empezar con las inspecciones necesarias para poder contribuir en inhibir la tala clandestina. Hay recursos por parte de instituciones federales, como Conafor, que pueden ser trabajos de conservación, en este caso, para la sequía, cuando venga la cosecha de agua, hacer trabajos como brechas cortafuegos, en eso estamos trabajando con otras instituciones”, compartió.
Luis Pérez, quien dio voz a las comunidades indígenas, señaló que los habitantes de la sierra viven en una crisis social por causas ajenas a la comunidad rarámuri.
“Existe el despojo histórico que ha causado el desplazamiento de algunas personas, la tala ilegal y la permitida, la destrucción de materiales como piedra, ya no hay mucha tierra que se quede para que la vida siga surgiendo, para las plantas y árboles, hay escasez de agua, y eso provoca la inhibición de las especies, la contaminación del agua, de los riegos, incluso del monte. Ha causado que algunos animales mueran por consumir algún plástico, he visto tres o cuatro animales muertos, porque no pueden hacer sus heces fecales, y la imposición de proyectos que van en cuatrimotos o razer que causan inquietud en las comunidades que no saben por qué hay tanto turismo, cómo vivir o estar tranquilos, eso ha causado tristeza, desconfianza y un estado de indefensión, porque no conocen de dónde vienen las personas o cosas que inquietan a la comunidad rarámuri”, dijo, al tiempo que acotó que en el caso de los incendios, hay desaparición de las especies.
En la participación de Martín García, explicó la escalada de afectaciones, desde los años ochenta hasta la actualidad; con un retroceso a lo largo de los años. “En los noventa se empezó a ver clandestinaje en San Juanito y en general en todo el estado; en esos años había forma de denunciar, respuestas más contundentes, se podía detener, había denuncia”, aseveró.
Acotó que en los últimos años la tala se mezcló con el crimen organizado y la gente que habita la sierra fueron amenazados y también el ecosistema entró en un proceso de degradación, como la disminución de producción de servicios ambientales que generan los bosques.
En la segunda ronda se abordó el tema de la tala ilegal y grupos de crimen organizado, Citlali reiteró el miedo social que se vive por las muertes de personas que no quisieron entrar a la cadena de desvalor y comercialización de la madera ilegal, y señaló el reto de visibilizar a las personas que compran, es decir, quién se beneficia al final de la cadena, quiénes son los empresarios o políticos que han permitido llegar a esa situación.
Juan Carlos Segura reconoció que las personas muchas veces no quieren poner la denuncia por temor, por represalias, pues está muy fuerte la inseguridad en la sierra. Sin embargo, les invitó a continuar denunciando de manera anónima, para realizar investigaciones e inspecciones protegiendo a los denunciantes.
Por su parte, Luis Pérez expresó que la ausencia del respeto a los pueblos originarios ha dejado expuesto al desplazamiento por la inseguridad, es algo que ha sucedido históricamente, por muchas otras causas. También refirió que han visto a esos desplazados alejarse de su comunidad y llegar a las ciudades, donde se dedican a la mendicidad y a la drogadicción.
Además, subrayó que en el sistema de justicia tradicional no hay forma de lograr un acuerdo interno por causas ajenas a la comunidad, porque se les pide a una autoridad externa o a grupos armados, esto causa la desconfianza y el estado de indefensión.
La autoridad tradicional está expuesta a varias cosas que no se puede solucionar de manera interna, si denuncia hay muertes, hemos oído que han matado a personas que han defendido al bosque, en San Juanito, Coloradas de la Virgen en Guadalupe y Calvo y otras que no se mencionandijo.
Martín García aportó que no hay una procuración de justicia que dé seguridad a la gente, “no está en la organización de la gente, ya muchos esfuerzos han hecho, han levantado la voz, se han puesto las denuncias, pero esto ya no está fluyendo en este momento y es por la desconfianza, esto no quiere decir que no debamos seguir levantando la mano, por las cuestiones de inseguridad, pero realmente la procuración de justicia por parte del gobierno, ya necesitamos una respuesta que mantendría activas a todas estas organizaciones para seguir adelante”.
En la ronda de Garantía de derechos de pueblos indígenas, Citlali Quintana expresó que la autodeterminación y la gobernanza sobre los territorios del medioambiente de los pueblos es algo muy lejano, y está dependiendo mucho de la lucha que los pueblos den, de lo que se organicen y consigan en este ámbito.
Juan Carlos Segura respondió que lo que se hace en este tema es tener mucha comunicación con otras dependencias, como los programas de manejo forestal, están consensados con las asambleas, y autorizados por la Semarnat.
Luis Pérez demandó que se cumplan las leyes y se garantice el derecho, porque cualquier funcionario está obligado a garantizar los derechos de los pueblos originarios. Además, destacó la lucha que han dado como comunidad, en la que se han organizado para proteger el bosque, como la gestión de amparos para detener la tala legal e ilegal.
Martín García propuso que se capacite a las comunidades en la cultura de autogestión, para que sea un proceso de abajo hacia arriba, en la toma de decisiones, para que se imponga la mayoría.
Para concluir, Citlali Quintana invitó a todas las personas a firmar la petición de un audiencia pública el 15 de junio, cuya liga se encuentra en la página de la asociación, además de la de Contec, a través de la cual, con cada firma se enviará un correo a las autoridades encargadas de la protección y medioambiente, estatales y federales, para hacerles saber que hay personas interesadas en que hagan algo, se coordinen más eficientemente.
La propuesta incluye ocho puntos básicos, en los que las autoridades tendrían que brindar información, comprometerse y dar acciones puntuales.
Juan Carlos Segura finalizó con el compromiso de seguir atentos y dar prioridad a toda la problemática que hay en la sierra en cuestión de delitos ambientales, es prioritario para inhibir los delitos y vamos a seguir atentos a cualquier denuncia, darle seguimiento con las autoridades policiacas, para que también se lleven a cabo las investigaciones por parte de ellos.
Luis Pérez invitó a que se garantice y respete la legislación para las comunidades indígenas, “y que nos tomen en cuenta, que somos personas valiosas que podamos aportar a la sociedad, cosas justas e interesantes, quizá podemos mejorar algunas prácticas tradicionales con nuestro conocimiento”, manifestó.
Finalmente, Martín García exhortó a incidir en la cultura forestal de todos los habitantes de la Sierra Tarahumara, para los procesos de autogestión, partir de una organización de llevar el manejo de recursos naturales, empezando por un ordenamiento territorial para el uso múltiple del ecosistema, recursos hídricos, captura de carbono, madera, biodiversidad, para llevarlo a una fase de certificación de manejo, para que finalmente, los apoyos económicos que se viertan se hagan procesos productivos, y que la gente sea productora de su propia riqueza en función de esta organización.
Fuente: El Heraldo de Chihuahua
