El Senado de la República aprobó nuevas regulaciones para la producción, venta y uso recreativo de la marihuana y sus subproductos. En la práctica es una “regulación del consumo lúdico” de la marihuana, y que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados.
La iglesia, como integrante de la sociedad civil, pide al Congreso de la Unión “que se realice un análisis integral que modifique la iniciativa de modo que se privilegie la salud y la seguridad públicas, y se atienda al bienestar de los ciudadanos y de las familias que se ven afectados por estas y otras sustancias”.
Esta legalización abandona la política de proteger la salud y el bienestar de las mayorías para satisfacer los intereses de una parte de la población, sin importar la afectación que se pueda causar.
Ante esta aprobación se señalan varias reflexiones:
La Encuesta Nacional de Adicciones 2016-2017 en México muestra que la edad de inicio de consumo de drogas en hombres es a los 17 años y en mujeres, los 18, y de las personas que ya reconocen tener una dependencia, sólo 20 por ciento acude a tratamiento.
La encuesta revela que la marihuana es la principal droga ilegal probada y consumida con una prevalencia de consumo de 14 por ciento en hombres que alguna vez la han utilizado y 3 por ciento en mujeres.
Jalisco es el estado con mayor consumo de drogas ilegales, ya que 15 por ciento de sus habitantes de 12 a 65 años han consumido alguna mínimamente en una ocasión, seguido por Quintana Roo, con 14 por ciento, y Baja California, con 13, mientras que el promedio nacional es de 9 por ciento.
Por el precario sistema de salud en México no se tiene capacidad instalada para atender las adicciones. Si el paquete legislativo no viene acompañado de una política de seguimiento a las adicciones en niños y adolescentes, traerá consecuencias graves para la juventud.
Para los impulsores de la legalización de la marihuana para su uso lúdico, la prohibición desde hace 100 años no se basó en evidencia científica y provocó más daño que beneficio y, sobre todo, argumentan, redujo el espacio de libertad personal de los ciudadanos.
Posibilitó el surgimiento de grandes empresas criminales y condenó a muchas comunidades a vivir en la ilegalidad y la violencia, creando una fuente enorme de corrupción y estigmatización de los usuarios que dio como resultado la exclusión social y el pánico moral.
Las nuevas realidades a las que nos enfrentaremos por la despenalización de la cannabis son las siguientes:
La salud y el interés común dejan de constituir un bien prioritario, ya que “importaron más los reclamos de libertad sin responsabilidad de algunos pocos, por encima del bien general de la salud”.
Se observa una política de Estado que ignora al débil y descarta a quienes deberían ser más protegidos. Una cultura de la muerte que golpea el corazón del pueblo al legalizar “a pesar de sus efectos nocivos en las personas y las familias”.
Es necesaria una postura responsable ante esta legalización, ya que la narcotización de los ciudadanos inicia invitándolos a convertirse en productores y consumidores. Se está en la disyuntiva creada por el Estado de ser consumidor del cannabis que destruye la salud o de tener una oportunidad de negocio poniendo en riesgo a los ciudadanos.
El papa Francisco insiste: “No es la liberalización del consumo de drogas lo que reduce la propagación y la influencia de esta dependencia; es preciso afrontar los problemas que están en la base de su uso, promoviendo una mayor justicia, educando a los jóvenes, acompañando a los necesitados y dando esperanza en el futuro, no muerte”.
Fuente: ROMÁN RAMÍREZ CARRILLO
